Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Veinte años después de que los paramilitares asesinaran en su casa en Curumaní, Cesar, a la concejal Cristina López de Moreno por sus denuncias sobre el poder mafioso de las Autodefensas en la administración local, la Fiscalía acaba de concluir que los determinadores de ese crimen de lesa humanidad presuntamente fueron Miguel Ángel Durán Gelvis (exrepresentante a la Cámara) y otros tres políticos a quienes “solo les faltaba colocarse el camuflado”. La investigación, que dio todos los tumbos posibles durante dos décadas, logró establecer que, al parecer, el excongresista Durán y sus aliados —uno de los cuales hoy es alcalde de Curumaní— les pidieron a los comandantes del frente Resistencia Motilona silenciar a la dirigente porque se oponía a su proyecto político. Eran los tiempos más azarosos de la parapolítica, siniestra alianza entre barones electorales y esos ejércitos privados que llegó a cooptar el 35 % del Congreso entre 2002 y 2006.
El homicidio de la política cesarense fue perpetrado por un comando paramilitar el 26 de noviembre de 2003. Sin embargo, durante años el expediente por este crimen acumuló polvo en los anaqueles de la Fiscalía por cuenta del poder y el temor que a sangre y fuego impuso en la región el entonces comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40). No obstante, luego de su extradición a Estados Unidos, en mayo de 2008, y de las confesiones de varios exintegrantes de esa organización ilegal en Justicia y Paz, las pruebas fueron apareciendo y le permitieron a la justicia avanzar en la asignación de responsabilidades. El pasado 31 de julio, Paulina Morales Amado, fiscal delegada ante el Tribunal de Bogotá, llamó a juicio al excongresista Miguel Ángel Durán por este asesinato y en el documento, en poder de El Espectador, recapituló las evidencias de cómo, al parecer, políticos y paramilitares tejieron una alianza homicida para segar la vida de la concejal López.
Los señalados por las Autodefensas de ser los autores intelectuales del crimen son el excongresista Durán, Henry Chacón Amaya (actual alcalde de Curumaní, quien también era mandatario en ese municipio en 2003), el exalcalde Edilberto Tabares, fallecido en 2010, y Jorge Sandoval García (exsecretario de gobierno de Curumaní), hoy prófugo de la justicia. En julio de 2020, el fiscal especializado Rodrigo Rocha acusó formalmente al alcalde Chacón y a Jorge Sandoval por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y concierto para delinquir, y esta semana se adelantó audiencia de juicio ante el Juzgado Tercero del Circuito de Valledupar. A pesar de la gravedad de las acusaciones, tanto Durán como Chacón están en libertad. Contra el alcalde Henry Chacón han sido proferidas varias medidas de aseguramiento desde 2014, pero han sido invalidadas por jueces del Cesar a través de controles de legalidad y de la figura de habeas corpus.
Por lo menos siete exparamilitares del frente Resistencia Motilona declararon contra el exrepresentante a la Cámara Miguel Ángel Durán, el alcalde Henry Chacón y el dirigente Jorge Sandoval García. “No se discute el móvil del homicidio, las diferencias políticas con la concejal, la negativa de ella de apoyar la candidatura de los determinadores, y que se convirtió en una piedra en el zapato para los (políticos) apoyados por las autodefensas”, sostuvo la Fiscalía en su acusación contra Durán. En el proceso se documentó que en 2003 la concejal López fue presionada por los paramilitares para que apoyara la gestión del alcalde Chacón en Curumaní y para que respaldara la candidatura de Edilberto Tabares, quien efectivamente ganó la alcaldía. En esa época Miguel Durán era el jefe político de la zona. López se negó a acatar esas órdenes y, antes bien, alzó la voz para denunciar lo que ocurría. “Al no poderla doblegar decidieron darle muerte”, agregó la Fiscalía.
En diciembre de 2011, Wilson Poveda Carreño (alias Rafa, segundo al mando del frente Resistencia Motilona) detalló lo que sabía sobre la responsabilidad del exrepresentante Durán en este caso. “Ellos [Durán y Chacón] eran amigos de la organización y lo que les faltaba era colocarse el camuflado. El señor Miguel Durán a cada rato iba a reunirse con Omega (…) El alcalde iba a reunirse con Omega, con Hárold y conmigo en 2002 para entregarle cuentas de contratos, para dar información, para todo. Todo es la contratación, ellos daban información. Él llegó a la Alcaldía porque hubo colaboración de la organización, con la cuestión de votos, controlar los votos para que ellos ganaran y como ya había un compromiso con ellos nosotros colocábamos personal de civil donde hubiera mesas de votación y le decían a la gente ‘este es miembro de las AUC y hay que votar por él’ y el [político] que no declinaba [su aspiración] era objetivo militar y se moría”, relató el testigo.
