La batalla por el reconocimiento que libra una víctima de la bomba contra el DAS

Una vida que no tiene nada que ver con la que tenía antes del atentado, en la que gozada de salud y solvencia económica, y que espera que le sea restituida de alguna manera, ahora que la Corte Constitucional le ordenó a la Unidad de Víctimas que revise su decisión de no incluir a Jiménez Melo en el Registro único de Víctimas (RUV), lo que, de darse, derivaría en una reparación económica.

La Unidad de Víctimas no incluyó al hombre de 74 años en el RUV por considerarle víctima del narcoterrorismo, en este caso del Cartel de Medellín, y no víctima del conflicto armado, requisito para acceder a la reparación en el marco de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) que regula estos casos. Pero para la Corte Constitucional, la Unidad, sostiene en su reciente sentencia, no puede “restringir de manera excesiva la condición de las víctimas”.

Para el alto tribunal, a la luz de la Ley de Víctimas, son víctimas quienes “sufran perjuicios por causa de homicidios u otros atentados o agresiones contra la vida, la integridad física, la seguridad o la libertad personal, cometidos por móviles ideológicos o políticos”. A lo que le agrega la interpretación de una “realidad sociológica” que la Unidad de Víctimas estaría desconociendo en el caso de Jiménez Melo: que “el modo de operar del narcoterrorismo (…) perseguía fines políticos, por lo cual es responsabilidad del Estado a la luz de la Constitución”.

Para casos como este ya hay un antecedente. En octubre de 2013, las 107 víctimas de la bomba que el cartel de Medellín hizo explotar el 27 de noviembre de 1989, en el vuelo HK-1803 de Avianca, fueron reconocidas como víctimas del conflicto, tras una batalla jurídica liderada por Federico Arellano, hijo de Gerardo Arellano, uno de los muertos durante el atentado.

La mañana del estallido de la bomba, recuerda Jiménez Melo con dificultad, estaba en el complejo judicial de Paloquemao, atendiendo una citación por una denuncia que le interpuso uno de sus clientes del taller de mecánica. Esperaba a su abogado a las afueras de la edificación cuando la onda de la explosión lo alcanzó y lo tiró al piso.

Después de estar un mes en estado de coma, se despertó en el hospital San Ignacio sin tener idea de lo sucedido. No podía hablar, su rostro estaba desfigurado. Durante esos días de inconsciencia había sido intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones. Diez meses más tarde fue dado de alta, salió del hospital en una silla de ruedas y con secuelas físicas para el resto de su vida.

Por varios años tuvo que caminar sostenido de las paredes. Su mente era lenta, como si aún no reaccionara de la explosión. Jiménez Melo regresaba al taller donde tuvo empleados a su cargo, pero ya no podía trabajar, sus manos y sus sentidos no le respondían igual. Vivía de la limosna que sus amigos, los que lo conocieron entero, le daban.

De su vida anterior no quedó nada. Ni los viajes al mar ni la ropa lujosa: la gabardina, el sombrero y las joyas que solía lucir. Tampoco pudo volver a apoyar a los equipos de fútbol aficionado que patrocinó en sus buenos tiempos. Los mismos que alzan trofeos en fotos antiguas que Jiménez Melo guarda como el recuerdo del “antes de la bomba”.

En adelante, su existencia se volvió una lucha por sobrevivir con los $120.000 que recibe del Estado como subsidio. Los días se le van en tratamientos y terapias que no han cesado desde la explosión. Y desde hace varios años, en una disputa jurídica para que se le reconozca como víctima, en una decisión que de darse por parte de la Unidad de Víctimas, podría ser vital para muchas personas que esperan ser reparadas por las secuelas que la violencia del narcotráfico dejó en sus vidas.