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La decisión del Ministerio Público se fundamentó en que los esposos González Arana y Noguera Pardey obtuvieron un incremento patrimonial injustificado y presentaron inconsistencias en los formularios de declaración jurada de bienes y rentas. Ese incremento de los servidores públicos se dio, en el caso del Contralor, entre febrero de 2004 y septiembre de 2006. Y, en el caso de la asesora, entre el 10 de mayo de 2005 y el 30 de septiembre de 2006. El valor del incremento fue de $1.910 millones de pesos.
La investigación preliminar en contra de los ex funcionarios tuvo su inicio a partir de las informaciones publicadas en los medios acerca de la adquisición de tres apartamentos ubicados en Miami. Pero el ex contralor le dijo a los medios y a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales que esos bienes eran una inversión de un grupo de amigos lograda a través de créditos bancarios. González Arana y su esposa aportaron documentos de propiedad de bienes en Colombia y Estados Unidos, pero los papeles extranjeros fueron descartados por no contar con las formalidades que exige la ley.
Con fundamento en el material probatorio, la Procuraduría encontró demostrado el incremento. Las irregularidades, la diferencia en las fuentes de recursos y el comparativo entre la plata que se manejó.
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