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Ibagué será hoy el escenario de un nuevo capítulo en la construcción de paz y búsqueda de la verdad sobre el conflicto. Allí, a 220 kilómetros de Planadas, el municipio que vio nacer a las hoy extintas FARC, diez exmiembros y mandos medios del Comando Conjunto Central de esa guerrilla reconocerán su responsabilidad en más de 150 secuestros ocurridos en Tolima, norte del Huila y Quindío. Lo harán ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), instituciones y, lo más importante, delante de las víctimas, en una audiencia de reconocimiento de verdad, la primera en el ámbito regional en el caso 01 que investiga toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por las FARC.
Sin embargo, las dudas respecto al desarrollo de la audiencia se hicieron más fuertes en las últimas horas por cuenta de la situación de inseguridad que se vive en el departamento. A través de un comunicado, los exmiembros del Comando Conjunto Central manifestaron ser objeto de amenazas cada vez más intensas por parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, que tienen en sus filas más de 3.200 hombres y que son comandados por Iván Mordisco. La situación es tan crítica que los propios comparecientes pidieron aplazar la diligencia hasta que no se les garanticen “condiciones de seguridad y la de nuestras familias (…) nos pone en un estado de mayor vulneración”, explicaron los comparecientes.
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En las últimas semanas, las disidencias comandadas por Mordisco, quien ha estado en un vaivén sobre si seguir en diálogos con el gobierno, han desplegado una estrategia de financiación similar a la que implementó el Comando Conjunto Central a inicios de los 2000: la extorsión. El auge de estos crímenes ha llevado al gobierno del presidente Gustavo Petro a realizar consejos de seguridad, pues los gobernadores de Tolima y Huila le han pedido levantar el cese al fuego con el EMC. Ahora, la presencia de este grupo armado amenaza de frente la audiencia que busca entregar la verdad a cientos de víctimas, aun cuando la comandancia de esa disidencia ha asegurado tener una voluntad de paz en repetidas ocasiones.
El panorama es tan dramático que hasta la Corte Constitucional intervino. A través de un auto que firmó el pasado 19 de abril, el alto tribunal le pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) apersonarse de sus competencias y tramitar, de emergencia, soluciones para atender la situación de los comparecientes e implementar medidas de protección. Resaltó, además, que bajo ninguna circunstancia se deberán levantar o descompletar los esquemas de seguridad de los comparecientes que participarán en la audiencia. Los firmantes, por su parte, aseguran que hasta el momento no han recibido protección y responsabilizan, tanto a la JEP como a la UNP, “de lo que nos pueda pasar (de ahora) en adelante”.
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Fuentes cercanas a la JEP le dijeron a este diario que, de los diez excombatientes que están citados y confirmados para darle la cara a las víctimas durante la diligencia en Ibagué, dos de ellos presentan un alto riesgo, por lo que ya pidieron su reubicación. Además, señalaron que la situación para las víctimas es también crítica, pues muchas siguen pagando “vacunas” para poder transitar en sus territorios y, lo que es peor, volvieron a tener miedo de ser secuestradas. A pesar de todo, la JEP se ha mantenido firme en que la diligencia se llevará a cabo sí o sí. En diálogo con El Espectador, Julieta Lemaitre, magistrada de la Sala de Reconocimiento y Verdad y relatora del caso, aseguró que existe un compromiso inquebrantable con las víctimas.
La jurista agregó que desde esa instancia de justicia transicional ya se ha hecho una evaluación del asunto y se ha hecho un acompañamiento permanente a los comparecientes. De acuerdo con la magistrada, ese seguimiento se ha hecho visible “tanto con una mesa técnica de prevención, como con el monitoreo permanente, registrando las alertas emitidas por las entidades de Estado y por las mismas comunidades. La Secretaría Ejecutiva, a través de su departamento de seguridad, está en comunicación permanente con la Policía y la UNP para garantizar la protección de las diligencias”. “Estamos muy preocupados”, señaló Lemaitre, pero reconoce la importancia del respaldo que le dio la Corte Constitucional.
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El alto tribunal ya se había referido, en 2022, a la falta de garantías de los derechos fundamentales de los excombatientes, declarando el estado de cosas inconstitucional para solventar la crisis. La situación se agrava para los comparecientes que, durante años, han vivido en el sur del Tolima, puntualizó la magistrada Lemaitre, pues muchos de ellos, a raíz de la escalada de violencia en el territorio y las amenazas constantes, han tenido que salir de sus tierras. “Algunos han abandonado sus parcelas, dejar en rama la cosecha de café, abandonar los animales y refugiarse en la ciudad. Frente a estos se han tomado medidas temporales de reubicación de emergencia y se gestionan las definitivas”, precisó.
Por todos estos motivos, en la tarde del 25 de abril, en horas previas a la audiencia, se llevó a cabo un consejo de seguridad en Ibagué, liderado por la Policía y el Ejército, pero también con funcionarios de la JEP. Al término de la reunión, la jurisdicción reiteró su compromiso con las víctimas y aseguró que existen todas las garantías para cumplir con su llamado. Entre tanto, las disidencias siguen fortaleciéndose en Tolima, Huila y el Quindío, con el nacimiento del bloque Isaías Pardo, justamente donde ocurrieron los hechos por los que los 10 firmantes reconocerán su participación. La JEP, pero sobre todo las víctimas, esperan que su presencia no sea un palo en la rueda para el desarrollo de la audiencia de reconocimiento.
Hasta la cita llegarán víctimas como Hersilda Delgado, quien buscó a su hermana Leonella Delgado, desaparecida en 2005, como promesa a sus padres que fallecieron sin noticias de su hija. Leonella fue acusada de ser una informante del Ejército y asesinada en cautiverio. Durante la audiencia se espera que los comparecientes también reconozcan y cuenten todo lo que saben sobre el caso de Alba Yidia Olaya, quien fue secuestrada en agosto de 2001, víctima de violencia sexual y obligada a caminar varios kilómetros, amarrada de pies y manos. Hoy en día se encuentra exiliada. La expectativa está puesta en la audiencia de hoy y en la verdad que puedan escuchar los familiares de las víctimas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
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