Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La jueza décima de conocimiento revocó la medida de aseguramiento y anuló la orden de captura que existía en contra de la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo Gaona en el marco del segundo proceso penal que se le adelanta por el delito de cohecho dentro del ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República.
En la audiencia celebrada este miércoles, la funcionaria judicial consideró que se presentó una vulneración a los derechos fundamentales y a la defensa a la exfuncionaria, quien desde septiembre del año pasado se desconoce su paradero. Para la jueza, Pardo Gaona no pudo defenderse de manera adecuada.
Tras revisar un recurso judiical, la jueza determinó que la Fiscalía General actuó con «deslealtad» hecho por el cual se tumbó en su totalidad todo el proceso. En este sentido se consideró que el ente investigador no demostró que la exdirectora del IDU representara un peligro para la sociedad o que estando en libertad pudiera afectar el desarrollo del proceso.
Según la investigación de la Fiscalía General, entre junio de 2008 y diciembre de 2009, la entonces directa del IDU habría aceptado promesas remuneratorias para la entrega de los contratos de reparación de la malla vial y las obras de valorización en Bogotá. La comisión solicitada a un grupo de contratistas se habría tazado entre el 1 y el 2 por ciento de los contratos que tuvieron un valor superior a los 200 mil millones de pesos.
En este sentido se señaló que Pardo Gaona, tras pactar dicha entrega de dinero, habría entregado información reservada y privilegiada para que los contratistas modificaran la presentación de sus ofertas para cumplir los requisitos en el pliego de condiciones. Con esto el Grupo Nule, los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez habrían resultado favorecidos con dichos contratos.
Igualmente habría asistido a otras reuniones con el entonces contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesurssi, el personero distrital, Francisco Rojas Birry, y un grupo de contratistas para pactar la entrega de estas comisiones y así evitar un control al proceso de licitación y ejecución de dichos contratos, puesto que los beneficiados no cumplían con todos los requerimientos que exigía la ley para acceder a los mismos.
En la investigación también se estableció que entre abril de 2009 y diciembre de ese mismo año, la acusada antes de salir a vacaciones, aceptó promesas remuneratorias del mismo porcentaje que en los anteriores, de los contratos 018, 019, 020, 029, 037, 047, 068 y 079 del 2009, por valor cercano a los 400 mil millones de pesos por concepto de puentes, malla vial y valorización.
Conoce más