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El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la interventora de DMG, María Mercedes Perry, pagar los aportes a seguridad social de una ex trabajadora de Transval Ltda., empresa encargada de transportar las firmas que avalaron el referendo que busca la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Luego de presentar una tutela, la decisión favoreció a Larithtze Delaney Pérez Marín, quien solicitó que le fueran amparados sus derechos a la vida, a la seguridad social y a la salud debido a que se encontraba en estado de embarazo. La ex trabajadora fue una de las afectadas con el cierre de la firma que fue intervenida por el Gobierno en noviembre del año pasado. Desde ese momento en adelante la agente interventora dejó de pagar los aportes a seguridad social, situación que, en su caso, revocó el Tribunal Superior.
Además, ordenó que los aportes a seguridad social de Pérez Marín deberán hacerse hasta que el niño cumpla un año de edad. La decisión deja la puerta abierta para que por esa vía otros ex trabajadores reclamen ese derecho.
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