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Se cumple una semana más en la que tomar las declaraciones de Dairo Antonio Úsuga, más conocido como Otoniel, ha sido una tarea imposible de cumplir. El pasado jueves 10 de marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) trató de tomar su testimonio en el marco del caso sobre ejecuciones extrajudiciales, pero las condiciones en las que se encuentra, bajo la custodia de la Dijín de la Policía, hicieron imposible que los magistrados realizaran la audiencia. Ese mismo día, la JEP ordenó varias tareas para garantizar que pueda hacer su trabajo, pero días después, la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Justicia firmó una decisión todavía más contundente.
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Con ponencia del magistrado Raúl Eduardo Sánchez, la Sección ordenó una serie de medidas cautelares para garantizar la seguridad, vida e integridad de Otoniel, mientras realiza su aporte a la verdad a las diferentes entidades del sistema especial de justicia, que incluye lo que pueda contarle a la Comisión de la Verdad, a la JEP y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas como Desaparecidas. Estas medidas incluyen la protección especial para toda la información que pueda entregarle a los funcionarios y que pueda hacerlo en condiciones dignas.
En el documento de 26 páginas en el que la JEP condensó su decisión, los magistrados mencionaron una situación que hasta ahora no se había puesto en la mesa de discusión. Se trata del acuerdo de cooperación que firmó el propio presidente Iván Duque en octubre del año pasado, en el marco de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan. En ese documento, criticado por muchos, quedó claro que el gobierno nacional se comprometía, entre otras cosas, a garantizarle a la JEP el presupuesto necesario, a asegurar la protección y seguridad de todos los relacionados al sistema especial de paz y promover la plena cooperación y coordinación entra las diferentes entidades del Estado.
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Ese acuerdo se firmó para que Colombia saliera de la lista de países en observación de la CPI. Sin embargo, en ese documento también quedó plasmado una advertencia clara: la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podrá reconsiderar su decisión sobre el país si llega a ocurrir un cambio significativo, “incluyendo toda medida que pueda obstaculizar significativamente el progreso y/o la autenticidad de los procedimientos pertinentes (…) iniciativas que resulten en importantes obstrucciones al mandato y/o al funcionamiento adecuado de las jurisdicciones pertinentes”.
Para la Sala de Primera Instancia, lo que está pasando con Otoniel es una situación de extrema gravedad. “El personal de seguridad y custodia no le permitió al testigo rendir su declaración en condiciones apropiadas, es decir, de forma voluntaria, espontánea, reservada y sin condicionamientos. Esto, impide conocer la información referente al conflicto armado no internacional que este posee y, por ende, afecta el derecho a la verdad de las víctimas que concurren ante la Jurisdicción Especial para la Paz y la determinación de responsables”, se lee en el documento. En otras palabras, que el gobierno, a través de la Policía, no le está permitiendo a la JEP realizar su trabajo.
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“Además, tampoco le permite a la JEP instruir de manera oportuna, eficaz y eficientemente los casos o procesos que actualmente adelanta, afectándose de manera grave el recaudo de la prueba y el derecho a la administración de justicia”, agregó la Sala de Primera Instancia que, además, aclaró en el documento que no se trata de prescindir de los protocolos de seguridad para garantizar la seguridad de Otoniel, sino que debe respetarse también la reserva judicial dispuesta por la ley.
Además de decretar las medidas cautelares, la JEP le dio una orden clara al director de la Dijín, el general Fernando Murillo: que se abstenga de realizar “actuaciones que afecten la reserva de las diligencias judiciales con la presencia de personal uniformado o ajeno al convocado en las providencias en las salas de audiencia, y en general acciones que obstaculicen la práctica de testimonios u otras diligencias”. La orden se da luego de que, precisamente esta semana, a la diligencia programada con Otoniel asistieran personal de la fuerza pública que no estaba llamado a la audiencia. Luego de que el magistrado del caso les pidió que se retiraran, estos no lo hicieron.
La Sección de primera instancia agregó en su decisión la orden de solicitarle a diferentes entidades, como la misma Policía, al Inpec, a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para que, en cinco días, expliquen si existen o conocen de hechos que hayan puesto en riesgo la vida de Otoniel o su integridad personal mientras ha estado preso, desde octubre del año pasado, en los calabozos de la Dijín en Bogotá. En este lugar es donde la JEP y la Comisión de la Verdad han tratado de entrevistarlo, pero sus propios funcionarios han denunciado que la Dijín no les ha dado las garantías para hacerlo.
Además del episodio de esta semana, la JEP y la Comisión han enfrentado otras situaciones que les han imposibilitado escuchar a Otoniel como la ley lo requiere. En una ocasión, los miembros de la Comisión de la Verdad fueron sacados bruscamente de la celda donde se encontraban y dos días después, fueron robadas las grabadores en donde habían guardado el testimonio del capo. Sobre ese episodio, la JEP también le pidió toda la información disponible a los comisionados, como también si han tenido otros similares.
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