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El Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares (CGJ2) tiene claro cómo opera el brazo terrorista de Hezbolá en Colombia y la frontera con Venezuela. Así lo muestran documentos del Comando General de las Fuerzas Militares filtrados por el colectivo de de hackers conocido como Guacamaya. El Espectador tuvo acceso a los archivos a través de la organización Forbidden Stories, un consorcio de periodistas radicado en Francia que continúa el trabajo de periodistas amenazados o asesinados. Esos archivos, rotulados como “secretos” y fechados entre marzo y diciembre de 2021, hacen énfasis en que la presencia de una red terrorista en la región es un riesgo latente desde hace varias décadas y que no es un “problema lejano”.
El CGJ2 del Comando General prendió sus alarmas en 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos se metió en asuntos delicados de seguridad nacional. La autoridad norteamericana acusó al exmiembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, Adel El Zabayar (de nacionalidad siriovenezolana), de presuntamente hacer parte de una red de narcoterrorismo. El Departamento de Justicia agregó que de esa alianza también hicieron parte; el cartel de los Soles -conformado altos líderes del gobierno de Nicolás Maduro-; disidencias de las FARC; carteles mexicanos; los gobiernos de Irán y Siria; y el brazo armado Hezbolá. Tras esa acusación, el político chavista señaló que todo era mentira y que se pretendía satanizar a esa organización política “que ejerce sus derechos como cualquier otra en el mundo”, señaló el político venezolano.
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Dentro de los documentos de la inteligencia militar se explica que el vínculo entre Venezuela y el Líbano, país donde nació Hezbolá, data desde finales del siglo 19, cuando hubo una masiva migración tras la ocupación del imperio Otomano a ese país. La más reciente migración de población libanesa a territorio venezolano se dio en los años 70, durante la guerra civil libanesa. “Esta histórica ruta a Venezuela fue explotada por Hezbolá para construir redes de apoyo. Empresarios, abogados y otros ayudan a lavar fondos ilícitos para Hezbolá, los cuales se utilizan para promover sus operaciones terroristas. Muchos de los clanes están asimilados dentro del Estado y la sociedad venezolanos a través de robustas comunidades libanesas que se extienden hasta Colombia”, dice el documento de inteligencia militar.
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Los clanes
El CGJ2 del Comando General tiene claro cuáles serían las familias que se presentan como enlaces del brazo armado de Hezbolá en Venezuela y Colombia. El primero de ellos es liderado por los hermanos Ali y Kasem Mohamad Saleh, quienes fueron señalados por las autoridades colombianas y de Estados Unidos de hacer parte, junto a la Oficina de Envigado, de una red que enviaba cocaína a EE. UU. desde Maicao, en La Guajira. Incluso, el primero de ellos era el representante político de Hezbolá en esta zona de Colombia. De acuerdo con los documentos de inteligencia, el clan vivió en Colombia hasta 2012 y la última vez que fueron vistos, fue en 2020 en Maracaibo, donde se presume aún viven desde que fueron vinculados en Colombia con la temida oficina sicarial de Medellín y el Valle de Aburrá.
El segundo clan está liderado por los hermanos Ghazi y Abdallah Nassareddine, quienes, de acuerdo con el Comando General, fungen como “facilitadores” entre los altos mandos de Hezbolá y la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos, el exministro del Interior Tareck El Aissami (también de origen siriolibanés) y Hugo el Pollo Carvajal, exjefe de contrainteligencia militar venezolano. “Los Nassareddine garantizan el intercambio de cocaína por armas con las FARC. En 2014, un avión de carga libanés lleno de armas arribó al hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía. Las armas eran un pago parcial por la cocaína que las FARC proporcionaron al régimen de Maduro y fueron trasladadas a una base militar en Guárico, Venezuela”, señala la inteligencia colombiana.
El último clan que estaría fuertemente asociado con el aparato terrorista de Hezbolá está liderado por Abdala Rada Ramel y Amel Akil Rada, quienes de acuerdo con inteligencia militar tienen un vínculo estrecho con Salman Raouf Salman, encargado de las redes de Hezbolá en Latinoamérica y acusado por Estados Unidos de participar en varios hechos terroristas como el de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y el de la Embajada de Israel en Argentina, perpetrados en 1994 y 1992, respectivamente. La inteligencia también dice que los hermanos son sospechosos de dirigir una red de tráfico de cocaína y contrabando desde Maicao a Cartagena y también de tener empresas panameñas de exportación de textiles a Colombia, las cuales serían usadas para apoyar acciones de Hezbolá.
Según los documentos del Comando General, la célula armada de Hezbolá que perpetró el ataque a la AMIA partió de Líbano a Colombia para luego viajar a la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, donde está otro fortín de la comunidad siriolibanesa. De esa red terrorista hizo parte el colombiano Samuel Salman El Reda, señalado por el fiscal argentino Alberto Nisman de ser el planificador del ataque que dejó 85 muertos. De acuerdo con la inteligencia militar, El Reda vivió en La Guajira hasta 2002, cuando la Interpol empezó a buscarlo por su posible participación en el atentado de la AMIA. Incluso, días antes de su asesinato el fiscal Nisman dijo que El Reda era la mano derecha de Moshen Rabbani, quien era el consejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires y señalado como cerebro del acto terrorista.
Lucha contra el lavado de activos
Luego de identificar estos posibles riesgos, la inteligencia militar hizo una serie de recomendaciones para reforzar la lucha contra el terrorismo transnacional. Principalmente, dice CGJ2, es clave fortalecer la inteligencia de las unidades de inteligencia financiera (UIF), pues son el centro neurálgico de la capacidad de un gobierno para recopilar, analizar e informar sobre actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero, la corrupción, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros. “Las UIF han desempeñado un papel enorme para ayudar a cerrar las redes financieras ilícitas de Hezbolá y sus simpatizantes. En ausencia de una legislación antiterrorista adecuada en América Latina, las UIF han establecido muchos mecanismos para cooperar contra el financiamiento del terrorismo”, señalan los documentos filtrados.
Esta cooperación de las UIF en América, dice la inteligencia militar, debe extenderse a los Estados del Golfo en Medio Oriente, es decir, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahrein, Kuwait y Omán, que supervisan las jurisdicciones de lavado de dinero conocidas de manera amplia y constante por parte de Hezbolá. Además, sugiere que la Organización de Estados Americano (OEA) podría crear un grupo de trabajo que se especialice en la identificación de puntos de confluencia donde opera el brazo armado de Hezbolá y de otras redes de crimen en América Latina y el Caribe. Sin embargo, los documentos filtrados no dan cuenta de que se haya adelantado de manera conjunta alguna acción para prevenir este tipo de acciones de lavado de activos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
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