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“Lo de José Raquel Mercado Martínez fue una barbaridad y esa barbaridad influyó de ahí en adelante”. La frase es de Clara López, hoy senadora del Pacto Histórico y, en 1976, secretaria económica del presidente Alfonso López Michelsen. Estaba en la Casa de Nariño cuando el Gobierno buscaba contrarreloj al presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), secuestrado por el M-19.
El crimen, ocurrido hace 50 años, no solo estremeció a la administración liberal, sino que instaló en la agenda pública los alcances de una guerrilla que decidió mezclar su disputa política con las armas. No solo lo secuestró, sino que aplicó la pena de muerte a su propio rehén en total estado de desprotección y sin ninguna opción de defensa.
Al mediodía del 15 de febrero de 1976, Mercado fue reportado como desaparecido. No era habitual que el dirigente sindical se ausentara sin aviso. Su familia lo buscó en hospitales, estaciones de Policía y hasta en las morgues. Un día después, el M-19 confirmó que lo tenía en su poder para someterlo a un “juicio popular” porque, dijo, había traicionado a la clase obrera.
Durante 65 días permaneció en una “cárcel del pueblo”, bajo custodia de hombres armados. El 19 de abril, en el segundo aniversario de la organización, su cuerpo apareció en la glorieta de la avenida 63, frente al parque El Salitre, con dos disparos en el pecho y una tela que reivindicaba la autoría del crimen.
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José Raquel Mercado había nacido en Cartagena el 9 de diciembre de 1913. Fue obrero de la construcción y bracero en los muelles, donde fundó el sindicato del Terminal Marítimo. También fue músico: estudió contrabajo y armonía en la Universidad de Cartagena y presidió la Asociación Colombiana de Músicos Profesionales en Bogotá. En 1960 fue elegido presidente de la CTC, cargo que ocupó durante 15 años.
Representó a los trabajadores colombianos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y fue congresista entre 1960 y 1970. Su liderazgo no surgió de una tribuna clandestina, sino de asambleas sindicales, negociaciones laborales y debates parlamentarios en los que siempre defendió derechos colectivos.
El país atravesaba entonces un momento de alta tensión institucional con ruido de sables, sumado a una ola de conflictos laborales, paros cívicos y movilizaciones sociales. La situación obligó al gobierno de López a declinar su agenda de humanización de la guerra y retornar al Estado de Sitio. El M-19, surgido tras el fraude electoral de 1970, había ganado notoriedad con el robo de la espada de Bolívar en 1974 y otras acciones.
Pero el secuestro de Mercado marcó un quiebre. La Comisión de la Verdad concluyó que la guerrilla “lo asesinó después de un supuesto ‘juicio popular’, mostrando su injerencia autoritaria y crueldad en un intento de bloquear opositores y controlar movimientos sociales”.
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El mismo informe advirtió que, aunque ese no fue su patrón dominante y el grupo reconoció después el error, el caso evidenció “tendencias autoritarias de movimientos guerrilleros que llevaron a cabo numerosas acciones mezclando las armas en las luchas políticas”. Clara López relató ante la Comisión que este episodio “cambió el tono del Gobierno”.
Luego del supuesto juicio político, el M-19 le propuso al Ejecutivo una serie de condiciones para perdonarle la vida al líder sindical. Pero la respuesta fue que no negociaba con grupos insurgentes y que sus peticiones eran un chantaje. Esa decisión de López selló el desenlace y endureció la acción estatal frente a un actor armado que, hasta entonces, había cultivado una imagen de audacia simbólica.
Durante el cautiverio, la familia imploró por su vida. Su hijo, Eduardo Mercado, pidió pruebas de supervivencia e incluso ofreció cambiar puestos con él. Con la advertencia hecha, la guerrilla le puso día y hora al gobierno. Si no cumplía con sus exigencias antes del 19 de abril, la ejecución de Mercado sería la única salida. Y se cumplió la sentencia.
En la madrugada del aniversario de la organización, el cuerpo de Mercado fue abandonado en plena vía pública. Un plástico, una cobija, una cuerda amarilla y una bandera del M-19 fueron encontrados con el cuerpo del líder sindical. Su hijo fue hasta ese lugar para ver con sus propios ojos la realidad que durante 65 días rogó por no tener que vivir.
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Los forenses que realizaron el levantamiento del cadáver y la posterior necropsia, documentaron que las dos balas que perforaron el tórax de Mercado fueron disparadas a muy corta distancia y que probablemente la víctima estaba acostada. Una de ellas ingresó a su corazón y le causó la muerte instantánea.
El cuerpo de José Raquel Mercado Martínez fue trasladado a la sede de la CTC, donde permaneció en cámara ardiente. Los reporteros de este diario que estuvieron ese día contaron que hubo una escena que estremeció a todo el recinto y que hoy, 50 años después de esta tragedia, sigue siendo testimonio de la crueldad de las guerras en Colombia, que no han tenido distinción en sus víctimas.
El momento ocurrió cuando Helena Martínez, la mamá del líder sindical y quien ya superaba los 80 años, tuvo que enterrar a su hijo. Se acercó al ataúd, se quitó un chal blanco que llevaba en los hombros, se lo puso sobre el pecho a Mercado y le dijo: “Para que no te dé frío”.
Las honras fúnebres en su memoria se realizaron en la Catedral Primada de Bogotá, con presencia de altas figuras de la política. Luego fue trasladado al Cementerio Central, con la compañía de una masiva procesión de trabajadores de todo el país que viajaron a la capital para despedir a su líder. El impacto de su asesinato no se limitó a la CTC.
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La Comisión de la Verdad registró que meses después, un exmilitante del ELN reconoció que esa guerrilla asesinó al presidente del sindicato de Acerías Paz del Río, Rafael Bayona, en Sogamoso (Boyacá), para apropiarse de la dirección sindical.
El precedente del “juicio popular” que impuso el M-19 abrió un camino de violencia contra dirigentes sociales que defendían autonomía frente a las armas. Lo que para algunos sectores urbanos había sido una insurgencia novedosa empezó a mostrar su capacidad de imponer control mediante amenazas y ejecuciones, tensionando su relación con movimientos civiles.
Cincuenta años después, su asesinato es considerado el primer homicidio político asumido públicamente por el M-19. La organización fue indultada en 1990 y reconoció que el caso fue un error, pero la justicia nunca procesó a los responsables. La investigación pasó a la Justicia Penal Militar y no produjo condenas. La familia ha pedido verdad y reparación.
En un país que aún debate los límites entre movilización social y lucha armada, la historia de José Raquel Mercado Martínez recuerda que cuando la política se somete al fusil, las víctimas no son abstractas, sino que siempre tienen nombre, oficios, hijos y madres como Helena Martínez, a quien le tocó asumir una tarea que invierte el orden de la vida: enterrar a su propio hijo.
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