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A la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le salió mal una jugada que buscaba anotar un gol en favor del presidente Gustavo Petro: tumbar una vieja sanción en contra del jefe de Estado y de un miembro cercano de su círculo familiar. Pese a los esfuerzos de la entidad que dirige Cielo Rusinque, y en medio de una controversia en el corazón de ese organismo que les costó el puesto a dos funcionarios, la justicia frenó en seco una petición que buscaba anular una multa en contra del presidente y de Alberto Merlano Alcocer, tío de la primera dama, Verónica Alcocer. La decisión la tomó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de estudiar la petición de la superintendencia y de Merlano Alcocer.
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En una decisión de 35 páginas, conocida por El Espectador, la Sección Primera de esa instancia judicial no aprobó la oferta que presentó la SIC para revocar la sanción que impuso esa misma instancia en 2014 en contra del tío de la primera dama y del presidente Petro. Según el fallo, con ponencia del magistrado César Giovanni Chaparro Rincón, la superintendencia no cumplió con ninguno de los requisitos que exige la ley para eliminar una sanción como la que buscaba tumbar la entidad y el propio sancionado, Alberto Merlano Alcocer. Ni la SIC cumplió con los requisitos ni argumentó de manera correcta ante la justicia sus razones para anular la multa para que fuera el Tribunal el que tomara una decisión de fondo.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resaltó que la SIC debía explicar por qué la misma entidad que había interpuesto una sanción, ahora buscaba anularla. Lo que se lee en la sentencia es que la superintendencia, simplemente, utilizó los argumentos que interpuso Merlano y no las justificaciones “legales, fácticas y jurídicas” que debía presentar un organismo del Estado para tumbar una sanción que tocaba los intereses de la Casa de Nariño. Un error que le costó a la superintendencia la solicitud para favorecer al jefe de Estado y al tío de la primera dama que, en diciembre pasado, sonaba con fuerza para llegar a la presidencia de Ecopetrol, y la anulación de la sanción en su contra era clave para ese supuesto nombramiento.
Como la SIC no anexó sus propios argumentos y no cumplió con los requisitos que exige la ley, el Tribunal decidió no aprobar la solicitud de la entidad al mando de Rusinque y, al menos por ahora, la sanción contra el presidente y el tío de la primera dama queda firme.
¿Por qué la superintendencia no hizo su trabajo y no presentó sus propios hallazgos en un caso tan sensible como el de favorecer a un presidente y a un familiar suyo? La respuesta a esa pregunta no la resolvió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sin embargo, fuentes cercanas a este proceso le contaron a este diario que la razón podría estar en las presuntas irregularidades advertidas por dos funcionarios de la entidad, cuya denuncia les terminó costando sus trabajos.
El proceso en el Comité de Conciliación y las primeras alertas
La Superintendencia de Industria y Comercio revivió este expediente cuando, en noviembre del año pasado, aceptó una petición del propio Merlano Alcocer de anular la sanción en su contra, pues consideró que iba en contra de la Constitución Política. La puerta para su estudio la abrió la administración de Rusinque, pero, para que fuera una realidad, debía pasar por el Comité de Conciliación para que esa instancia hiciera su propia investigación y argumentara por qué debía anular una decisión tomada por la propia SIC. Un procedimiento que, agregaron funcionarios de la entidad, nunca ha ocurrido y una posibilidad poco probable en el caso, pues el expediente estaba cerrado desde 2015.
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Luego de la evaluación del Comité de Conciliación, el paso siguiente era presentar el caso ante la justicia para que fuera un juez el que definiera el futuro de la sanción. Sin embargo, cuando en diciembre pasado el caso comenzó a estudiarse en esa instancia de la SIC, dos delegados con alta trayectoria en la entidad —Alexánder Sánchez y Grenfieth Sierra— advirtieron que el trámite era improcedente. En una sesión del 9 de diciembre, recordaron que la única manera de revisar un caso así es si el peticionario argumentaba que se había presentado un “agravio injustificado”, pero que, en todo caso, el asunto ya estaba cerrado. Al día siguiente, Alberto Merlano Alcocer presentó una nueva petición, precisamente con el argumento del “agravio injustificado”.
¿Qué decía esa sanción que el tío de Verónica Alcocer consideró tan grave? En palabras sencillas, que el entonces alcalde Gustavo Petro y varios de sus funcionarios en la Alcaldía de Bogotá violaron el régimen de la libre competencia cuando intentaron cambiar el modelo de basuras en la ciudad y no permitieron participar a empresas privadas. Diez años después de la sanción, Merlano Alcocer no solo pidió tumbar la sanción, sino también la multa que lo obligaba a pagar más de $200 millones. Cuando llegó su segunda solicitud, los mismos funcionarios que alertaron de las presuntas irregularidades se declararon impedidos y advirtieron que el resto del Comité debía hacer lo mismo, pues ya no podían estudiar el mismo proceso.
Con esa declaración, se desató la batalla interna. Al advertir una falta de transparencia en el trámite de Merlano Alcocer, los delegados Alexánder Sánchez y Grenfieth Sierra renunciaron a sus cargos. La superintendente Rusinque aseguró que a los funcionarios se les pidió la renuncia protocolaria y que no había ninguna presión indebida detrás de esa decisión, y mucho menos un supuesto favorecimiento al presidente. “Lo que evidencia la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es que la SIC no argumentó las razones para tumbar la sanción de Merlano porque, si lo hacía, tenía que contarle las advertencias que hicieron los dos delegados que terminaron sin sus trabajos”, explicó una fuente enterada del caso.
Y agregó: “Si la entidad le hubiera contado realmente a los magistrados qué hizo la administración de Cielo Rusinque en este proceso, el propio Tribunal habría tenido que compulsar copias para investigar a la superintendente, que terminó resolviendo los impedimentos, cuando ella no podía, y presentando una oferta para terminar con el proceso contra Merlano Alcocer, solamente con los argumentos del propio sancionado”. Pese a las explicaciones de Rusinque a finales del año pasado, en el aire quedaron varias preguntas: ¿cuál fue la justificación que encontró la SIC para avanzar en el caso de Merlano Alcocer y los hallazgos de por qué la entidad debía anular el proceso? Hoy, incluso luego del fallo de la justicia que frenó la “jugadita”, todavía no son claros esos porqués.
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