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Juez definirá si precluye o no investigación contra Tomás Uribe por tráfico de influencias

En la solicitud se señala que no se encontraron pruebas que lo involucren con la entrega irregular de notarias.

29 de mayo de 2012 – 02:10 a. m.

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Este martes, la Fiscalía presentará ante el juez 28 penal de conocimiento la solicitud formal para que se archive la investigación que se adelantaba contra Tomás Uribe Moreno por el delito de tráfico de influencias.

El pasado 6 de febrero, la Fiscalía General anunció la preclusión de la investigación al considerar que después de dos años no se encontraron pruebas suficientes para inferir que el hijo del expresidente Álvaro Uribe hubiera intercedido ante altos funcionarios para que realizaran el nombramiento de la notaria de Tunja, Luz Marina Campo.

En ese momento indicó que dicha decisión tendría que ser presentada ante un juez de la República con el fin de que este decida si avala o no tal preclusión basado en los argumentos esgrimidos, o por si el contrario el ente investigador debe valorar más pruebas documentales y testimoniales en este caso. 

La Fiscalía investigaba a Uribe Moreno después de conocer una grabación emitida en el año 2006 en la que la notaria Campo aseguraba que su designación provino del exsecretario general de Presidencia, Bernardo Moreno y Juan David Ortega por una petición del hijo del entonces mandatario como una contraprestación de un favor político. 

En la grabación, la cual fue presentada por el antencesor de la notaria, Francisco Bonilla, la mujer indicaba que «Tomás Uribe tenía interés en el tema”.

En ese momento, y como prueba reina, los investigadores consideraban que la notaria hacia una clara mención sobre el papel del hijo de Álvaro Uribe habría «movido fichas» para que Luz Marina Campo accediera a dicho cargo.

Sin embargo, poco después, cuando ya había iniciado la investigación, la implicada argumentó que había mentido, «abusando» así del nombre del hijo del Presidente.

En la investigación también se tuvieron en cuenta las declaraciones en 2009, del entonces superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, quien aseguró que el Gobierno había repartido notarias, asegurando que la persona que aparecia en la grabación de la exfuncionaria, sin embargo no se presentaron más pruebas que indicaran que se incurriiera en una irregularidad. 

Durante el proceso investigativo, no se pudo recolectar material probatorio que indicara que Tomás Uribe habria presionado a funcionarios para que realizaran este tipo de nombramientos. 

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