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En una aclaración de voto que más parece una acusación contundente por parapolítica, los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Marco Antonio Rueda y César Augusto Reyes dejaron constancia de su malestar por la prescripción del expediente que favoreció en mayo pasado al senador liberal Lidio García Turbay, investigado por sus presuntos nexos con las autodefensas. El proceso estaba en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, encargada de impulsar este caso, quien concluyó que debía extinguirse la acción penal pues había pasado casi una década desde que la Corte comenzó sus pesquisas y se había cumplido el tiempo máximo para investigarlo. Sus colegas de la Sala firmaron a regañadientes esa decisión, pero Rueda y Reyes fueron más allá y acusaron a Lombana de graves omisiones en la conducción de este expediente y de haber permitido que éste, a pesar del cúmulo de evidencias que tenía, tuviera que cerrarse.
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Los magistrados Rueda y Reyes recordaron en su aclaración de voto que a raíz de otro caso que en el pasado tuvo que ser archivado por prescripción, la Sala de Instrucción dispuso la necesidad de que cada despacho efectuara un “control estricto de los procesos” para evitar nuevos escenarios de impunidad. “Ello, sin embargo, fue obviado en este asunto, sin que se brindara explicación a esa impasibilidad en el transcurso del tiempo (…) a pesar de la gravedad y univocidad de la prueba de cargo”, señalaron en un documento de 32 páginas en poder de El Espectador. Asimismo, señalaron a su colega Lombana de haberles ocultado información del expediente contra García Turbay, en particular que desde el 19 de agosto de 2019 –esto es, tres años atrás– el hoy alcalde de Cartagena William Dau Chamat y Luisa Victoria Terán habían advertido en un documento que si no se avanzaba en el proceso, éste podía prescribir, tal como efectivamente aconteció.
Los magistrados Rueda y Reyes añadieron que luego de revisar el expediente en detalle encontraron evidencias sólidas, testimonios y hasta grabaciones que le permitían a la Corte abrir investigación formal contra el senador Lidio García Turbay e incluso acusarlo por el delito de concierto para delinquir agravado por sus supuestos vínculos con los paramilitares. Por eso lamentaron “la desidia” con la que se investigó el caso y concluyeron rotundos: “Plurales eran los elementos de persuasión que confirmaban de manera categórica las sindicaciones que le formuló al senador García Turbay el deponente (testigo) Édgar Ignacio Fierro Flórez, apodado Don Antonio, otrora integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien tuvo la condición de comandante dentro de la organización delincuencial”. Don Antonio, mano derecha del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, hizo acusaciones graves contra el senador Lidio García.
Por ejemplo, refirió que supo en su momento que el comandante político de las autodefensas Carlos Mario García, alias Gonzalo o El Médico, que tenía cierto parentesco con Lidio García Turbay, le había ayudado en su elección a la Cámara de Representantes del año 2006. Un testimonio que fue corroborado por otros exparamilitares, quienes además recordaron supuestos encuentros entre el parlamentario y miembros de la organización ilegal. Es así como Eugenio José Reyes Regino, alias Güeño, exintegrante del Frente Canal del Dique, relató “haber visualizado en el primer semestre de 2003 la asistencia del ahora senador García Turbay a un encuentro con los miembros de las autodefensas. Asimismo, que le constaba, nada menos que por percepción directa, las reuniones que mantuvo el aforado atrás referido con Pedro Abelardo López, que tenía la calidad de comandante político de dicha agrupación”, dice el documento de Rueda y Reyes.
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Dicho encuentro del año 2003 coincide con la campaña que hizo a la gobernación de Bolívar Libardo Simancas, quien resultó elegido en esos comicios y tiempo después fue condenado por parapolítica. De hecho, en ese proceso contra Simancas aparecen varias fotografías de él junto a Lidio García en actividades proselitistas. Pero hay más indicios delicados. Aleider García Soto, alias Primo, escolta de Pedro Abelardo López, alias Peter, le contó a la justicia que presenció “no uno, sino varios encuentros” entre Peter “y el entonces aspirante a la Cámara de Representantes”. A los testimonios de Don Antonio, Güeño y Primo se sumó el de Úber Enrique Banquez Martínez, alias Juancho Dique, dueño y señor de las autodefensas en esa región, quien en marzo de 2011 declaró sin rodeos que los “paras” le ayudaron a Lidio García Turbay desde que se lanzó a la Asamblea de Bolívar. Es decir, años antes de que se lanzara al Congreso.
Los magistrados Rueda y Reyes lo dicen de forma categórica en su aclaración de voto: “El deponente Banquez Martínez afirmó con idéntica orientación que le fue impartida por Salvatore Mancuso y alias Diego Vecino la orden de apoyar al tantas veces nombrado García Turbay en la candidatura a dicha corporación, a la que admitió el aforado que en efecto perteneció para la época en la cual habría recibido ese respaldo, que surge indicativo de su adhesión al grupo paramilitar”. El proceso contaba, además, con el testimonio que en su momento dio José Gélvez Albarracín, alias El Canoso, exjefe político del Frente Resistencia Tayrona. Según dijo, durante el trámite de la Ley de Justicia y Paz que le dio el piso jurídico al proceso con los paramilitares, alias Gonzalo “se encargó de alquilar el salón principal del Hotel Radisson” de Bogotá para discutir con los “senadores que eran del grupo” las intimidades de ese proyecto. Entre ellos estuvo, según El Canoso, Lidio García.