Y añadió que alias Omega, máximo comandante de esa facción paramilitar, le dijo que ordenó el crimen de la concejal por un favor que le habían pedido esos políticos, pues querían silenciar las denuncias de López en Curumaní y garantizar la elección de Edilberto Tabares, tal como ocurrió. Agregó que los políticos le dijeron a Omega que Cristina López era su enemiga y, por tanto, también de las Autodefensas. Alias Rafa declaró que Miguel Durán y Henry Chacón se la pasaban en la finca San Isidro con una comadre del jefe paramilitar Omega “tomando tragos”. Además, contó de una reunión convocada por Jorge 40 en 2001 en la finca La Envidia, en jurisdicción del municipio de El Banco, Magdalena, donde se definieron los candidatos al Congreso apoyados por las AUC, entre quienes estuvieron Miguel Durán, Jorge Ramírez, Mauricio Pimiento y Álvaro Araújo (todos condenados ya por parapolítica, salvo Durán).
Rafa sostuvo que ese encuentro también asistieron Henry Chacón (alcalde de Curumaní) y otros mandatarios locales, y que los paramilitares lo controlaban todo. “Los alcaldes contribuían con toda la contratación para nosotros cobrarles un 10 % a todos los contratistas y aquel que no hiciera convenio con la organización no podía estar en una alcaldía. Los alcaldes hacían los convenios con la Policía para nosotros poder estar dentro de los pueblos”, señaló. La dirigente asesinada llevaba 17 años de forma ininterrumpida en el Concejo de Curumaní, pero fue tal la presión del grupo armado en esa época que no logró ser reelegida en octubre de 2003. Su familia denunció las amenazas que recibió durante la campaña. “Le decían que se apartara de la política si no quería aparecer muerta en los potreros”, declaró Aleida Parra, su nuera. Edwin Muriel (alias Alfredo), comandante urbano del frente, aseguró ante la Fiscalía que “a la concejal la mataron por [hacer] política”.
Según dijo, a finales de octubre de 2003 presenció una reunión en el matadero de Pailitas en la que estuvieron los comandantes Hárold, Daniel, Guacharaco y él junto con el alcalde Henry Chacón, el candidato a la alcaldía Edilberto Tabares y Jorge Sandoval, quien fue secretario de gobierno en la administración de Tabares. “Henry Chacón le explicó a Edilberto Tabares cómo tenía que manejar la alcaldía con las Autodefensas y al final Tabares me entregó una lista de personas diciendo que eran guerrilleras, también dijo que había que matar a la doctora Cristina López, a lo cual Henry Chacón también estuvo de acuerdo”, manifestó. Alias Alfredo agregó que Jorge Sandoval le dio $5 millones para perpetrar el homicidio de la concejal (“para la comida y la dormida de los sicarios”) y que al alcalde Chacón le convenía que su sucesor fuera Edilberto Tabares, “porque estaba un poco endeudado con la Alcaldía y podía tener problemas”.
Néstor Quiñones Quiroz (alias Yuca) corroboró estas versiones. Según dijo, Hárold ya había definido que el sucesor de Henry Chacón era Edilberto Tabares y que con él se había pactado mantener el cobro del 10 % del presupuesto para las Autodefensas, pero que la concejal López estaba “interfiriendo” para que este “no subiera”. Yuca insistió en que el hoy alcalde Henry Chacón pagaba en un granero del pueblo todos los víveres para abastecer a la organización y que en 2014 fue a visitarlo a la cárcel su padre, Nerys Quiñones, quien le dijo que “si lo quería ver vivo no echara pa’lante a Henry Chacón y Miguel Durán”. Jaime Luis Granados, otro exmiembro de las Autodefensas, manifestó que Hárold mandó a alias Grillo a asesinar a la concejal López y que la idea era que hiciera “pasar la muerte como un hecho efectuado por la guerrilla”. Según la Fiscalía, Chacón y Durán “estaban aliados y en permanente contacto con los jefes paramilitares de la región”.
“Estamos frente a un hecho generador de un grave daño, no solo a la familia de la señora López sino a la sociedad por el impacto que genera la violencia hacia una mujer valiente, inerme, cuya única arma era la palabra dentro del contexto político del Concejo de Curumaní”, concluyó la Fiscalía. En el proceso declararon los hijos de la concejal asesinada. Por ejemplo, Javier Moreno López narró que en alguna ocasión el paramilitar Hárold la hizo arrodillar, “le puso una pistola en la cabeza y le dijo que si no les hacía caso y votaba por las personas que ellos le estaban indicando la iban a asesinar”. Su otra hija, Diva Moreno, agregó que el día que Hárold intimidó a su mamá, recibió una llamada y mientras le apuntaba a la concejal le decía lo siguiente a su interlocutor: “Tranquilo, que esta vieja h.p. va a votar por usted”. Con todos estos elementos, la Fiscalía acusó al excongresista Miguel Ángel Durán, al alcalde Henry Chacón y al exsecretario Jorge Sandoval.
