Juicio por fraude en Cajanal

De acuerdo con el ente acusador, el fraude le costó a la empresa estatal $5.103 millones. La tutela falsa que favoreció a 218 profesores apareció como si hubiera sido fallada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá, con fecha del 13 de diciembre de 2002. Una vez llegó a Cajanal el documento apócrifo, los trámites se aceleraron de forma inusual, al punto que no fue objeto de impugnación, se solicitó la apropiación de los dineros al Ministerio de Hacienda y la inclusión en nómina se dio “en un tiempo récord” de entre cinco y siete días, “alterando el tiempo normal que era de tres meses”.

En una inspección realizada por el DAS al juzgado se demostró que el documento nunca apareció en el registro de actas de reparto ni en el libro de radicado de tutelas. El fraude se descubrió en 2005, cuando se inició una investigación disciplinaria contra Carlos Milton Fonseca Lidueña, juez tercero penal de Bogotá en 2002, por la tutela en cuestión y otros recursos irregulares tramitados en su despacho. Sin embargo, la investigación continuó y se descubrió que los implicados fueron otros funcionarios del juzgado.

Según el ex juez, quien terminó confesando los hechos irregulares fue William Palacio Chiquiza, quien sostuvo que él en compañía de los también ex empleados de ese despacho Rosalba Fonseca y el notificador Johan Rueda Beltrán, eran quienes se habían prestado para los actos de corrupción de tutelas contra Cajanal en connivencia con el grupo de abogados dirigido por Cabrera Polanco. Incluso, Palacio Chiquiza hizo la delación con la ayuda de su hija Cindy Gabriela Palacio, ya que en un atentado recibió un disparo en el rostro que le dejó secuelas permanentes que le limitan el habla.

La sentencia falsa fue entregada mediante un oficio, que también resultó ser falso, por el notificador Rueda Beltrán. Allí fue recibida por la abogada de Cajanal Nubia Rodríguez Blanco, quien además de no apelar la decisión, procedió a proferir los actos administrativos para liquidar la pensión de los demandantes con base en una ley y un decreto de 1966, cuando se debió haber hecho con base en la legislación de 1985. Para la Fiscalía es claro que, de no haber sido por la tutela falsa, los pagos jamás se habrían realizado, porque además de existir otras vías para lograr esos beneficios, se hizo con base en normas que ya no estaban en vigencia. Asimismo, para el ente acusador es evidente que aunque Ómar Cabrera Polanco no actuó directamente en este caso, sí fue quien coordinó toda la “empresa criminal”, en cumplimiento del falso fallo de tutela.