Aunque para 2005, cuando se aprobó la Ley de Justicia y Paz, Lidio García no era congresista todavía, sí estaba en campaña, para llegar un año después a esa corporación con más de 20 mil votos. En ese arqueo de evidencias en este caso, los magistrados Marco Antonio Rueda y César Reyes encontraron varias interceptaciones entre miembros de las autodefensas en las que se hablaba de su apoyo al entonces aspirante a la Cámara. En una de ellas, por ejemplo, alias Peter le dice a su interlocutor lo siguiente: “Estamos apoyando en este momento a un senador, puedo decir el nombre, (Vicente) Blel; en este momento esa es la directriz que nos ha dado Gonzalo y la fórmula de la Cámara es Lidio García. El amigo y yo tenemos votos amigos”. El veterano dirigente político Vicente Blel Saad fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 90 meses de prisión el 26 de enero de 2010 por sus comprobados vínculos con las autodefensas.
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“En otra conversación en poder de la Corte en la que intervino igualmente el sujeto de remoquete Peter –señalan en el documento los magistrados Rueda y Reyes–, se insistió en ese apoyo brindado al aforado García Turbay, indicativo de sus nexos con el grupo organizado al margen de la legalidad”. En dicho diálogo Peter señaló: “No, espérate, no me importa si lo sacan, a mí lo que me importa es lo que lo ha comentado Gonzalo. Qué me dice Gonzalo: ‘Peter, necesito que me apoyes a Vicente Blel, esos son los dos que le interesan primero, porque Lidio es primo hermano de él”. Todos esos testimonios, grabaciones y reportes judiciales fueron recogidos en su momento por la Sala Penal de la Corte Suprema, pero en 2018 ese expediente fue enviado a la recién creada Sala de Instrucción y por reparto le correspondió a la magistrada Cristina Lombana. Y aquí está la crítica más feroz de los magistrados Rueda y Reyes: según ellos, Lombana puso en el congelador el proceso.
Ese “inusual desinterés en el acopio de la prueba”, según Rueda y Reyes, se evidencia en que, por ejemplo, solo en febrero de 2021 el despacho de Cristina Lombana dispuso avanzar en la ubicación de varios exjefes paramilitares y en la ampliación de las versiones de Juancho Dique y Don Antonio. “Esas órdenes no pasaron de constituir una mera formalidad”, pues “en verdad nada fue desplegado con realidad para el acopio efectivo” de estas evidencias, señalaron Rueda y Reyes en su constancia ante la Corte. Con algo más que ellos calificaron como una decisión “insólita”: en abril de 2021 la magistrada Lombana ordenó “aplazar hasta nueva orden tales declaraciones”. Tampoco se agendaron las versiones de Jorge 40, Peter, Primo o Güeño, insistieron Rueda y Reyes. En cambio, agregaron, el despacho de Lombana sí hizo todos los esfuerzos por entrevistar en Argentina a alias Gonzalo, quien se encuentra prófugo de la justicia por el delito de homicidio.
Para los juristas, era previsible que Gonzalo, tal como ocurrió, no dijera nada sobre su pariente Lidio García Turbay, pues no estaba obligado a hacerlo por ley. En cambio, “con implícito desdén” se dejó de escuchar a exparamilitares que estaban en Colombia “prestos a develar, estos sí, el compromiso de García Turbay con la estructura paramilitar del departamento de Bolívar”. Pero hay otras cosas delicadas. Según los magistrados Rueda y Reyes, no existe prueba en el expediente de autorización o permiso del gobierno argentino a la magistrada Lombana para que pudiera ingresar a ese país a recibir el testimonio de Gonzalo en mayo de 2021 en el consulado de Colombia en Buenos Aires. “En síntesis, más importante que la práctica de esa declaración que nada aportó al esclarecimiento de los hechos, era efectuar en oportunidad la apreciación sobre la confluencia, univocidad y firmeza de las sindicaciones contra García Turbay”, concluyeron.
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Con todas estas evidencias y testimonios contra Lidio García Turbay, aunque muchas pruebas no se ampliaron, como ya se dijo, los magistrados Marco Antonio Rueda y César Reyes hicieron una valoración sobre la presunción de inocencia del senador liberal y determinaron lo siguiente: “Con soporte en las consideraciones esbozadas concluimos que en las presentes diligencias mal podía concederse preeminencia a la presunción de inocencia, pues los medios suasorios apreciados de manera conjunta habilitaban de tiempo atrás la apertura de la instrucción, incluso muy seguramente satisfacían también el estándar probatorio para una eventual acusación”. Es decir, para Rueda y Reyes había material probatorio suficiente para que el senador Lidio García fuera llamado a juicio por parapolítica, lo que habría interrumpido los tiempos de la prescripción del proceso. Pero eso no ocurrió. Ni siquiera fue llamado a indagatoria. Y su caso, como se sabe, ya fue archivado.