El Espectador los buscó a los tres. El excongresista Durán señaló tajante: “Obviamente, no tengo nada que ver con este tema. Esto es una infamia. Los dos testigos en mi contra, alias Rafa y alias Yuca, trataron de extorsionarme y a través de un tercero me pidieron $150 millones para no involucrarme en este proceso. Yo me negué y esto es una retaliación”. Durán añadió que los denunció por injuria y fraude procesal, pero que la Fiscalía no ha avanzado en el caso. Reiteró, además, que esas declaraciones son de oídas, incoherentes y contradictorias y que este complot se empezó a fraguar en las audiencias de Justicia y Paz, donde algunos exmiembros de las Autodefensas trataron de sacarles dinero a muchos políticos. “Mire: al esposo de la señora concejal asesinada también lo mataron al poco tiempo y a mí me llamó un exparamilitar tiempo después a decirme que si no le pagaba un dinero me iba a involucrar. Ese audio lo tengo grabado”, manifestó Durán.
El exparlamentario aseguró que toda la dirigencia del Cesar investigada por parapolítica terminó condenada, salvo él, a quien la Fiscalía le archivó su caso. “Ese archivo lo aporté al proceso y también las denuncias contra esos exparamilitares que buscaron extorsionarme, pero la Fiscalía ahora me acusa. Es lamentable”. Durán reconoció que en 2011 la Corte Suprema lo condenó por el delito de falsedad ideológica en documento público, pero por estos hechos también se declaró inocente. De la misma forma, este diario se comunicó con el alcalde Henry Chacón, quien se declaró ajeno a cualquier delito. Sostuvo que se trata de un montaje de sus enemigos políticos, que los fiscales que han recibido los testimonios de los exparamilitares son “unos bandidos” y que esos testigos lo trataron de extorsionar cuando ganó por segunda vez la alcaldía de Curumaní en 2011. “Aun así la Fiscalía sigue jodiéndome la vida a mí y a mi familia. En esta tortura llevó 12 años”, agregó.
Así mismo, dijo que alias Rafa, uno de los testigos en el proceso, no fue comandante de la zona de Curumaní sino del Banco, Magdalena, y que así se acreditó en otro expediente. Además, indicó que Edwin Muriel Vega (alias Alfredo) “estaba preso cuando se cometió el crimen de la concejal” y, por tanto, no pudo presenciar la reunión de Pailitas en la que afirmó que se había dado la orden de asesinarla. Para acreditar su relato, envío una certificación del INPEC en donde se asegura que Vega estuvo detenido en Valledupar del 14 de junio de 2003 al 15 de noviembre de ese año. El lío es que a la concejal la asesinaron 11 días después, el 26 de noviembre. En todo caso, Chacón insistió en que ese testigo declaró que la famosa reunión en Pailitas se dio a finales de octubre, cuando, en efecto, estaba detenido. “Aquí hay un entramado para joderme. A mí me han intentado asesinar y he sido objetivo militar de las FARC, el ELN y las Autodefensas”, afirmó.
Finalmente, Chacón aseveró que ha sido alcalde tres veces, y su esposa también, y que eso demuestra que la gente en Curumaní lo quiere, lo cual desmonta la tesis de que un grupo armado ha sido su gran elector. Además, insistió en que con el excongresista Durán solo fueron aliados en la primera elección, hace más de 20 años, y que ahora están en orillas políticas distintas. El mandatario local envió a este diario documentos que, según él, prueban su inocencia y controvierten las “mentiras” de los exparamilitares. Sin embargo, la Fiscalía consideró que en su caso las evidencias son sólidas. Este diario también se comunicó con Carlos Moreno, abogado de Jorge Sandoval (exsecretario de gobierno de Curumaní). Para el defensor, la declaración de Alfredo carece de toda credibilidad al punto de que, en noviembre de 2016, “ante la Fiscalía de Valledupar, se retractó de sus acusaciones y le pidió perdón a Jorge Sandoval”.
Moreno contó que alias Alfredo “le cogió rabia a Sandoval porque no le había colaborado; es decir, porque no se había dejado extorsionar”. Y agregó lo siguiente: “Todos los alcaldes del Cesar en esa época fueron elegidos con injerencia y presión del Bloque Norte, eso lo manejaba Jorge 40, pero eso no significa que todos los miembros de esos gabinetes hicieran parte de esos acuerdos. Eso es lo que he explicado en la Fiscalía con relación a Sandoval”. Y remató: “La Fiscalía considera que mi cliente incurrió en concierto para delinquir porque aceptó haber ido a reuniones con los paras, pero esas reuniones se dieron en un contexto de intimidación con todos los precandidatos a la alcaldía de Curumaní en 2003, incluso fue obligada a asistir la concejal López, que luego fue asesinada. Mi cliente asiste a la reunión y termina votando por Edilberto Tabares, tal como lo impusieron los paramilitares, y luego es llamado para integrar el gabinete”.
Por Juan David Laverde Palma
Conoce más