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El cineasta Mauricio Lezama fue asesinado en Arauquita, Arauca, en mayo de 2019. En una de esas coincidencias que se dan en las regiones más golpeadas por la guerra, el comunicador fue baleado mientras trabajaba en un documental sobre la violencia en los ochentas en el departamento. No obstante, para la Fiscalía, entre las hipótesis no está que el homicidio esté relacionado con la actividad periodística, pues “la víctima no era periodista”. Así se lo respondió el ente investigador a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la cual contabilizó cinco asesinatos y 776 amenazas contra periodistas en el gobierno de Iván Duque.
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El caso de Lezama permite ejemplificar las diferencias de la FLIP y la Fiscalía en cuanto a la dirección de las investigaciones por asesinatos a periodistas. Además, la Fundación se ha encargado de verificar los avances de la justicia en expedientes sobre libertad de prensa, e incluso apodera a posibles víctimas de censura, perfilamiento y omisión investigativa. El presente judicial de los expedientes más controversiales durante los últimos cuatro años no es el esperado por las víctimas. El Espectador conoció cómo ha andado la justicia en esos casos y encontró que se cocinan a fuego lento tanto en Procuraduría como Fiscalía.
Las “carpetas secretas” siguen secretas
En el primer semestre de 2020 se reveló un escándalo que posicionaría al Ejército al mismo nivel del DAS, extinta institución reseñada en sentencias judiciales por perfilar y escudriñar en información personal de grupos específicos. El caso de “las carpetas secretas”, publicado por Semana, que daría cuenta de la persecución de la mismísima inteligencia y contrainteligencia del Ejército a decenas de periodistas y particulares. Aunque la Procuraduría llevó a 13 militares, entre ellos un mayor general, a juicio disciplinario y la cartera de Defensa los apartó del cargo, en mayo de 2020, desde entonces no hay avances penales, ni disciplinarios.
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“Lo que ha alegado la Fiscalía es que dentro de la investigación reposa información que es de seguridad nacional, dado que está relacionada con acciones de inteligencia y contrainteligencia. Y como esta información está bajo reserva, la Fiscalía no nos permite acceso a estos expedientes. Esto viola el ejercicio activo de la participación de las víctimas”, señala la abogada Angela Caro, representante de la FLIP y apoderada del portal Rutas del Conflicto. Lo único que se sabe, según Caro, es que la Fiscalía sigue analizando las 400 teras de información recogidas en los allanamientos ordenados por la Corte Suprema.
Luego de ello, la Fiscalía podría determinar los delitos por los cuales podrían ser imputados los militares. “Lo que quieren saber los periodistas es por qué los perfilaron. ¿Por qué el trabajo de los periodistas era de tanto interés para el Ejército?”, agrega. En el juicio disciplinario iniciado por la Procuraduría, que cumplió más de dos años, se lee que los militares indagaron en el más mínimo detalle de los periodistas e, incluso, diseñaron la rede de contactos de cada uno. Tal es el caso de Nicholas Casey, periodista de The New York Times, quien tuvo que salir de Colombia luego de publicar que, a los comandantes del Ejército, en 2019, se les habría ordenado “lanzar operaciones con un 60-70 por ciento de credibilidad y exactitud”.
“Matamos la producción”
El 6 de diciembre de 2018, el exgerente de RTVC, Juan Pablo Bieri, ordenó “matar la producción” de Los Puros Criollos, a raíz de las opiniones del presentador Santiago Rivas contra el gobierno de Iván Duque. Desde entonces, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al funcionario público, en auto de octubre de 2020. La FLIP asegura que la Procuraduría no le entrega información sobre avances, dado que el proceso se desarrolla bajo reserva. Por ahora, está claro que la Procuraduría tendrá en cuenta la grabación de Diana Díaz, exdirectora de Señal Colombia, quien asistió a la reunión en la que Bieri censuró el programa cultural.
