John «Calzones» no podrá ser funcionario público durante 11 años

«En su condición de alcalde de Yopal, participó en la actividad contractual al parecer conculcando el principio de transparencia, el deber de selección objetiva y el principio de responsabilidad de la contratación estatal, al suscribir la resolución No. 020 de 2016, por valor de $3.086.624.854, desconociendo que el objeto y las obligaciones materia del citado convenio correspondían a un contrato de suministro», explicó la Procuraduría.

En 2016, cuando ejercía como alcalde de Yopal, Torres firmó un convenio en 2016 para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE). La Procuraduría concluyó que la entrega directa de ese contrato habría ido en contra del principio de transparencia, decisión que hoy implica para Torres un obstáculo monumental en sus aspiraciones políticas. Aspiraciones de por sí ya enlodadas con una condena en su contra.

En 2017, la Corte Suprema ratificó la condena que se había proferido contra Torres tanto en primera como en segunda instancia por urbanización ilegal. Torres tenía toda la intención de regir los destinos de Yopal: primero, quiso hacerlo construyendo la ciudadela La Bendición, en un lote donde viven unas 5.000 familias y que terminó en manos de la Sociedad de Activos Especiales en 2015, mientras se define el proceso de extinción de dominio.

La Bendición le trajo réditos políticos. En octubre de 2015, en los comicios regionales, Torres obtuvo 24.829 votos, el 34 % del total de los sufragios, y se convirtió en el alcalde de Yopal, cargo al que llegó con recolección de firmas y para el que se inscribió con el Movimiento Social La Bendición. Los problemas judiciales, sin embargo, comenzaron para él desde antes que pudiera posesionarse como el mandatario de los habitantes de esa ciudad.

Incluso, comenzaron desde antes de las elecciones, que se realizaron el 25 de octubre de ese año. Once días previos a la contienda electoral, el 14 de octubre, Torres fue detenido por el proceso que se abrió en su contra a raíz de irregularidades en la adquisición del predio de la ciudadela y en el trámite de su construcción, que se hizo sin las licencias y los permisos exigidos por la ley.

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A su electorado poco le importó que Torres estuviera detenido. Igual ganó. Pero, para la Fiscalía, importaban sus acciones al frente de la ciudadela La Bendición. En noviembre de 2015, Torres fue llamado a juicio. Mientras estaba detenido, intentó posesionarse en una notaría de Yopal, pero la Superintendencia de Notariado y Registro se le atravesó, recordándole que mientras estuviera tras las rejas no podía ser el alcalde de Yopal.

En diciembre de ese año obtuvo la libertad condicional. Con un brazalete electrónico y sin poder salir del país, se posesionó como mandatario local. Los líos judiciales, sin embargo, se volvieron su sombra, al punto que tres jueces distintos lo hallaron culpable. Aun así, su tiempo corto en la Alcaldía fue suficiente para tomar las decisiones -erradas, según la Procuraduría- que hoy lo dejan sin chance de volver al poder regional que tanto anhelaba.

«Yo no soy un bandido», ha repetido Torres sin cesar en medios de comunicación. Se hizo a pulso en el Casanare y levantó todo un emporio vendiendo, en un principio, ropa íntima para mujer. De ahí su apodo. Alegó que aceptó cargos porque su abogado del momento, el exfiscal general Mario Iguarán, lo aconsejó mal y luego lo «dejó solo». En 2016 la Fiscalía anunció que lo investigaría también por fiestas y privilegios en su lugar de reclusión, pero ese tema no pasó a mayores.