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La periodista y activista por los derechos de la mujer, Jineth Bedoya Lima, agotó sus esperanzas en la Fiscalía General de la Nación. Durante la audiencia de seguimiento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó sobre su caso en Bogotá, por tortura, violencia sexual y falta del acceso a la justicia, Jineth Bedoya anunció que renuncia a una medida de reparación clave, que en 2021 se ordenó a su favor por la justicia internacional: que Colombia, en un plazo razonable, investigue, juzgue y sancione a quienes la han amenazado de muerte desde mayo del 2.000, cuando fue víctima de crímenes atroces en la cárcel La Modelo de la capital.
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“Yo tomé una decisión que quiero comunicarles y que se la comuniqué a la Corte IDH y al Estado colombiano y es que, tras la inoperancia de la Fiscalía General de la Nación, y tras la revictimización a la que me han sometido en los dos últimos años, en los que no vemos líneas de investigación sobre las amenazas y ningún avance sobre os autores intelectuales del hecho, yo he tomado la decisión de desistir de las investigaciones sobre las amenazas que recibí entre los años 2001 y 2014. Yo desisto porque ellos no tienen ni la voluntad de investigar, ni tienen una línea de investigación”, explicó Bedoya.
La Corte Interamericana, durante esta semana, llegó a Colombia para revisar cinco históricas decisiones que tomó contra el Estado colombiano y determinar qué tanto se han cumplido sus sentencias. Una de las decisiones clave es la anunciada en agosto de 2021, cuando el país fue condenado por permitir los vejámenes sufridos por Jineth Bedoya y hacer poco o nada para juzgar a los criminales, quienes acorralaron a la periodista durante su trabajo de reportería sobre cárceles. La Corte IDH le ordenó a Colombia 12 medidas de reparación, de las cuales han sido cumplidas muy pocas. Sobre la investigación por las amenazas, Bedoya encontró un panorama desolador y por eso renuncia.
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“Creo que hay algo muy preocupante y es que, en todo este tiempo, a pesar de que la Corte IDH estableció la responsabilidad de agentes estatales en los hechos de los que fui víctima, la Fiscalía no ha llamado a declarar a ninguno de los autores intelectuales que están mencionados en el proceso. Generales de la Policía que están mencionados como Leonardo Gallego, que era el director de la Dijín en el momento de mi secuestro, como Argemiro Serna, que era el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Y otros oficiales, que no han sido vinculados al proceso penal”, agrego la periodista.
Como le dijo la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) a El Espectador, “han transcurrido dos años desde la sentencia y no había avances significativos”. Por ejemplo, a Colombia se le ordenó crear un centro de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo. El “Centro Investigativo No Es Hora de Callar”. Sin embargo, aunque el alto Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó el centro en mayo pasado, en el marco del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, recién hasta el pasado 4 de octubre la Presidencia emitió la resolución que le da vida.
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Aunque el país tenía 18 meses para crear el “Centro Investigativo No Es Hora de Callar”, le tomó más de 24 meses. “El referido centro deberá contar con una partida presupuestaria suficiente de al menos USD$200,000.00 anuales para garantizar su funcionamiento y el desarrollo de las diversas actividades”, se lee en la sentencia de la Corte IDH. Además, deberá presentar “exposiciones permanentes sobre la labor de la señora Bedoya como periodista y defensora de derechos humanos y derechos de las mujeres, garantizando su preservación hacia el futuro” y “exposiciones temporales sobre casos o temas de violencia contra las mujeres y periodismo de fechas posteriores y de la actualidad”.
El Espectador supo de fuentes cercanas al proceso de la Corte IDH que el Estado sí ha pagado las indemnizaciones ordenadas, pero tiene deudas en las medidas estructurales. Por ejemplo, aunque es una medida que está avanzada, pero que debió cumplirse hace más de un año, Colombia debía contar con un “un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra periodistas, así como de violencia basada en género contra mujeres periodistas”. Sobre los victimarios de Bedoya, lo único que ha pasado es que un exguardia de La Modelo, Marco Javier Morantes, fue llevado a juicio recientemente. Por lo demás, el caso sigue igual de quieto.
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