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Juliana Guerrero está bajo la lupa de la Fiscalía por dos escándalos que terminaron por alejarla de cualquier cargo en el gobierno de Gustavo Petro. La exaspirante a viceministra de las Juventudes del desaparecido Ministerio de la Igualdad, presentó el pasado lunes 27 de julio su renuncia irrevocable como delegada del presidente de la República ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Popular del Cesar. Según dijo, fue para concentrarse de lleno en la defensa del juicio que tendrá que enfrentar por presentar títulos aparentemente falsos para llegar al cargo en la extinta cartera. También, por la investigación que recientemente les abrió la Fiscalía a ella y a su hermana Verónica por, supuestamente, conformar y liderar una red de corrupción. El Espectador conoció detalles de cómo la mujer cercana al primer mandatario se alista para responder ante la justicia.
En contexto: Investigan a Juliana Guerrero y su hermana por supuesta red de contratación ilegal
Este diario habló con el penalista Felipe Alzate Gómez, nuevo abogado de Juliana Guerrero, quien compartió detalles de los casos y de cómo plantean la defensa por los escándalos que terminaron por apartarla del Ejecutivo. La renuncia de Guerrero a su cargo como representante ante el CSU de la Universidad Popular del Cesar no fue idea de ella, fue una condición que le puso Alzate Gómez para aceptar el caso y defenderla de los graves señalamientos y del juicio que enfrentará desde agosto. “Le dije que tenía que apartarse del cargo, porque eso evita que le reprochen y utilicen su cercanía con el gobierno, incluso con el presidente, para seguir defendiéndose. Al final terminó cediendo”, aseguró el abogado.
La supuesta red de corrupción en contratación estatal
Alzate Gómez no lleva más de una semana al frente de la defensa de Guerrero, y aunque siguen empapándose de los casos, ya tiene unos puntos claros. Por ejemplo, en el caso de la supuesta red de corrupción sostiene que vienen revisando las publicaciones hechas por la Revista Semana, en las que se señaló a la exaspirante a viceministra de, supuestamente, haber gestionado contratos públicos a empresarios a cambio de millonarios pagos. Según esa investigación, Juliana Guerrero habría sostenido reuniones con altos funcionarios para impulsar esos procesos mientras, presuntamente, recibía cerca de COP 200 millones y, además, un pago equivalente al 10 % del valor de cada proyecto adjudicado. Verónica Guerrero, por su parte, sería la encargada de relacionarse con los contratistas.
Para el abogado, “en ninguna de las conversaciones de WhatsApp publicadas por el medio aparece el nombre de Juliana, aparece solo una nota de voz hablando de un tema absolutamente ajeno a trámites contractuales, que es una cita relacionada con la gobernación de César, es decir, nada de lo que de lo que está ahí”. Alzate Gómez también sostiene que “hemos estado revisando los extractos bancarios y las cuentas no pertenecen ni a Juliana ni a Verónica”. Además, dice, “no sabemos cuál es el supuesto contratista. Ellos cogen esas conversaciones y a partir de esas conversaciones hablan de unas cifras que no sabemos cuál es el sustento. Dicen que recibió COP 600 millones, que se sentó con un contratista, pero ella no se ha sentado con contratistas y no tiene ese dinero”.
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Eso es justamente lo que intentarán demostrar, que no es clara la relación que se presenta entre su clienta y una presunta red de contratación ilegal. Además, dijo, el foco debería estar en otra persona: David Trespalacios, hombre que, según las denuncias, era el encargado de recibir los dineros que pagaban empresarios que querían resultar favorecidos por la supuesta gestión de las hermanas Guerrero. “Él utilizaba el nombre de Juliana o el de Verónica para pedirle plata a terceros, no entendemos de dónde más salen esas consignaciones. Esas consignaciones pueden ser más a David que a Verónica y a Juliana”, dice el penalista, quien resalta que Trespalacios es cercano a varios senadores y representantes a la Cámara.
Los títulos de la Fundación San José
Por otra parte, el abogado Alzate Gómez se refirió al caso que más adelantado está en contra de su prohijada: la acusación por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, relacionados con el escándalo en el que se le acusa de haber presentado títulos falsos en su postulación al Viceministerio de las Juventudes. Según el defensor de Guerrero, aún no conocen detalles del escrito de acusación que presentará la Fiscalía en la próxima audiencia que, aunque se tenía prevista para el próximo 5 de agosto, fue reprogramada para el 25 del mismo mes por petición de la Fiscalía.
Lo que sí ha dicho el ente investigador es que Guerrero habría utilizado documentos presuntamente falsos para cumplir requisitos de un cargo público, inducir en error a la administración, y obtener un beneficio dentro del Estado. Además, el caso también involucra posibles delitos relacionados con falsedad en documento público. En la audiencia de imputación, Guerrero no aceptó los cargos y juró que es inocente. En medio del escándalo, el 7 de noviembre del año pasado, la Fundación Universitaria San José, que le había otorgado los títulos en los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública, los anuló.
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La institución dijo en ese momento que “la revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública”. Todo esto, dice el abogado Alzate Gómez, es falso y que los títulos de Guerrero son reales. “Evidentemente hay una discusión sobre si ella presentó o no presentó las pruebas Saber Pro, pero de ahí a determinar que los títulos son absolutamente falsos, me parece que hay una hay una brecha inmensa. Una cosa, es que usted no presenta las pruebas y postule su hoja de vida, que es un trámite además distinto, y otra cosa es decir que no cursó un programa”, señala el abogado.
Aunque este diario cuestionó el hecho de que para obtener un título universitario es obligatorio presentar la prueba Saber Pro, el penalista respondió que “la discusión del juicio está en quién recae la responsabilidad. Una cosa es que usted estudie, además teniendo en cuenta que ya había cursado casi hasta octavo semestre en la Universidad del César, y otra cosa es que le falte una prueba de Estado para poder postularse. Hay que revisar efectivamente si ese desconocimiento de la prueba de Estado es atribuible a Juliana, a la universidad o a quién”. Sin embargo, Guerrero está a punto de iniciar el juicio por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Ante ese cuestionamiento, el penalista le dijo a este diario que dentro de su baraja de posibilidades está “buscar alguna forma de terminación anticipada, si es que nosotros, por ejemplo, vemos que no haber presentado no haber presentado las pruebas Saber Pro, sí tiene una incidencia jurídico penal”. Aun así, insistió en que “lo que es cierto es que ella, en términos materiales, tenía el conocimiento para poder graduarse, no solo porque ya había cursado hasta casi octavo semestre en otra universidad, le faltaba muy poco, sino porque también ya cursó una serie de grados en la San José. Que le faltaban unos trámites para poder graduarse, pues sí, pero eso puede ser objeto de discusión. Ya incluso lo ha aceptado públicamente”.
Por lo pronto, Alzate Gómez sigue poniéndose al tanto de los detalles en los procesos para hacerle frente a las acusaciones de la Fiscalía y el señalamiento de los medios contra Juliana Guerrero. Sostiene que el ente investigador todavía tiene mucho por aclarar en ambos casos y sustentar correctamente esa supuesta relación de su clienta con hechos ilegales que, según él, aún son difusos. Tiene casi un mes para preparar la estrategia con la que buscará demostrar la inocencia de la cercana al presidente Petro. Sin embargo, hace énfasis que no descartan llegar a un acuerdo.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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