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El Ministerio Público sancionó con destitución e inhabilidad en el ejercicio de funciones a los ex gerentes de la Caja de Previsión Social, Cajanal, Julia Gladis Rodríguez de Alemán y Augusto Moreno Barriga, por desatender órdenes de la Corte Constitucional encaminadas a evacuar rápidamente las numerosas reclamaciones de los usuarios.
Pese a los alegatos de la defensa referentes a la imposibilidad de los ex funcionarios de ponerse al corriente de los crecientes problemas que aquejaban a la entidad hoy liquidada, el procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado, Fernando Brito, consideró que los disciplinados desatendieron sus obligaciones como servidores del Estado, en esta materia.
Más de 200 mil derechos de petición se encontraban sin ser resueltos desde 1966, según lo recordó el organismo de control, y de ahí la obligación de los funcionarios de ponerse al corriente de las órdenes elevadas por la Corte, que declaró el estado de cosas inconstitucional existente en este sentido.
Para Fernando Brito, el hecho de que Cajanal afrontara una situación de creciente problemática no era excusa valedera para dejar de atender los señalamientos de este alto tribunal.