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Una base rectangular con una superficie de 90 metros cuadrados, una cocina cerrada y espacios amplios. Estos detalles, que parecen la promoción de una nueva casa, son los mismos que la Alcaldía de Orocué (Casanare) le prometió a 60 familias vulnerables del municipio en 2019, bajo la administración del entonces alcalde, Anderson Bernal Tello. La promesa se quedó en palabras y las viviendas nunca llegaron. Al menos no para quienes debían recibirlas. Las denuncias no tardaron y, cuatro años después, los procesos no tienen mayor avance. Ahora, el exalcalde busca repetir mandato en las elecciones del 29 de octubre y va punteando en la intención de voto, todavía con las alertas por presunta corrupción encendidas.
Las irregularidades arrancaron cuando la Alcaldía anunció el proyecto “Vivienda en sitio propio”, una iniciativa de subsidios de vivienda que pretendía entregar más de $45 millones por núcleo familiar para la construcción de casas. La Contraloría, luego de recibir una denuncia de una persona que debía recibir la ayuda y se quedó esperándola, le puso la lupa al asunto y, en 2022, emitió un informe de fondo en el que detectó conductas de posible corrupción fiscal con incidencias disciplinarias y penales. El primer hallazgo alertó que había inconsistencias directamente en las obras, pero también líos con los pagos a los contratistas que eligió la Alcaldía del hoy candidato Bernal Tello.
En su informe, la Contraloría encontró que la administración municipal nunca hizo una licitación pública, un requisito para este tipo de proyectos, sino que eligió a una sola persona, Celedonia Barrios Ramírez, para que recibiera el dinero de los subsidios y ella, a su vez, contrató directamente con las personas que debían recibir esas sumas. El ente fiscal aseguró que no existió ningún sustento jurídico para que la Alcaldía de Orocué optara por ese modelo de contratación y mucho menos que solo Barrios Ramírez recibiera $2.727 millones, no solo porque no hubo licitación, sino porque la Alcaldía nunca certificó que fuera una persona idónea para la construcción de viviendas.
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A esto se suman problemas por materiales de construcción defectuosos, que no se pactaron pólizas que cubrieran los posibles incumplimientos de la contratista y que las actas de recibo final “no reflejan los nombres de los beneficiarios a los que se les recibe las viviendas ni los valores por vivienda pagada o pendientes por pagar”, dice la Contraloría. Con una particularidad más: las actas presentadas por la contratista, ni tenían las cantidades ejecutadas, ni las pendientes, ni los valores que se ejecutaron, ni un balance financiero para determinar en qué se invirtieron los más de $2.000 millones que recibió la contratista, con el aval de toda la Alcaldía de Bernal Tello que, de paso, dice la Contraloría, no movió un dedo para ponerle orden al problema.
En el documento del ente de control, conocido por El Espectador, la entidad señala que se podría estar hablando de un posible prevaricato por omisión por parte de los servidores públicos encargados de la supervisión del proyecto, incluyendo al exalcalde y hoy candidato. La investigación, entonces, fue trasladada a la Procuraduría y a la Fiscalía para continuar las observaciones disciplinarias y penales. Ambas investigaciones siguen activas, pero sin mayores resultados. Consultada por este diario, Celedonia Barrios Ramírez contestó que respondería a las preguntas en compañía de su abogado. Sin embargo, nunca volvió a contestar las llamadas de este medio.
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¿Quién se quedó con los subsidios?
Otro de los hallazgos de la Contraloría apunta a una presunta entrega de subsidios sin cumplimiento de requisitos legales. ¿Por qué? En resumidas cuentas, porque de los 60 beneficiarios, 33 habrían recibido el subsidio sin cumplir uno de los requisitos principales: tener certificado del Sisbén de más de cinco años. Según las pesquisas, cuatro beneficiarios no contaban con ese recurso, mientras que 29 no tenían la antigüedad requerida para acceder al subsidio. Aun así lo obtuvieron. Otro de los casos que alertó la entidad fue el de un beneficiario quien fue representante legal de Gecons SAS, la empresa contratada para hacer interventoría al proyecto, que terminó recibiendo uno de los subsidios.
“Esto podría representar un presunto detrimento patrimonial por más de $1.500 millones”, explicó el organismo de control fiscal, quien aclaró que las presuntas responsabilidades no solo se atañen a la administración de Bernal Tello, sino que su sucesor, Monchy Yobany Moreno, también tendría que dar explicaciones a las autoridades. Para la Contraloría, es claro que los subsidios de vivienda se siguieron entregando después de la salida de Bernal Tello y el nuevo alcalde tendría que responder a la pregunta de quién se quedó con ese dinero público y en qué realmente se ejecutó. El problema de esa respuesta, dicen fuentes de Orocué que conocen la minucia política, es que Anderson Bernal y Monchy Moreno son viejos conocidos.
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Varias personas consultadas por este diario, que pidieron anonimato por seguridad, explicaron que entre ambos han apoyado sus campañas para llegar a la Alcaldía del municipio, al menos desde 2016 (cuando Bernal Tello llegó por primera vez a la administración municipal). Al ser contactado por este diario, el exalcalde y actual candidato por la coalición “Orocué potencia de gestión y progreso” explicó que, para 2019, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Vivienda actualizaron la plataforma del Sisbén, por lo que la información anterior “desapareció” y fue necesario hacer una nueva encuesta, que fue la utilizada por la Alcaldía para entregar los subsidios. Por eso mismo, anotó, “nunca se presentó ninguna irregularidad”.
Aseguró, además, que hubo algunos predios que no se entregaron cuando él terminó su gestión en 2019, pero, en el comité de empalme, se dejó la hoja de ruta al alcalde electo para continuar con el proceso de entrega. “En el acta de planeación municipal están los compromisos y los proyectos que quedaron en ejecución. Las administraciones no son de nombre, son de proyectos y planes de desarrollo. Por eso es una responsabilidad del gobierno que entró en ese momento y quien gestionó los recursos tras mi salida de la alcaldía”, agregó el candidato, quien en las reuniones de campaña posa con los logos de los partidos Liberal, de la U y Centro Democrático.
No obstante, las alertas de la Contraloría todavía siguen vigentes, pues las investigaciones de la Fiscalía y Procuraduría siguen sin dar resultados. Mientras avanza su campaña por repetir Alcaldía en Orocué, al parecer con el visto bueno a la sombra del hoy alcalde Monchy Yobany Moreno, las familias más vulnerables del municipio todavía esperan esa base rectangular con una superficie de 90 metros cuadrados, la cocina cerrada y los espacios amplios, y que alguien les conteste qué pasó con el dinero de los subsidios que, al parecer, lleva embolatado más de cuatro años.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
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