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LA F.m. conoció que el propio fiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza, ordenó una investigación especial por un posible desfalco por cerca de $5 mil millones en la oficina encargada de brindar protección a las víctimas y testigos del país.
De acuerdo con las primeras indagaciones, se trata del manejo irregular de los millonarios recursos destinados al pago de hoteles, transporte y otros servicios que se utilizan para proteger a los testigos en distintas zonas del país.
LA F.m. estableció por ejemplo, que el fraude a las arcas del programa, se estaría presentando desde el año pasado en especial con las millonarias cuentas que pagan por el alquiler de habitaciones para los testigos y sus familiares en hoteles de distintas categorías en las principales ciudades del país.
Por ejemplo, según las indagaciones, se han detectado cuentas por estadías por una o dos semanas de estas familias, cuando en realidad se hospedaron tan solo tres o cuatro días.
"Lo que es evidente es que las facturas las pasan por muchos más días, es como una especie de carrusel, donde estarían adulterando las facturas. Lo que pasa es que a los protegidos los tienen que estar cambiando de lugar y muchas noches dejan a las familias en casas u otros sitios que ya están asignados para el programa, pero para quedarse con los dineros pasan las jugosas cuentas como si los hubieran dejado en hoteles", explicó un investigador a LA F.m.
Pero como si esto fuera poco, las verificaciones han revelado que al parecer se estarían presentando numerosos sobrecostos en las cuentas presentadas por los hoteles.
"Se tiene información de que algunos funcionarios del programa habrían realizado el fraude con la posible participación de algunos de los empleados y administradores hoteleros. Estarían incurriendo además del fraude en falsedad en documento", explicó el investigador.
Estas irregularidades también se estarían presentando en los gastos por los continuos desplazamientos que los funcionarios del programa deben hacer dentro y fuera de las principales ciudades con los testigos y sus familiares.
De acuerdo con las cifras oficiales de la fiscalía, en el año 2008, fueron incluidas en el programa 1.445 personas, entre ellas 632 menores, y durante el primer trimestre de este año ingresaron 407 personas.
El grupo especial encargado de esta investigación inició un rastreo general al manejo de los recursos y gastos reservados que fueron asignados a este programa. También lo harán con las contrataciones que ha hecho este departamento en los últimos meses.
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