Juez dejó en firme proceso contra Samuel Moreno por ‘carrusel de la contratación’

En su decisión la funcionaria judicial consideró que no se podía anular este segundo proceso, puesto que son hechos diferentes a los investigados en el juicio que se le adelanta por cuatro delitos, rechazando así los argumentos esgrimidos por la defensa.

Ante esta decisión, el abogado Jesús Vergara, quien defiende los intereses del exmandatario distrital no se mostró de acuerdo con la decisión por lo que presentó recurso de apelación, el cual tendrá que resolver la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

«A nuestro juicio se presentó un error de apreciación. Nosotros seguimos creyendo que si hay una conexidad y que el doctor Samuel Moreno debería enfrentar un sólo proceso”, precisó el jurista.

Moreno Rojas enfrenta otro proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho, peculado por apropiación, concusión e interés indebido en la celebración de contratos, hechos por los cuales se encuentra privado de su libertad desde septiembre del 2011.

El nuevo proceso

Según la Fiscalía, el recién elegido burgomaestre se reunió en diversas oportunidades con su hermano, el senador Iván Moreno Rojas; el abogado, Álvaro Dávila; y los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez con el fin de “cuadrar” la entrega de tres multimillonarios contratos viales.

“Entre diciembre de 2007 y mediados de 2010 se pusieron de acuerdo en cometer delitos determinados contra la función pública”, precisó el fiscal, al considerar que existen elementos probatorios que permiten inferir la celebración de dichas reuniones en la sede de la Alcaldía de Bogotá, en el IDU e incluso en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Y es que para el ente investigador, en dichos encuentros estas personas se concertaron para maquinar un plan para entregar los contratos a cambio de una comisión que iba entre el ocho y el seis por ciento.

“Los contratistas eran contactados por los intermediarios Emilio Tapia y Álvaro Dávila para que estuviera seguros de presentar la licitación de unos pliegos amañados y modificados”, precisó el fiscal en la imputación de cargos.

Igualmente la Fiscalía consideró que en el año 2010, el entonces alcalde de Bogotá a través de la directora del IDU, Liliana Pardo y el subdirector del Instituto, Néstor Eugenio Ramírez determinó la cesión del contrato vial de la calle 26, más conocido como la Fase III de TransMilenio.

En ese momento, se indica, el mandatario “los determinó” para que se apropiaron de 190 mil millones de pesos para que hicieran una acción que favoreciera a una empresa contratista, la cual recibió el contrato vial que le habían quitado a los Nule.

La Fiscalía cuestionó la forma en cómo se adelantó dicha cesión contractual presentaron varios sobrecostos e irregularidades que no fueron argumentadas de la manera correcta, lo que llevó a un detrimento al distrito en materia de contratación.

“Este dinero perdido era del Distrito que tenía que administrar el IDU y los fondos de TransMilenio, la forma en cómo se llevó a cabo esta manipulación de la cesión del contrato de la calle 26, la adición tiene que respetar el objeto valor y plazo del contrato”, indicó.

Ante esto señaló que esta cesión provocó una serie de problemas por los atrasos de la obra vial, causando traumatismos en la sociedad. Para la Fiscalía, Moreno Rojas “lesionó el bien jurídico de la administración y seguridad pública, durante este periodo la administración del Distrito se presentó un acto de corrupción tal que llevó al ahora conocido carrusel de la contratación”.