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El juzgado 75 de garantías de Bogotá negó la libertad que había solicitado la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, quien es investigada por las presuntas irregularidades en dos contratos que suman $18.600 millones, el cual celebró días antes de renunciar a la alcaldía del municipio de Albania para postularse como candidata en las elecciones para la gobernación de ese departamento. (Le podría interesar: «Hubo corrupción en contratos para disminuir mortalidad de niños en La Guajira»)
El funcionario judicial consideró que el vencimiento de términos que argumentaba el exfiscal Antonio Luis González, defensa de Pinto, no se cumplen. “No están dados los 240 días que predica la defensa”, dijo el juez tras considerar que tanto la Fiscalía como el juzgado 25 de conocimiento de Bogotá –despacho que adelanta el juicio– han puesto todo el interés en adelantar el proceso.
En desarrollo de la investigación, la Fiscalía encontró presuntas anomalías en dos convenios interadministrativos, sumados a una adición, que fueron suscritos entre la alcaldía y ESE Hospital San Rafael de Albania. Los convenios, que tenían como objetivo la reducción de la mortalidad infantil en el municipio, fueron ejecutados parcialmente, sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo para el cual habían sido suscritos.
El ente investigador también estableció que para la ejecución de estos convenios se designaron diez coordinadores quienes, al parecer, habrían subcontratado a otras personas para cumplir la obligación contractual. De acuerdo con la investigación, los subcontratados habría recibido $1.2 millones para dictar charlas y visitas a madres gestantes, lactantes y adelantar jornadas de vacunación. “Había personas que no tenían el perfil ni la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas, como albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros”, según reveló, en su momento, la Fiscalía.
La exgobernadora enfrenta un juicio por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento y peculado por apropiación. (Lea también: Fiscalía perdió pelea contra Oneida Pinto: su proceso se queda en La Guajira)
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