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Además, la Procuraduría calificó las presuntas faltas de Bieri incluso como gravísimas. Esto significa que podría ser destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos, como el que le ofreció la Presidencia una vez salió de RTVC en 2019: la entidad lo contrató por $468 millones para asesorar las comunicaciones por 25 meses. Recientemente, la Corte Constitucional le ordenó a Bieri retractar sus falsas acusaciones contra la FLIP, de la cual dijo que incurrió en calumnias e injurias por defender a Rivas y a Diaz. La Fundación inició un proceso de desacato en su contra, dado que a la fecha no ha publicado excusas.
Una salida amistosa
En julio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió para su estudio la falta de diligencia en la investigación por el asesinato de los periodistas Julio Chaparro y Jorge Torres, asesinados en 1991. Ambos, cronistas, fotógrafos y poetas de El Espectador, fueron asesinados a tiros mientras trabajaban en la serie “Lo que la violencia se llevó”, que daría detalles de la masacre de Segovia (Antioquia). Esta fue perpetrada por paramilitares tres años antes, quienes asesinaron a más de 40 personas, al parecer con participación del Estado. 30 años después, no hay una sola condena contra los responsables.
En video: Lo que la violencia se llevó: 30 años del asesinato de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres Navas
De hecho, recién en 2018 la Fiscalía declaró el crimen de guerra, por lo cual está obligada a investigarlo a perpetuidad. Sin embargo, el ente investigador no lo calificó como un delito perpetrado por la condición de periodistas. En la actualidad, las familias de ambos comunicadores esperan llegar a una solución amistosa con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Con esta negociación, la FLIP espera que Colombia ofrezca disculpas por la falta de diligencia y adopte una directiva para todos los fiscales, en la cual se considere las condiciones particulares en las cuales se cometen los crímenes contra periodistas.
Los asesinatos durante los últimos cuatro años
El 13 de agosto de 2020, el periodista Abelardo Liz, de la emisora Nasa Estéreo, fue baleado en el municipio de Corinto (Cauca), mientras cubría la intervención de la Fuerza Pública a una minga por la “liberación de la madre tierra”. La manifestación tenía por objetivo recuperar tierras presuntamente despojadas a ancestros indígenas y protegerlas de los monocultivos de la industria azucarera. En medio de las confrontaciones, Liz recibió tres disparos en el pecho, al parecer de la zona donde se ubicaban uniformados del Ejército. La comunidad denunció, además, que la Fuerza Pública no dejó trasladar a Liz para que lo atendieran antes de morir.
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En una respuesta a la FLIP, la Fiscalía aseguró hace un año que “no se ha podido establecer que la posible hipótesis de los móviles esté relacionada con la labor que ejercía el señor Liz”. Además, que el Ejército argumenta que, en medio de la revuelta, disidentes de la estructura Dagoberto Ramos habrían iniciado ataques. No obstante, en un informe de pericial de la Fiscalía sobre el proyectil que se pudo recuperar en el cuerpo de Liz se explica que este corresponde a los fusiles manejados por el Ejército. En el momento, se está realizando un nuevo estudio para identificar al militar que habría disparado. La FLIP prepara una demanda contra la Nación.
En el caso de Felipe Guevara, periodista judicial del Q’hubo asesinado en diciembre de 2020 en Cali, la Fiscalía sí ha “abordado como primera hipótesis investigativa que los móviles del homicidio están relacionados con la labor periodística desarrollada”. Sin embargo, la investigación tiene un grado de hermetismo mucho más grande, dado que hasta ahora el único capturado es un joven, quien en enero de 2021 apenas tenías 16 años y quien está señalado por disparar. Lo mismo sucede con Marcos Montalvo, asesinado en septiembre y redactor de blogs sobre corrupción en Tuluá. Las autoridades capturaron a un menor de solo 15 años, quien habría sido contratado como sicario. Pero la verdad detrás de estas muertes sigue siendo un misterio, al igual que en el caso Lezama.
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