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Por utilizar lenguaje descomedido en uno de los juicios por el holocausto del Palacio de Justicia, los abogados Martha Sofía Fernández Boyacá y José Edilberto Moreno Becerra, defensores de dos de los militares (r) presuntamente involucrados en la desaparición de 11 civiles, recibieron un enérgico llamado de atención por parte de la juez 51 Penal del Circuito de Bogotá, Cristina Trejos.
Para la titular del despacho, ha habido actuaciones impropias por parte de los profesionales del derecho dentro de las audiencias, y de ahí que haya expedido un auto en el que les pedía tener un mejor comportamiento, por cuanto considera que los apoderados del mayor (r) Óscar William Vásquez y de Luis Fernando Nieto Velandia han entrado en desacato y actos de rebeldía en contra de la Juez.
De persistir este tipo de comportamiento por parte de los abogados, señaló el representante de las víctimas Rafael Barrios, ambos juristas podrían ser sancionados, en virtud de las facultades disciplinantes con los que cuenta la operadora judicial.
En torno a la petición de la Fiscalía de revocarle la libertad al mayor (r) Óscar William Vásquez, por las supuestas amenazas al testigo Marlio Quintero Pastrana, la Juez Trejos determinó que mientras estudia los elementos que probarían ese tipo de actuación, el militar (r) no puede acercarse al testigo ni a sus familiares, en virtud de los supuestos hostigamientos de los que han sido víctimas.
La funcionaria judicial señaló que indagará la veracidad de las denuncias del declarante, quien fue objeto de tres ataques en los que recibió sendas quemaduras en su cuerpo; Quintero señaló que era consciente de que el Mayor (r) podría ordenar su asesinato en cualquier momento y que ha tratado de convencer a sus familiares para que declaren en su contra.
En la audiencia en la que se acopió el testimonio, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva, Huila, el asistente de la fiscal Ángela María Buitrago, José Cediel, dijo escuchar al testigo cuando hablaba de un plan para “levantar” a la representante del ente acusador. Sin embargo, al ser interrogado por su aseveración, dijo que se trataba de una estrategia, en la que incluso estaba interesado el Gobierno, para que la funcionaria fuera relevada del caso.