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Al ya crispado ambiente político en el país, a raíz de la primera vuelta presidencial el pasado domingo, el nuevo ingrediente que llegó a atizar el fuego provino de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Al terminar la investigación por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño, el triunvirato encargado de las pesquisas se dividió. Mientras Alirio Uribe (Pacto Histórico) presentó una ponencia pidiendo abstenerse para continuar el proceso, sus dos colegas, Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido de la U) salvaron su voto y dejaron claro que, para ellos, sí hay pruebas para llamar a indagatoria al presidente.
(En contexto: Comisión de Acusación se divide entre archivar o llamar a indagatoria al presidente Petro)
Su postura la dejaron consignada en un documento de 46 páginas que presentarán al pleno de la Comisión la próxima semana. El mismo camino que debe recorrer la ponencia de Alirio Uribe. Una vez allí, ambas propuestas serán discutidas y votadas para establecer el futuro del presidente, que además tiene al menos 11 carpetas más en esta instancia, pero sobre su presunta participación indebida en política. Por ahora, el único que avanza es el que dividió al triunvirato que investiga a Petro. El expediente tiene que ver con la supuesta violación a los topes electorales que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya probó que ocurrieron y que al gerente de la campaña, Ricardo Roa, lo tiene enfrentando un proceso penal en la Fiscalía.
La génesis de este expediente es una investigación del CNE que, en abril pasado, concluyó que varios recursos utilizados durante la contienda presidencial de 2022 no fueron reportados ante la autoridad electoral. Entre los principales hallazgos figuran aportes de organizaciones sindicales que terminaron financiando actividades de campaña. El CNE estableció que COP 500 millones provenientes de la Unión Sindical Obrera (USO) fueron utilizados en ambas vueltas presidenciales sin ser incluidos en los informes oficiales. También determinó que otros COP 500 millones aportados por Fecode se destinaron a cubrir gastos de la primera vuelta a través de Colombia Humana. Además, identificó un préstamo de COP 500 millones del Polo Democrático que desapareció de la contabilidad final reportada.
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La autoridad electoral también concluyó que la campaña omitió reportar más de COP 1.100 millones destinados al pago de testigos electorales durante las dos vueltas presidenciales. Según la investigación, se desembolsaron COP 931 millones para 30.256 testigos en primera vuelta y COP 177 millones para otros 5.328 en segunda vuelta, recursos que no quedaron registrados en la contabilidad oficial. A ello se sumaron COP 530 millones de Colombia Humana destinados a gastos logísticos relacionados con esos testigos. En total, explicó el CNE, la campaña no reportó más de COP 3 mil millones y por eso sancionó a Roa, como gerente, Lucy Mogollón, como tesorera y a María Lucy Soto, como auditora.
¿Qué dice la ponencia a favor de Petro?
La ponencia del representante Alirio Uribe concluye que no existen elementos para continuar una investigación penal contra el presidente Gustavo Petro por la financiación de su campaña. Según el documento, las declaraciones de Ricardo Roa, Lucy Mogollón y Laura Sarabia muestran que el entonces candidato se concentró exclusivamente en las actividades políticas y programáticas, mientras que la administración financiera fue delegada por completo en la gerencia de campaña. Uribe sostiene que Petro no ordenó gastos, no ejecutó pagos ni tuvo acceso operativo a las cuentas bancarias de la contienda. Por el contrario, afirma que sus únicas instrucciones fueron verificar el origen legal de los recursos y respetar los topes electorales.
En consecuencia, considera que el hoy presidente ejerció únicamente una supervisión política general sin intervenir en la gestión administrativa. Frente al delito de fraude procesal, la ponencia sostiene que tampoco existen hechos que justifiquen una investigación. Uribe recuerda que los llamados “petrovideos”, utilizados inicialmente para denunciar posibles irregularidades, fueron excluidos del expediente por carecer de trazabilidad verificable y haber sido obtenidos sin autorización. Además, señala que auditorías internas, revisiones externas de Nexia Montes & Asociados y actuaciones del propio CNE concluyeron que los estados financieros reflejaban razonablemente la realidad económica de la campaña.
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¿Por qué Arizabaleta y Carrillo sostienen que hay pruebas para llamar a indagatoria al presidente?
