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Seis miembros de la familia Mora Urrea, dueños de los supermercados Supercundi y Merkandrea, que han sido señalados de ser testaferros de la extinta guerrilla de las Farc no fueron aceptados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Si bien el proceso penal que los vinculaba con una supuesta operación de lavado de activos en favor de la guerrilla tendría cabida en la JEP, ninguno de los investigados presentó un compromiso de verdad. El proceso pasa, ahora, a otra sala de la misma justicia especial, que deberá definir si los delitos que se les endilgan son amnistiables.
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Desde 2018, en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, se desplegó un gran operativo en contra de los bienes de los hermanos Luis Alirio Mora Urrea, Edna Yaneth Mora Urrea, Uriel Mora Urrea y Norberto Mora Urrea. Según la investigación, durante años ellos cuatro habrían estado al servicio del difunto jefe guerrillero Romaña, para darle apariencia de legalidad a dinero que las Farc obtenía de crímenes como el secuestro, el narcotráfico, las extorsiones a comerciantes, entre otros. Ese mismo año los capturaron y antes de que comenzara el juicio en su contra, el proceso terminó en la JEP.
Cuatro años más tarde, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP les negó la entrada al sistema transicional: “la razón por la que (los Mora Urrea) acuden a esta jurisdicción, no es para realizar un aporte significativo a la construcción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a favor de las víctimas del conflicto armado, por cuanto no existe ánimo de revelar cuanto les conste en relación con los hechos y conductas que se les endilga como colaboradores de un grupo armado, y esto es así porque aducen que de ninguna manera prestaron apoyo a algún grupo armado, y por el contrario fueron víctimas del conflicto armado colombiano”.
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En otras palabras, el magistrado José Miller Hormiga, quien revisó el caso de los Mora Urrea, concluyó que en el expediente se daban las condiciones para aceptarlos. Por un lado, porque “se trata de hechos y conductas cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo Final para la Paz”. Por otro lado, porque “de acuerdo con la acusación planteada por el ente investigador, los integrantes de la familia Mora podrían catalogarse como terceros civiles, que, sin hacer parte de grupos armados o bandas de delincuencia común, se les procesa penalmente por facilitar apoyo para encubrir dinero proveniente de las extintas Farc”.
En concreto, el escrito de acusación en contra de los Mora Urrea reza: “Aproximadamente desde el año 1999 hasta el 2016, como se dijo supra, recibieron dineros de la desmovilizada guerrilla de las FARC, a través de alias Romaña, para administrarlos y darles apariencia de legalidad”. En el proceso, sin embargo, se han encendido varias veces las alarmas: porque Luis Alirio Mora fue secuestrado por las mismas Farc con las que la Fiscalía asegura que colaboró, porque los testigos con los que se armó la investigación han presentado innumerables inconsistencias, y porque el expediente había permanecido quieto más de una década hasta que revivió tras la firma del Acuerdo.
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Al pedido de los Mora le faltaba un elemento esencial. Su voluntad de estar en el sistema de justicia transicional. Ni Uriel, ni Edna Yaneth Mora Urrea, presentaron solicitudes para entrar a la JEP, sino que el juez que llevaba su caso los remitió allí. Óscar Fernando Mora y Luz Mari González ni siquiera estaban siendo juzgados, sino investigados de manera preliminar, pero dicen que querían ratificar su inocencia en la JEP. Y los hermanos que sí pidieron acogerse al sistema especial, Luis Alirio y Norberto, nunca presentaron un plan de verdad. Es decir, nunca le dijeron a los magistrados qué estaban dispuestos a contar del conflicto o cómo pensaban reparar a las víctimas.
Cuando la JEP los increpó, Norberto Mora dijo: “Me comprometo, en cuanto me conste, al esclarecimiento de la verdad frente a los hechos que se me imputan y en todos aquellos hechos que evidencian que he sido víctima del conflicto y sobre todo a esclarecer que ni mi familia ni mis negocios nos hemos visto beneficiados de la extinta Farc”. Su hermano Luis Alirio contestó en la misma línea: “me permito informarle que no tuve, ni tengo vínculos ilegales con dicha estructura guerrillera ni como combatiente, ni como testaferro, ni como secuestrador, ni como tercero, ni como comandante, ni bajo ningún status de la estructura de dicha organización”.
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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó entonces: “aunque las conductas de los solicitantes puedan estar en el marco de competencia de la JEP, no por ello es forzoso su sometimiento”. En todo caso, la Procuraduría había pedido que el caso se remitiera a la Sala de Amnistía e Indulto. A su juicio, esta sala, que indulta delitos conexos con el conflicto, como la financiación de la guerra, tendría más elementos para definir la suerte de los Mora. Y así se hizo finalmente: la decisión reciente, además de negarles la entrada a los hermanos al sistema especial, traslada su expediente a esta dependencia de la JEP. Allí se resolverá si su proceso vuelve a la justicia ordinaria o si toma otro rumbo.
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