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Con 67 años y un recorrido extenso por la rama Judicial, Iván Velásquez, exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, será el coequipero del presidente electo, Gustavo Petro, en materia de seguridad y defensa. A partir del próximo 7 de agosto liderará no solo las Fuerzas Armadas, sino también las entidades adscritas al Ministerio de Defensa. La designación del jurista, declarado acérrimo enemigo de la corrupción, fue del agrado de algunos e insatisfacción para otros. Su bagaje en el sector justicia le puede pasar factura o, por el contrario, sería la jugada perfecta para un cambio dentro de las Fuerzas Militares y la Policía.
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En los días previos a su designación Velásquez hacía parte de un equipo de organizaciones de derechos humanos que trabajaba en una propuesta de reforma a la Policía, que fuera más allá de la “transformación” policial del gobierno Duque, que cambió los uniformes y subió los salarios de los agentes. Pero antes de integrarse al equipo Petro, entre 2013 y 2019, Iván Velásquez fue comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala. Siendo procurador, en Colombia, en los años 90, consolidó la Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Procuraduría en el Valle de Aburrá, en Antioquia.
La labor que desempeñó Velásquez en Antioquia llegó a tocar los alfiles más grandes del narcotráfico y el mundo del crimen. En 1992 fue su primer encuentro con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando este era congresista y Velásquez era procurador regional. Su encuentro se llevó a cabo con el entonces alcalde de Medellín, Luis Alfredo Ramos, hoy condenado por parapolítica. La reunión buscaba una mediación con la familia del capo Pablo Escobar para que frenara el terrorismo luego de su fuga de la cárcel La Catedral. El hoy designado ministro de Defensa daba sus primeros pinos para desenmarañar lo que más adelante se llamó parapolítica.
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Durante su ejercicio en Antioquia impulsó el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos, que contó con el apoyo de la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Iglesia católica y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En 1997, fue nombrado director seccional de Fiscalías en Medellín por el entonces fiscal general Alfonso Gómez Méndez. Desde allí emprendió la lucha contra grupos paramilitares, y sus investigaciones establecieron que esta estructura ilegal movió unos $20.000 millones en pocos años, con más de cuarenta empresas fachadas, como revelaron los documentos hallados en el parqueadero Padilla, en el centro de Medellín.
Ese reconocimiento dio pie para que, años más tarde, se volviera el titular de la investigación de parapolítica. Estando en la Corte Suprema, desde 2006 hasta 2012, coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal de ese alto tribunal. Tenía la misión de indagar a los congresistas que tuvieron nexos con paramilitares. Esa iniciativa dejó un poco más de cincuenta congresistas condenados. En Guatemala, donde fue comisionado internacional, hizo lo propio. Adelantó sendas investigaciones contra funcionarios de ese gobierno. En 2018, recibió el premio Right Livelihood —conocido como el Premio Nobel Alternativo— por su labor, junto con otra comisionada, en reconocimiento a su lucha contra la corrupción e impunidad.
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El bagaje de Velásquez y su designación, a juicio de Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, es fundamental para las instituciones de defensa. De acuerdo con el experto, el nombramiento es claro y envía tres mensajes de lo que podrían ser sus prioridades: atacar la corrupción, defender los derechos humanos y no rendirle pleitesía a la Fuerza Pública. “Las Fuerzas Militares, más que un ministro de Defensa, necesitaban un zar anticorrupción, porque esa es una de las entidades más carcomidas por ese flagelo en todos los niveles. Se podría decir que las Fuerzas Militares es la institución donde más roban”, resaltó Rosanía.
Sobre su segunda hipótesis, Rosanía resalta la labor que podría emprender Velásquez para combatir la vulneración de los derechos humanos. “Históricamente, los ministros de Defensa funcionaban en la entidad para tapar las violaciones de los derechos humanos”, resaltó el experto y añadió que esa iniciativa “molestará” a los miembros de las fuerzas, puesto que, “en vez de venir a tapar las violaciones de derechos humanos, viene a investigarlas y condenarlas”. Sobre el tercer punto, Rosanía considera que era costumbre que el ministro de Defensa rindiera pleitesía a las fuerzas.
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“Velásquez va a llegar en una lógica de destapar corrupción y defender los derechos humanos. Yo creo que es muy bueno para el Estado y para la institucionalidad, pero para los militares esos posibles cambios no caerán nada bien”, resaltó Rosanía, quien explicó que no ve viable que la llegada de Velásquez al sector defensa desencadene un cambio de doctrina. “Los militares estarán en una lógica de aguantar. Es difícil hacer un cambio, porque está muy arraigado. Velásquez hará un buen papel, pero no llegará a terminar en un cambio de doctrina”, expuso y añadió que el hecho de que su experiencia laboral esté basada en la rama Judicial no quiere decir que no tendrá un buen desempeño.
Para Rosanía es claro que quienes le darán a Velásquez un punto de partida en materia de seguridad y defensa serán las personas que designe como viceministros. No obstante, para John Marulanda, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, saber cómo va a manejar un Ministerio sin conocer de táctica, estrategia y operaciones crea incertidumbres. “Nosotros, los retirados, creemos que él va a mantener, de la mano del ministro de Hacienda, nuestras asignaciones de retiro y derechos adquiridos. Nosotros sabemos cómo es que se mueven las fuerzas en el campo de batalla y sabemos que nuestras Fuerzas Militares hacen lo mejor posible para combatir amenazas internas y prevenir las externas. Nos queda la duda es si él tiene idea de lo que eso significa”, resaltó el oficial.
Aunque quedan muchas preguntas y expectativas sobre el papel que asumirá Iván Velásquez, lo cierto es que enfrentará numerosos retos. Los mensajes que envíen él y Petro en las próximas semanas permitirán entender las prioridades que le dará el Gobierno electo a la seguridad y la defensa. Temas que, si bien afectan a miles de colombianos que siguen viviendo el conflicto, no son los aspectos con los que el Pacto Histórico hizo campaña, más allá de las críticas a la respuesta del gobierno Duque a las protestas del paro nacional o de los rifirrafes del presidente electo con el saliente comandante del Ejército, el general Enrique Zapateiro.
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