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Vuelve y juega: por tercera vez consecutiva, un presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sale del alto cargo sin que haya cumplido una de sus promesas clave: conseguir la primera sentencia del sistema de justicia que se creó luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc. El magistrado Roberto Vidal López termina hoy su periodo como presidente del tribunal transicional y, como sus antecesores, Eduardo Cifuentes y Patricia Linares, deja el cargo sin que se conozca esa decisión judicial que ha sido esquiva desde que arrancó a funcionar la JEP hace siete años.
Por eso mismo, la elección que hará hoy la JEP es crucial, pues todo indica que el próximo presidente será el encargado de asumir la responsabilidad de cumplir con esa promesa quebrantada. La votación arrancará a primera hora de este martes 15 de octubre en la Sala Plena del tribunal transicional y los candidatos son: Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, como única mujer, Danilo Rojas Betancourth y Alejandro Ramelli Arteaga. El primero que consiga 20 votos será el elegido como presidente y asumirá el cargo en un momento crítico para la JEP que enfrenta una tormenta de críticas como pocas veces ha tenido que enfrentar.
Los candidatos
Como en otras elecciones, para la presidencia de la JEP los candidatos hacen campaña entre sus colegas, presentando sus objetivos y planes para un periodo de dos años. Jaramillo Chaverra y Ramelli Arteaga le llevan ventaja a Rojas Betancourth, pues la candidatura de este último solo se conoció hace dos semanas. No obstante, su trayectoria como magistrado y presidente del Consejo de Estado estaría jugando a su favor. Es abogado de la Universidad Libre, profesor de Derecho y especialista en Derecho Público. Ha trabajado en la promoción y protección de derechos humanos y, en la JEP, hace parte de la Sala de Apelación.
Por su parte, Alejandro Ramelli es uno de los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento. Es abogado de la Universidad Externado y doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca. Antes de llegar a la jurisdicción especial, había sido jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Desde su llegada a la JEP, fue asignado para apoyar investigaciones por ejecuciones extrajudiciales. Su trabajo fue crucial para descubrir que en el cementerio de Dabeiba (Antioquia), militares habían desaparecido a víctimas de falsos positivos. Hasta la fecha, las autoridades han podido identificar y entregar 13 cuerpos a sus familiares.
Reinere de los Ángeles Jaramillo también hace parte de la Sección de Ausencia de Reconocimiento. Es Abogada de la Universidad Autónoma de Colombia, con maestría en Investigación Social, Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Al igual que su colega de sala, Jaramillo fue asignada para apoyar investigaciones de desaparición forzada y también en la Sala de Amnistía e Indulto. Ahora, en su despacho está el expediente por ejecuciones extrajudiciales en contra del coronel (r) Publio Hernán Mejía, quien no aceptó su responsabilidad y ahora su caso está en revisión de Jaramillo y otros dos colegas.
Jaramillo, siendo la única candidata mujer, tiene este punto a su favor, pues varios colegas de la Sala Plena consideran que ya es el turno para una mujer en la presidencia, luego de la administración de Eduardo Cifuentes y Carlos Vidal. No obstante, quienes conocen los pormenores de esta elección señalan que la ventaja la tienen por ahora Rojas y Ramelli. Por esta razón, los magistrados que tiene que votar este lunes no descartan la idea de hacer dos rondas de votación, pues saben que es difícil que uno de tres candidatos consiga los 20 votos que se necesitan para ganar. Sería más sencillo, agregan, que en la segunda vuelta solo sea de dos candidatos y así lograr la mayoría.
La tormenta
Los dardos contra la JEP han salido de todo tipo de manos. En su comienzo, el Centro Democrático y varios sectores cercanos al movimiento político señalaron que ese sistema de justicia transicional sería un escenario para la impunidad de los peores crímenes de la guerra y también que se trataba de un sistema de persecución contra militares vinculados a ejecuciones extrajudiciales. Con el tiempo, las críticas fueron creciendo y ampliando su espectro, a tal punto que ahora son sus propios creadores quienes han enfilado esfuerzos en cuestionar la falta de resultados, en especial en que los procesos no han avanzado a la velocidad que se quería.
El propio expresidente Juan Manuel Santos ha sido uno de los críticos más recientes y su exministro de Justicia, Yesid Reyes, presentó una demanda en la Corte Constitucional para que delimite el trabajo de la JEP para que no investigue y juzgue a personas que no sean catalogadas como máximos responsables. La semana pasada, el alto tribunal rechazó el recurso, pero Reyes todavía puede corregir los errores y volverla a presentar. Por otra parte, el Secretariado de las Farc también ha hecho pública su incomodidad y desacuerdo con decisiones del tribunal transicional. Entre ellas, que la JEP está investigando a guerrilleros de mando medio y bajo.
Según ellos, es un asunto que nunca se negoció en la mesa de La Habana. Además, han rechazado que la jurisdicción insista en abrir macrocasos que no acordaron cuando se creó la JEP. Por ejemplo, el de violencia sexual o reclutamiento infantil, y, justamente el pasado 8 de octubre, el Secretariado pidió que solo se emita una resolución de conclusiones, y no una por macrocaso, como lo ha contemplado la jurisdicción. El nuevo presidente llega a tomar el timón de este barco que atraviesa una tempestad con rayos y centellas.
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