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Juliana Andrea Guerrero Jiménez, la excandidata a viceministra del gobierno del presidente Gustavo Petro, tuvo su hora cero frente a frente con la justicia. Después de dos audiencias aplazadas en abril y marzo, la exfuncionaria fue imputada por su presunta responsabilidad en el delito de fraude procesal. La Fiscalía señala a la joven de, al parecer, haber entregado dos diplomas académicos falsos dentro de la documentación con la que buscaba llegar a un alto cargo del Ejecutivo.
Junto a ella fue imputado también, por el delito de falsedad ideológica en documento público, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José, de donde habrían salido los títulos posiblemente falsos.
La audiencia fue ante la jueza 38 con función de control de garantías de Bogotá, a quien le correspondió legalizar la imputación después de que el expediente diera tumbos en otros dos despachos por cuenta de las solicitudes de aplazamiento hechas por Guerrero.
La fiscal del caso, Jessica Montealegre Villaquirá, expuso ante ese despacho la forma en la que la exfuncionaria del gobierno Petro y el exsecretario general de la universidad se habrían puesto de acuerdo para expedir dos diplomas falsos a nombre de Guerrero: uno como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y otro de profesional en Contaduría Pública. Los documentos habrían sido usados en la carrera de la joven para hacerse a un cargo en el gobierno.
En contexto: Juliana Guerrero no aceptó cargos imputados en caso de títulos universitarios falsos
El nombre de Guerrero empezó a sonar en el gobierno Petro el 1 de abril de 2025, cuando fue designada como delegada por el jefe de Estado ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. Luego, estuvo cantada en dos oportunidades para llegar a un cargo ejecutivo: el de viceministra de Juventudes.
Fue en esa carrera que, según la teoría de la Fiscalía, la joven de 24 años aterrizó en el despacho de Gutiérrez Martínez, quien entre el 1 de septiembre de 2017 y el 12 de septiembre de 2025 fue el secretario general de la Fundación de Educación Superior San José. Fue ese funcionario quien le habría gestionado los títulos de Guerrero, pese a que, según la Fiscalía, no asistía a clases y su solicitud de grado había sido rechazada.
Los títulos presuntamente falsos habrían sido presentados por Guerrero en la convocatoria para el cargo de viceministra. “Al obtener los dos diplomas académicos falsos, decidió cargarlos al Sigep II (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público), plataforma que administra el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde se cargan las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas del Estado”, dijo la fiscal Montealegre Villaquirá durante la audiencia.
Agregó que esos documentos fueron presentados por la entonces candidata a viceministra, “a sabiendas de que eran falsos” y que de ese modo “intentó engañar a los servidores públicos”, al buscar la validación de estudios que no había realizado.
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“Juliana Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que utilizaba para la consecución del fin. Tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en los títulos académicos para los cuales nunca cumplió con los requisitos que se exigen. Ella lo sabía y aun así decidió, de manera libre y voluntaria, anexarlos a su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público a fin de lograr su nombramiento como viceministra”, detalló la fiscal del caso.
En esa empresa de presuntamente engañar al Estado mostrando certificaciones de una formación que no tenía para el cargo de viceministra, la joven habría tenido el apoyo de Gutiérrez. Sin su visto bueno al cumplimiento de los requisitos, dijo la fiscal, no se habrían podido expedir esos títulos falsos.
Para la funcionaria del búnker, Gutiérrez y Guerrero habrían trabajado de forma articulada para lograr certificar la formación académica de forma fraudulenta y certificar, por medio de documentos legales, algo que no era verdad: que la excandidata a viceministra tenía la formación para llegar al cargo al cual aspiraba.
Para la fiscal Montealegre Villaquirá, el exsecretario de la universidad “consignó hechos falsos en documentos auténticos al certificar que Juliana Guerrero había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados, pese a que no había presentado las pruebas Saber Pro requeridas por el Icfes para el grado profesional”.
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Los abogados de Guerrero y Gutiérrez alegaron que la imputación era poco clara en aspectos como el número de documentos que habrían sido emitidos con información falsa y las fechas exactas. La fiscal detalló que son cuatro documentos: dos diplomas y dos actas de grado, como tecnóloga y profesional, ambos con fecha del 1 de julio del 2025.
Sobre el caso del exsecretario, la defensa alegó que la Fiscalía se refería a él como servidor público, a lo que la funcionaria del ente investigador argumentó que, por su función de acreditar títulos educativos incluso en una entidad privada pero regulada por el Ministerio de Educación, cumple una función pública. “No es una invención de esta delegada ni un capricho, tiene sustento”, dijo la fiscal.
Gutiérrez no aceptó la imputación en su contra por el delito de falsedad ideológica en documento público, relacionado con aprobar la emisión de diplomas que certificaban una formación académica que Guerrero, al parecer, nunca tuvo. La joven también negó su responsabilidad en el cargo de fraude procesal, endilgado por presuntamente haber intentado engañar al Estado para hacerse a un cargo en el alto gobierno.
Aunque la Fiscalía dijo en principio que solicitaría para ella una medida de aseguramiento domiciliaria, esa petición fue retirada a última hora sin mayores explicaciones por parte del ente investigador. Ahora lo que sigue es que ambos prueben su alegada inocencia en un juicio.
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