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Juez ordena nombrar abogado público para Álvaro Dávila en proceso por ‘carrusel’

Esto debido a que por la inasistencia de su defensor de confianza se ha aplazado en dos oportunidades el inicio del juicio en contra del exasesor jurídico del Grpo Nule.

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Por la no asistencia de su defensa, por segunda vez consecutiva se aplazó el inicio del juicio en contra del abogado Álvaro Dávila Peña por su responsabilidad en los hechos que rodearon las irregularidades en el proceso de licitación y entrega de multimillonarios contratos viales en la capital de la República durante la administración de Samuel Moreno Rojas.

El juez de conocimiento ordenó que debido a estas constantes inasistencias, y para no afectar la administración de justicia, se le enviara un oficio a la Defensoría del Pueblo para que le nombre un abogado público para la audiencia que fue fijada para el próximo jueves por su participación en el escándalo de la ‘carrusel de la contratación’.

En su intervención, el procesado aseguró que su abogado se encuentra fuera del país y regresa el 22 de mayo, sin embargo para evitar dilaciones y aplazamientos un defensor de oficio tendrá que asumir su representación. “Si el abogado tiene un contrato tiene que asumir las consecuencias”, señaló el juez al considerar que no permitirá más aplazamientos por esto.

Y es que para el juez del caso no se puede permitir que por este capricho o este tipo de situaciones afecten el desarrollo del proceso que se adelanta en su contra por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Desde diciembre de 2012 Dávila Peña se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota.

Según la Fiscalía General, Dávila Peña habría sido el “cerebro” del ‘carrusel de la contratación puesto que habría planificado la manipulación del pliego de condiciones para que el Grupo Nule fuera beneficiado de los millonarios contratos, pese a no contar ni con la experiencia ni con la maquinaria exigida para el desarrollo de las obras.

Para esto habría utilizado sus influencias en el Instituto de Desarrollo urbano (IDU) para que los contratistas –condenados por el ‘carrusel’- fueran los únicos beneficiados de los convenios de la fase III de TransMilenio, la reparación de la malla vial y las obras de valorización.
 

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