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Cinco exjefes del Bloque Caribe de la antigua guerrilla de las Farc fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como máximos responsables de al menos 423 crímenes cometidos en contra del pueblo negro afrocolombiano y de siete pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, en los departamentos de Cesar y Magdalena.
La decisión se conoció en la tarde del 18 de junio por parte de los magistrados Alejandro Ramellí Arteaga, presidente de la justicia transicional, y Óscar Parra Vera, integrante de su Sala de Reconocimiento de Verdad. Se trata del primer auto de imputación relacionado con el caso 09 de esa instancia, que investiga crímenes no amnistiables contra pueblos y territorios étnicos.
Desde septiembre de 2022, cuando la JEP abrió el caso 09 y empezó a mapear los crímenes cometidos en contra de comunidades étnicas en el marco del conflicto armado interno, le puso la lupa a lo ocurrido en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Una zona en disputa desde finales de los años 80 por cuenta de la presencia del Bloque Caribe de la antigua guerrilla de las Farc y de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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Pero que hoy sigue azotada por la guerra que libran estructuras ilegales como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) o Los Pachencha contra el Estado. La justicia transicional encontró que los habitantes de esta región sufrieron graves crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Los exjefes del Bloque Caribe que fueron llamados a reconocer responsabilidad son Abelardo Caicedo Colorado, alias “Solís Almeida”; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, alias “Leonardo Muñoz”; Gilberto Giraldo, alias “Aldemar Altamiranda”; y Héctor Hernández, alias “Fabio Borges”.
El quinto imputado es Marcos Martínez, alias “Silfredo”, quien no hizo parte de la cúpula guerrillera en la región, pero, según la JEP, habría tenido un rol clave dentro de las graves violaciones a las comunidades, a los territorios étnicos y sus lugares sagrados. Además del pueblo negro afrocolombiano, son siete los pueblos indígenas que sufrieron los embates de la guerra en esta región: kankuamo, wiwa, kogui, arhuaco, wayúu, ette ennaka y yukpa.
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Radiografía de la barbarie
Ricardo Jesús Romero Cabana, vocero de la Red de Consejos Comunitarios del Caribe, vivió de frente la violencia que campeaba por los municipios de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. En diálogo con El Espectador, narró cómo en los años 80 los hombres del Bloque Caribe de las antiguas Farc empezaron a rondar las veredas y corregimientos de la región.
Su sola presencia le abrió la puerta a que el Ejército y las AUC, como lo ha investigado la propia JEP en otros de sus casos, desataran una guerra de estructuras armadas allí. “Los paramilitares nos tildaron de ser auxiliadores de la guerrilla, solo porque los milicianos pasaban por ahí”, le contó el líder social a este diario.
Su comunidad, el pueblo negro afrocolombiano del corregimiento de Guacochito (Valledupar), fue solo uno de los que sufrieron las múltiples formas de violencia que la JEP documentó en la región. Según la investigación adelantada para esta imputación, en los 27 municipios que hacen parte del expediente sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, la antigua guerrilla de las Farc habría cometido al menos 163 asesinatos.
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Además de 211 desplazamientos forzados, 53 desapariciones forzadas, 25 casos de violencia sexual y violencia basada en género entre los años 1996 y 2007. Según la JEP, la desmovilizada guerrilla también habría cometido saqueos, torturas, ocupación y destrucción de territorios étnicos y lugares sagrados.
Estas formas de violencia fueron agrupadas en cinco patrones macrocriminales: cooptar organizaciones étnicas y vaciar el territorio de autoridades y liderazgos; eliminar, amenazar o desterrar a “enemigos” o colaboradores de otros grupos armados; castigar a quienes incumplían sus reglas de control territorial; controlar a las mujeres y niñas mediante violencias de género; y dominar áreas estratégicas.
“El Bloque Caribe de las extintas Farc-EP asumió funciones de regulación de la vida colectiva como la solución de conflictos y la administración de bienes, generando que los territorios, además de ser campos de batalla en los que se desarrollaba la confrontación armada, fueran también escenarios de interacción permanente y de regulación de los ámbitos económico, cultural y social de la población civil en la zona”, señaló la JEP.
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Grietas en el territorio y en las comunidades
La importancia de esta decisión va más allá de la imputación en contra de estos cinco exjefes del Bloque Caribe, que se suman a los 130 comparecientes de la antigua guerrilla de las Farc llamados por la JEP hasta la fecha a reconocer responsabilidad en distintos casos y delitos en todo el país.
Se trata de una orden que durante años esperaron las víctimas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serranía del Perijá, que le abre la puerta a la verdad y la reparación por la que han luchado durante años en esa región. En su diálogo con este diario, el líder afrocolombiano Ricardo Jesús Romero Cabana expresó que, pese a la desconfianza de las propias comunidades al inicio del proceso, han comprendido lo que implica llegar a la verdad.
“Nosotros buscamos que esto sí sea un proceso de verdad (…) Si logramos acciones que impacten nuestros territorios, eso ya es una gran ganancia”, dijo el líder comunitario. Desde su postura, ahora es clave que los comparecientes reconozcan su responsabilidad en los daños a la vida y a la integridad de cada una de las víctimas individuales, pero también que asuman los daños colectivos.
Que acepten responsabilidad en el no reconocimiento de la identidad étnica de los pueblos, las violaciones a su autonomía y a su gobierno propio, los daños a los territorios, a la naturaleza y a los lugares sagrados. En esa línea, hizo una petición directa en nombre de las comunidades: “Ahora lo que solicitamos y en lo que estamos trabajando es que el territorio sea acreditado como víctima, porque eso nos permitirá tener mayor incidencia y adelantar un proceso de sanación”, expresó.
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El magistrado Óscar Parra, correlator de este subcaso de la JEP y quien lideró esta imputación, le explicó a este diario que en julio de 2024 se ordenó la acreditación como víctima para el territorio de la Sierra Nevada y para tres de los pueblos indígenas que viven allí y que ese reconocimiento se ha ampliado.
“Hubo una decisión inicial de la Sierra Nevada por sus particularidades, pero en el proceso se han ido acreditando otros pueblos que están fuera de allí y que hacen parte de la Serranía del Perijá, como el territorio Owaya”, explicó el togado. También hizo énfasis en la importancia de los crímenes de persecución y de exterminio dentro de esta imputación, así como las violencias sobre mujeres y niñas contra quienes, según explicó, en muchos casos la guerrilla “se ensañó” de forma particular.
“En esta imputación narramos cómo los cuerpos de las mujeres y las niñas se volvieron parte de los territorios de la guerra y espacios en los que se proyectó la masculinidad guerrera que caracterizó el conflicto armado”, explicó el magistrado Parra Vera. También destacó la importancia de esta imputación para tender puentes entre investigaciones y darle una mirada especial a las violencias contra los pueblos étnicos.
“La JEP está cerrando sus macrocasos y estamos articulando narrativas que no se habían articulado antes”, expresó. Aunque el tiempo apremia y, según los cálculos de esa instancia, este año deberían terminar las imputaciones, hay un compromiso al que no podrán darle largas: la verdad que las víctimas buscan y merecen.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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