Además, los juristas plantearon que varios informes de policía judicial “reseñaron el elevado número de masacres perpetradas por la facción del grupo paramilitar que habría promocionado el senador García Turbay”, en particular las de Mampuján, en Bolívar, y Macayepo, en Sucre. Ambas tuvieron como protagonista al exjefe paramilitar Juancho Dique, justamente uno de los testigos contra el congresista. En ese sentido, Rueda y Reyes explicaron que la Corte debió abordar en la discusión del caso García Turbay que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha de su comisión, y que, por tanto, el delito de concierto para delinquir agravado por el cual estaba siendo investigado el senador Lidio García Turbay podía ser considerado un crimen de lesa humanidad. No obstante, criticaron que en la ponencia de la magistrada Lombana este asunto no fuera puesto en conocimiento de la Sala para avanzar en ese debate.
Los magistrados Rueda y Reyes fueron así de contundentes con este asunto: “Consideramos que los medios suasorios practicados o allegados en forma regular, legal y oportuna, determinaban el análisis sobre la posibilidad de considerar el punible atribuido al congresista García Turbay de lesa humanidad; por lo tanto, con imprescriptibilidad de la acción penal. Empero, a ese escrutinio fue sustraída la Sala ante una fragmentada relación de los elementos de convicción acopiados”. La dura constancia de los magistrados Marco Rueda y César Reyes conocida por El Espectador deja muy mal parados a la magistrada Cristina Lombana y al senador Lidio García Turbay. Sobre este último, aunque ya no podrá ser juzgado por parapolítica, lo cierto es que estas consideraciones sobre su presunto apoyo a las autodefensas, y cuyo caso debió ser declarado de lesa humanidad según los juristas, lo dejan para la historia bajo gravísima sospecha.
Este diario se comunicó con la magistrada Lombana para conocer su versión sobre esta historia. La togada expresó que sus colegas “cometieron imprecisiones en su aclaración de voto, frente a las que ya reaccionó Carlos Mario García, de quien dijeron era prófugo de la justicia, y mediante un derecho de petición, pidió rectificación. Considero que el documento tiene apreciaciones subjetivas que no rebatiré y algunos argumentos jurídicos que respeto, pero no comparto. Ante ello, no tengo interés en pronunciarme. Los jueces nos manifestamos mediante providencias y no debemos hacer caso de ataques personales, independientemente de su origen”. También consultamos a García, quien se defendió así: “En primer lugar, es del caso aclarar que no es cierto que hubiese sido ‘favorecido’ con un auto inhibitorio proferido por la Corte Suprema de Justicia. La aseveración irrespeta la majestad de justicia colombiana”.
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El senador agregó que los magistrados que firmaron la aclaración de voto estuvieron de acuerdo con cerrar la investigación, pero que “la aclaración obedece a un diferente criterio jurídico de los magistrados sobre la prescripción de la acción penal para este tipo de investigaciones. La Corte Suprema, por más de una década, recogió información y practicó pruebas tendientes a esclarecer si alguna de mis campañas políticas había obtenido beneficio por el actuar del paramilitarismo. Nunca se logró comprobar nada. La génesis de la extensa indagación preliminar que adelantó la Corte Suprema tiene su origen en mis contradictores políticos. Desde el inicio de mi ascendente carrera política he recibido ataques que han buscado opacar mi buen nombre. La investigación adelantada demostró mi inocencia porque jamás se obtuvo prueba que me relacionara con actividades ilegales. En buena hora es la Corte Suprema de Justicia mi juez natural”.
García remató así su respuesta escrita que hizo llegar a este diario: “Finalmente debo decir que no resulta de recibo el señalamiento que se me hace con el único objeto de opacar mi carrera política, pretender vincularme con las actividades de un pariente de mi padre, un pariente lejano, que así lo pudo establecer la Corte y con el que nada he tenido que ver. Tal pretensión es discriminatoria y viola derechos fundamentales”. Más allá de la controversia y de sus versiones, en el expediente del senador liberal quedaron plasmadas las consideraciones que determinaron el cierre de la investigación por parapolítica a su favor, pero también las dudas que deja esta decisión.
Asimismo, la aclaración de voto de los magistrados Marco Antonio Rueda y César Augusto Reyes deja entrever su molestia con la magistrada que debía adelantar las investigaciones del expediente, Cristina Lombana, para que no prescribiera el caso, como lo había advertido el alcalde de Cartagena. Sin esta investigación en su camino, el senador García se perfila con más fuerza para presidir el Congreso en 2025, como parte de los acuerdos a los que llegó el liberalismo para declararse partido de gobierno durante la presidencia de Gustavo Petro.
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