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Aunque su paso por la Gobernación del Chocó fue de apenas nueve meses, el exmandatario departamental Malcom Alí Córdoba Zabala salió con un proceso penal en su contra, que 11 años después empieza a moverse en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. El próximo miércoles, 21 de septiembre, será acusado por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación por hechos supuestamente cometidos entre marzo y diciembre de 2011. Lo que le reprocha la Fiscalía es que el exgobernador reconoció el pago de salarios a 25 docentes sin que ellos tuvieran derecho a ello.
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Lo hizo, según el escrito de acusación de 82 páginas, a través de la Resolución 1198, durante el tiempo que fungió como gobernador. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el documento dio pie para que se autorizara el pago de salarios que oscilaban entre los $8 y $45 millones para cada docente. Los montos fueron asignados después de que a los profesores se les liquidaran los costos que se les adeudaban por sus servicios entre 2003 y 2005, por salarios que dejaron de pagarse.
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Entre otras cosas, la resolución también dejaba claro que los docentes en el momento de su contratación acreditaron el escalafón, es decir, el grado y categoría en que se habían inscrito de acuerdo con el régimen del magisterio. Esa situación quedó consignada porque un abogado, quien defendía los intereses de los profesores tiempo atrás, solicitó el pago de los salarios con base en el escalafón que cada uno ostentaba. La Fiscalía reprochó esa situación, porque el gobierno de turno dejó claro cuáles eran las modalidades de contratación y con ello se estipuló que era por prestación de servicios.
Con ese antecedente lo que más llamó la atención de la Fiscalía fue el monto que la resolución autorizaba a pagar. Eran exactamente $359 millones, pero con unos “intereses moratorios” que ascendían a los $779 millones y una indexación superior a los $146 millones. En conclusión, lo que el exgobernador terminó autorizando con esa resolución fue el pago de más de $1.285 millones a nombre de Silvio Elías Murillo, el abogado que tenía la defensa de los más de 20 docentes.
Con base en esos antecedentes, la Fiscalía le reclamó tres conductas a Córdoba Zabala. El ente acusador halló que la resolución atendía una solicitud que presentaron los 25 docentes a través de un abogado, no obstante, esa petición no era reciente, tenía al menos ocho años de existencia y ya había sido resuelta. Por otro lado, la Fiscalía reprochó que el exgobernador no tuvo en cuenta que los profesores tenían un contrato por prestación de servicios, por lo que no implicaba que se hablara de una liquidación o del pago de servicios con base en los escalafones que tenían. Además, no tuvo en cuenta que las deudas con los docentes ya habían quedado saldadas años atrás.
“En suma, se acusa al señor Córdoba Zabala porque al expedir la resolución censurada violó flagrantemente las normas y jurisprudencias que han sido puntualizadas, cuando reconoció, liquidó y ordenó el pago de la diferencia salarial a favor de 25 docentes que no estaban inscritos en la carrera administrativa de que trata el Decreto 2277 de 1979, valiéndose de una escala salarial que para los años liquidados no estaba vigente”, dice el escrito de acusación conocido por este diario, que añade que el exmandatario tuvo conductas ilícitas.
Entre otras cosas, la Fiscalía halló que la resolución ordenó tales pagos aun cuando hubo ocasiones en que algunos docentes no laboraron entre dos y tres meses seguidos porque su contrato no empezó en enero sino en marzo. “Es decir, la Fiscalía le censura al doctor Córdoba Zabala que hubiera incluido dentro de la liquidación los tres primeros meses de 2003, porque con ese reconocimiento el departamento asumió unas cargas presupuestales que no le correspondían”, explica el escrito de acusación.
“Es ampliamente visible que el gobernador Malcom Alí Córdoba Zabala en la expedición de la Resolución No. 1198 de 2011 no haya previsto e incorporado la disponibilidad presupuestal del Departamento para comprometerse al pago de $1.285.126.872, lo que significa que fue un compromiso adquirido por la entidad territorial que no contó con certificado de disponibilidad presupuestal y mucho menos con registro presupuestal, habiendo sido una circunstancia relevante, tanto así que las partes beneficiadas con el acto administrativo censurado promovieron acciones judiciales en contra del ente territorial orientadas a satisfacer el pago de la obligación allí dispuesta”, dice el documento.
El despacho del magistrado de la Sala de Primera Instancia, Jorge Caldas, verificará si, como lo dijo la Fiscalía, el entonces gobernador autorizó un desembolso de dinero indebido a cargo del departamento del Chocó. En su momento la designación por nueve meses de Córdoba Zabala la hizo el entonces presidente Juan Manuel Santos atendiendo a una orden judicial que dejaba inhabilitado por 18 meses del cargo a Patrocinio Sánchez, hermano de Odín Sánchez, quien estuvo condenado por nexos con paramilitares y fue secuestrado por el Eln.
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