En contraste, la ponencia de los representantes Gloria Elena Arizabaleta y Wilmer Ramiro Carrillo sostiene que Gustavo Petro no podía desligarse de la administración financiera de su campaña, pues la legislación electoral establece que el candidato responde solidariamente por la presentación de los informes contables y el cumplimiento de las normas de financiación. Según los investigadores, esa condición lo convertía en garante del correcto manejo de los recursos y le imponía deberes concretos de vigilancia, control y corrección de eventuales irregularidades. Para los congresistas, la magnitud de los hallazgos detectados por el CNE (que superan los COP $3.000 millones) hace difícil sostener que el entonces candidato desconociera lo que ocurría.
Este es el documento completo:
Entre esos hechos mencionan aportes sindicales no reportados, pagos a más de 30.000 testigos electorales y la alteración de facturas de transporte aéreo. Los representantes también afirman que las irregularidades no fueron hechos aislados, sino parte de una estrategia sistemática de financiación paralela que incluyó recursos de fuentes prohibidas, ocultamiento de gastos, omisión de pagos a testigos electorales y reportes contables que no reflejaban la realidad financiera de la campaña. A su juicio, estos hechos podrían configurar delitos relacionados con la financiación electoral y el fraude procesal, y por eso dejaron claro que el expediente tiene que seguir andando.
Además, cuestionan que la delegación de funciones en gerentes, tesoreros y auditores sea suficiente para excluir la responsabilidad del candidato. Apoyados en jurisprudencia de la Corte Suprema, sostienen que quien conserva el control estratégico de una organización puede responder penalmente aunque no ejecute directamente las conductas investigadas. Por ello concluyen que existían indicios suficientes para profundizar la investigación y establecer el grado de participación de Petro. En conclusión, el documento sostiene que “la magnitud de las irregularidades detectadas habría debido ser perceptible para cualquier persona que ejerciera de manera diligente el deber de vigilancia sobre las finanzas de la campaña”.
Ahora ¿qué sigue?
Ambas ponencias tendrán que ser votadas por el pleno de la Comisión de Acusaciones, encabezada por la misma Arizabaleta, quien incluso busca que las votaciones sobre los expedientes a nombre del presidente Petro sean públicas. La propuesta tiene un trasfondo: el Congreso está a 17 días de finalizar su periodo y la célula legislativa podría instaurar el precedente para que la próxima cohorte de congresistas decida a fondo sobre el caso contra el mandatario. A eso se suma otro punto clave: la posibilidad de ejercer mayor escrutinio sobre los congresistas que votarán, planteada por una figura que viene de las mismas filas del Pacto Histórico.
Los votos se jugarán entre 18 representantes: Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta, Jorge Alejandro Ocampo (Pacto Histórico), Katherine Miranda, Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde), Kelyn Johana González, José Octavio Cardona, María Eugenia Lopera (Partido Liberal), Juan Carlos Wills, Daniel Restrepo (Partido Conservador), Jorge Eliércer Tamayo, Wilmer Ramiro Carrillo (Partido de la U), William Ferney Aljure, Jorge Rodrigo Tovar (Citrep), Carlos Alberto Cuenca (Cambio Radical), Hernán Cadavid y Óscar Villamizar (Centro Democrático). El último voto sería el de Wadith Manzur (Partido Conservador), quien presentó su renuncia a la comisión y fue capturado por su presunta participación en el saqueo de la Ungrd.
Las ponencias tendrían al menos ocho votos a favor. El oficialismo perdería su mayoría con el salvamento de voto de Arizabaleta, quien a pesar de venir de la lista del partido de izquierda (una adición desde La Fuerza, el partido de Roy Barreras), se posicionó a favor de la indagatoria. La misma congresista fue la que pidió, en abril, unificar todos los expedientes contra el mandatario por violación de topes en la campaña para así acelerar una decisión en torno a esos casos. Por el momento, el presidente ya se pronunció sobre el salvamento de voto. A través de su cuenta de X, afirmó: “Ya amenazaron (con) encarcelarme sin cometer un solo delito. Ya sabemos que viene si no se detiene la época oscura de Colombia”.
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