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Los 12 militares que aceptaron haber cometido 127 falsos positivos en Cesar, cuando pasaron por el batallón La Popa, están un paso más cerca de recibir una sanción en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Tras reconocer públicamente en Valledupar que asesinaron a civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate, le enviaron a la justicia especial dos propuestas sobre trabajos y obras (TOAR) que podrían emprender para reparar a sus víctimas. Estas son las dos iniciativas que ya estudian los magistrados y que los 12 comparecientes vienen madurando desde 2019.
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Dignificar el buen nombre
La primera forma de sanción que plantearon los militares consiste, básicamente, en instalar una placa con los nombres de todas sus víctimas, así como cuñas en radio y reportajes escritos que cuenten lo que sucedió. En eso centraron la propuesta del primer proyecto que presentaron y firmaron los 12 militares retirados, que tiene como objetivo “tener el mayor alcance social y dignificar el buen nombre y la memoria de las víctimas en el período comprendido entre enero de 2002 y agosto de 2005”. El documento que allegaron a la Sala de Reconocimiento de la JEP tiene siete páginas, una de las cuales solo tiene el título y los nombres de los 12.
En las siguientes se desglosa la propuesta. Por ejemplo, dicen que contratarían un espacio publicitario de 30 segundos en emisoras del Cesar para poner a rodar un mensaje idéntico para cada una de sus 127 víctimas. Ya hasta tienen el guion, que según el documento que enviaron a la JEP, diría: “Hoy nos permitimos recordar a –nombre de la víctima–, nacido en –lugar de nacimiento– quien fue un honorable ciudadano y no una persona perteneciente a grupos al margen de la ley como se presentaron. Siendo en realidad miembros de una comunidad indígena. Los responsables del hecho piden perdón a sus familiares y a la sociedad en general”.
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Además, proponen hacer reportajes radiales y escritos en medios de comunicación de la región sobre quiénes fueron cada una de sus víctimas. Aseguran que la información sobre las personas que asesinaron la obtendrían de sus familias, “con la ayuda del equipo psicosocial de la JEP”. Y, por último, plantearon instalar una placa con los nombres de las 127 víctimas “como contribución a la construcción de la memoria histórica, en el lugar que la Alcaldía de la ciudad disponga”. No especificaron a cuál ciudad se refieren, ni si ya han adelantado gestiones ante los medios de comunicación que mencionaron con nombre propio, pero se comprometieron a hacerlo.
Un resguardo para la memoria
Por otro lado, José de Jesús Rueda Quintero, uno de los 12 militares implicados, presentó el segundo proyecto a nombre de todos sus compañeros del caso y que llamaron: “Resguardo de la memoria histórica pueblo indígena víctimas del conflicto armado”. En concreto, quieren destinar una casa para contar la historia de sus víctimas y sus familias, así como “presentar la historia vivida por los pueblos indígenas en medio del conflicto armado”. Al proyecto, quieren sumar a varias entidades del Estado, como la Unidad de Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Gobernación del Cesar, y hasta la Policía y la Brigada del Ejército que tiene jurisdicción en la zona.
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Para ello los militares proponen que el espacio cuente con una sala de audiovisuales, en la que, por ejemplo, podrían exponerse pódcast elaborados por los familiares, fotografías o documentos que pongan de presente la estigmatización de los pueblos indígenas, murales realizados por las víctimas y una placa con el perdón de los 12 comparecientes. Además, sugieren que el lugar contribuya en la investigación y documentación “de los graves yerros cometidos por los integrantes de la Fuerza Pública que utilizando el conflicto armado como amparo del daño causaron sufrimiento y horror en las familias colombianas más vulnerables”.
En ambos proyectos aparecen los nombres de los doce implicados en falsos positivos en Cesar. Además de Rueda Quintero están: Guillermo Gutiérrez, Eduart Gustavo Álvarez, Elkin Leonardo Burgos, Elkin Rojas, Juan Carlos Soto, Heber Hernán Gómez, Manuel Valentín Padilla, Efraín Andrade, Yeris Andrés Gómez, Carlos Andrés Lora y Alex José Mercado. Los militares que ya aceptaron que asesinaron a inocentes para que les dieran permisos o para cumplir con las exigencias de sus comandantes, aunque estos últimos no aceptaron lo que les imputó la JEP y escogieron el camino del juicio, al interior de la misma justicia especial, donde enfrentarían hasta 20 años de prisión.
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El escenario para los que reconocieron su responsabilidad y ya pidieron perdón no contempla cárcel, sino sanciones propias. El magistrado Óscar Parra, quien está al frente de este caso en la Sala de Reconocimiento, ya estudia las propuestas de los militares y está a la espera de que las víctimas y la Procuraduría envíen sus observaciones sobre estos proyectos. Una vez todas las cartas estén sobre la mesa, el magistrado deberá emitir la resolución de conclusiones, un documento clave con el que el caso se remite a una sala superior en el Tribunal para la Paz. Solo entonces se sabrá qué tipo de sanción enfrentarán los 12 militares, y si las cuñas, reportajes y el resguardo que proponen serán o no suficientes.
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