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“Existe la posibilidad de que los magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Juan Francisco Gómez Cerchar”. Esa es la advertencia que está haciendo el magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Joaquín Urbano sobre el exgobernador de La Guajira, conocido como Kiko Gómez. El togado asegura que hay varios hechos que en los últimos días han dejado en evidencia un posible plan criminal contra las personas involucradas en la condena que se le impuso por el delito de homicidio agravado en mayo pasado.
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Por la denuncia del magistrado, el presidente del alto tribunal, Iván Mauricio Lenis, encendió todas las alarmas y pidió mayor protección para los magistrados de la Sala Penal y sus familias. La amenaza que enfrentarían no es menor. Según dijo el togado Urbano en su carta, quien estaría detrás de este riesgo sería el parapolítico Kiko Gómez. La preocupación del magistrado es, dentro de otras cosas, porque él fue el ponente de la decisión con la cual el pasado 4 de mayo la Sala Penal de la Corte “revocó la absolución y condenó al acusado por el delito de homicidio agravado, motivo por el cual él deberá pagar una pena de 31 años y 8 meses de prisión”.
Urbano resalta una cosa: “Hasta este momento, esa sentencia dictada por unanimidad por la Sala de Casación Penal está vigente, aunque es posible que, luego, por virtud de alguna acción de tutela, quede sin efectos”. Además, puso de presente que “la semana pasada, en varias plataformas virtuales, circuló una información según la cual ‘un poderoso asesino guajiro -hoy preso y con varias condenas en última instancia-, les pidió a los miembros de su familia renunciar a los cargos públicos que ocupan y radicarse en Italia, donde tiene nacionalidad. Les explicó que él ya ordenó los prontos asesinatos de tres personas y no quiere que sus parientes más cercanos estén al alcance de la justicia colombiana cuando ello ocurra’”.
Las balas encontradas en la Procuraduría y la supuesta relación con Kiko Gómez
El pasado 1 de septiembre se conoció públicamente que en el piso 26 del edificio de la Procuraduría en Bogotá fue encontrada una bala y el orificio por donde habría ingresado el proyectil disparado. Hasta el momento, las autoridades investigan qué ocurrió y si se trató de algún ataque contra algún funcionario del Ministerio Público o si se trata de alguna bala perdida. Sin embargo, las alertas de la Corte Suprema no apuntan a que lo ocurrido en el ente de control sea un hecho aislado. Según el magistrado Urbano, algunos procuradores que participaron en el caso contra Kiko Gómez le han expresado en las últimas semanas preocupación por su seguridad.
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“Con ocasión de esta información, el miércoles 26 de agosto, la Procuradora Judicial II Gloria Guzmán Duque, quien presentó una de las demandas de casación contra la absolución proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, acudió a mi oficina para compartirme la profunda preocupación que tenía por su seguridad personal y por la de los funcionarios judiciales que intervenimos en ese proceso”, le dijo Urbano al magistrado Carlos Roberto Solórzano. También, le puso de presente que la bala encontrada en el edificio del Ministerio Público podría estar relacionada con las supuestas amenazas.
“El Procurador Primero Delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, quien en su intervención ante la Corte le solicitó que casara la sentencia y condenara al acusado, me comentó que la semana pasada, en su oficina, ubicada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría, apareció una bala disparada, lo que le generó gran preocupación. Además, me informó que esta semana, al llegar a su oficina, encontró dos ventanas rotas y evidencia de dos disparos de fusil”, se lee en la carta del magistrado Urbano.
Lo que dice la defensa de Kiko Gómez sobre los señalamientos
Juan Felipe Criollo Figueroa, abogado de Kiko Gómez, se pronunció públicamente sobre los señalamientos que hizo el togado Urbano sobre su prohijado. Según dijo, él, la esposa e hija de Gómez y el propio exgobernador de La Guajira “rechazamos y repudiamos, de manera categórica, los hechos ocurridos. Se trata de conductas de la mayor gravedad, que lesionan la institucionalidad y no admiten justificación ni matiz alguno”. Sin embargo, dijo que el parapolítico es totalmente ajeno a los hechos. “Negamos de manera categórica cualquier participación, autoría, determinación, vínculo o relación suya con tales hechos, al punto de que ni siquiera tuvo conocimiento de su ocurrencia”.
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Asimismo, dijo que los señalamientos en contra de su cliente son una “campaña de desprestigio”. Agregó que “la divulgación irresponsable de acusaciones de esta gravedad por parte de unos medios de comunicación no solo afecta el buen nombre y la honra del señor Gómez Cerchar, sino que compromete seriamente la seguridad e integridad de todo su núcleo familiar”. Por ello, aseguró, le solicitaron “a las autoridades competentes que indaguen los hechos de manera pronta, seria y exhaustiva, pues es precisamente una investigación rigurosa y técnica la que permitirá identificar a los verdaderos responsables y acreditar la ajenidad del señor Gómez respecto de estos hechos”.
En su comunicado, el abogado Figueroa Criollo le pidió “respetuosamente a las autoridades competentes que dispongan y desplieguen, con la mayor prontitud, las medidas de seguridad y protección necesarias en favor de todas las personas que, con ocasión de estos hechos, puedan encontrarse en situación de riesgo”. Misma petición que le hizo el presidente de la Corte a la oficina de seguridad del alto tribunal, así como a la Dirección de Protección de la Policía Nacional.
Las condenas contra Kiko Gómez
La condena en contra de Gómez de la que fue ponente el magistrado Urbano fue la impuesta en mayo de este año por el asesinato del concejal de Barrancas, Luis Gregorio López Peralta, ocurrido el 22 de febrero de 1997. En el más reciente fallo, la Corte resolvió casar parcialmente la sentencia del 1 de octubre de 2024, mediante la cual el Tribunal Superior de Bogotá había revocado la condena contra Gómez Cerchar. La alta corte lo condenó por el delito de homicidio y mantuvo la condena por concierto para delinquir. Le impuso una pena de 380 meses de prisión, es decir, 31 años y ocho meses. Asimismo, le ordenó pagar una multa de 14.000 salarios mínimos mensuales vigentes, equivalentes a cerca de COP 24.500 millones, y la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 10 años.
Sin embargo, esa no es la única condena que lleva encima Gómez. En junio de 2017 quedó en firme la pena de 55 años de cárcel por los asesinatos de la exalcaldesa del municipio de Barrancas, Yandra Brito; su esposo Henry Ustáriz y el escolta personal, Wilfrido Fonseca Peñaranda. En ese momento se le juzgó por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. De acuerdo a la decisión, Gómez Cerchar dio la orden de asesinar a la exalcaldesa de Barrancas. El crimen fue materializado por la banda criminal de Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos, al considerar que había incumplido el compromiso político.
Henry Ustáriz Guerra -esposo de Yandra Brito- y el escolta Wilfrido Fonseca Peñaranda fueron ultimados por hombres de la banda criminal de Marquitos Figueroa el 2 de abril de 2008 en la vía que comunica al municipio de Fonseca con Barrancas. Su asesinato sería una recriminación por el poder que tenía Ustáriz en la Alcaldía y los incumplimientos de “los pactos”. Brito fue asesinada el 28 de agosto de 2012. Los testigos de la investigación aseguraron que la exmandataria municipal había denunciado amenazas por parte de Gómez Cerchar. Su grupo familiar y amigos cercanos indicaron que siempre manifestó su temor frente a estas advertencias hecho por el que manifestó públicamente que si alguna vez le pasaba algo señalaran como el responsable a Kiko Gómez.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
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