Juez deja en firme demanda de colombianos contra Chiquita Brands

El magistrado Kenneth Marra, de un tribunal de West Palm Beach, al norte de Miami, emitió su dictamen por escrito sobre la moción interpuesta por la multinacional estadounidense. Chiquita Brands International, una de las mayores empresas productoras de banano del mundo con sede en Cincinnati, solicitó anular la acción judicial arguyendo que los paramilitares extorsionaron y amenazaron a sus empleados.

La empresa se declaró culpable en 2007 de pagar 1,7 millones de dólares a las Auc y otro juez le impuso una multa de 25 millones de dólares. Marra aceptó la moción de la compañía de rechazar algunos alegatos de los demandantes como las afirmaciones de terrorismo y de que habría suministrado apoyo material a terroristas; la de trato cruel e inhumano y la violación de los derechos a la vida, a la seguridad personal, a la libertad y a la asociación pacífica.

Al tiempo que denegó eliminar los argumentos de tortura; asesinato extrajudicial; crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El dictamen fue calificado como una “victoria” por la defensa de los demandantes, mientras que Chiquita Brands en un comunicado indicó que las demandas contienen “falsas alegaciones”.

Los demandantes afirman que la empresa presuntamente tenía conocimiento de que los pagos se destinaban a actividades violentas contra civiles que las Auc sospechaban que proveían apoyo o simpatizaban con los grupos guerrilleros colombianos.

La compañía en 1995 acordó con los paramilitares pagarles para “pacificar” las plantaciones de banano en las zonas de Urabá y Magdalena y “suprimir la actividad de los sindicatos”, de acuerdo con el documento judicial del caso al que la Agencia Efe tuvo acceso.

Bajo el acuerdo, la empresa pagó a los paramilitares comisiones basadas en el número de cajas de bananos que transportaba mensualmente, a cambio de que éstos mantuvieran a los guerrilleros fuera de las áreas de cultivo, según el documento. Los demandantes, ciudadanos y residentes de Colombia, son familiares de integrantes de sindicatos, de trabajadores en las plantaciones, de activistas y otras personas que fueron presuntamente torturadas y asesinadas por las AUC.

Arguyen que sus familiares fueron asesinados durante el periodo comprendido entre la década de los 90 y el 2004 en las regiones de cultivos de bananos del país suramericano. Su demanda fue presentada bajo los alegatos de terrorismo, apoyo material a organizaciones terroristas; tortura; asesinato extrajudicial; crímenes de guerra; crímenes de lesa humanidad; trato cruel e inhumano; violación de los derechos a la vida, a la seguridad personal, a la libertad y a la asociación pacífica.