Iván Moreno, al banquillo

En el anuncio de la Procuraduría quedó claro que el senador Moreno presuntamente se aprovechó de su condición de legislador y de hermano del alcalde, Samuel Moreno Rojas, para pedirles a los contratistas Miguel y Guido Nule que le entregaran áreas de uso exclusivo de la concesión vial Bogotá-Girardot con el fin de colocar estaciones de gasolina que favorecieran a su familia. En el auto de citación contra el senador se advirtió que la falta por la cual se realizará la audiencia es gravísima a título de dolo.

De igual modo, en el auto de cargos contra Iván Moreno queda de manifiesto que el dirigente político también tendrá que explicarle a la Procuraduría si a través del abogado Álvaro Dávila, como ha trascendido ante la opinión pública, él les solicitó a Miguel, Manuel y Guido Nule una comisión del 6% para interceder en la adjudicación de una licitación pública que estaba relacionada con obras y actividades para el desarrollo de la malla vial del Distrito Capital.

Los cargos por los cuales tendrá que responder el senador Moreno quedaron documentados en una declaración formulada por Miguel Nule en Panamá el pasado 8 de noviembre, cuando el polémico empresario compareció ante el procurador auxiliar para asuntos disciplinarios, Juan Carlos Novoa, y el abogado asesor de la Procuraduría Gustavo Castro. En dicha diligencia, Nule se despachó contra el senador Iván Moreno Rojas.

Específicamente, Miguel Nule sostuvo que en Estados Unidos, y por intermedio del abogado Álvaro Dávila, en un desayuno se presentó Iván Moreno y de manera directa les hizo la solicitud. Que le asignaran las áreas de uso exclusivo de la concesión Bogotá- Girardot para colocar estaciones de gasolina, porque ese era el negocio de su esposa, Lucy de Moreno. Nule agregó que en ese momento le dijo a Moreno que debía consultar con los otros socios porque no eran los únicos dueños de la concesión vial.

Y después dijo que hubo tres reuniones más. Una en casa del abogado Dávila en Bogotá, una segunda en un apartamento del mismo dueño, y la tercera en la residencia del senador Moreno ubicada en el barrio Teusaquillo. Según Miguel Nule, en todos los encuentros Moreno Rojas insistió en la entrega de las áreas de la concesión. Al final, los socios de Nule se negaron rotundamente a la exigencia y Nule decidió firmar un contrato a título gratuito en el tramo que le correspondía entre Bogotá y Fusagasugá.

Sin embargo, declaró Nule, esa decisión no satisfizo a Iván Moreno, quien supuestamente le hizo saber a través del abogado Álvaro Dávila que se iba a dañar la relación. Y de acuerdo con el declarante, para esa época, 2009, con el abogado Álvaro Dávila ya se había hecho un contrato de asesoría que correspondía a las pretensiones del 6% sobre el valor total a adjudicar de las licitaciones de malla vial y el 2% para el contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, hoy destituido por la Procuraduría.

En la misma declaración, Miguel Nule aseveró una y otra vez que el abogado Álvaro Dávila representaba los intereses del contralor Moralesrussi y de los hermanos Iván y Samuel Moreno. Supuestamente, el 6% era para los Moreno y el 2% era para el contralor distrital. Sobre estos aspectos es que tendrá que explicar su conducta el senador del Polo, Iván Moreno Rojas, durante el proceso verbal disciplinario que tendrá lugar en la Procuraduría General de la Nación.

El procedimiento jurídico será el mismo que se adelantó con el contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi y el senador del Partido Liberal, Germán Olano, quienes después de comparecer en proceso verbal disciplinario, al término de dos semanas, fueron destituidos de sus cargos e inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas durante 20 y 12 años, respectivamente. Es decir, en audiencia pública, de cara al país y con trasmisión en vivo a través de internet.

Cara a cara con los Nule

Al conocer la citación del procurador, el senador Iván Moreno le pidió al procurador Ordóñez que garantice la presencia física de los Nule en la audiencia del viernes “para confrontarlos”, al tiempo que aseguró que sus acusadores orquestaron una venganza en respuesta a las medidas tomadas contra ellos por la Alcaldía, para “recuperar los recursos públicos dilapidados” por los empresarios. Insinuó que el procurador desconoce en su caso el derecho al debido proceso, al citarlo a una audiencia sin haber practicado unas pruebas solicitadas por su abogado y sin las cuales no podría demostrar su inocencia.