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Cuando los más creyentes empezaban apenas a celebrar los ritos de la Semana Santa y a conmemorar la pasión de Jesús, en el suroccidente del país las bombas instaladas por las disidencias de las Farc ya cobraban sus primeras víctimas. Durante los últimos días, los departamentos de Cauca, Huila y Valle del Cauca han sido objeto de hostigamientos constantes por parte del grupo armado dirigido por alias “Iván Mordisco” quien, según las autoridades, estaría detrás de la muerte de cuatro civiles y afectaciones a más de 30 personas que resultaron heridas por los artefactos explosivos instalados por ese grupo armado. Las autoridades intentan hacerle frente a la situación, aumentando la presencia militar y policial en territorio.
El primer ataque, dirigido directamente en contra de la Fuerza Pública, ocurrió en la mañana del martes santo, 15 de abril. Un grupo de soldados adelantaban labores de patrullaje en el corregimiento de Potrerito en Jamundí (Valle del Cauca), cuando disidentes de las Farc los emboscaron y activaron un campo minado. El hecho dejó un uniformado herido de gravedad.
En el mismo sitio del ataque, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del soldado profesional Julio César Vásquez, quien había sido secuestrado el 7 de abril en Santander de Quilichao (Cauca). El general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, dijo que la muerte de Vásquez habría sido usada como señuelo para perpetrar el ataque.
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Al día siguiente, en la mañana del miércoles santo, los ataques con explosivos se concentraron en Santander de Quilichao. El primero ocurrió sobre las 7:30 de la mañana, en el sector de San José. Una detonación a las afueras de las oficinas de la Compañía Energética de Occidente (CEO) causó la muerte de Miller Balanta Molina, conductor de una grúa.
Otro trabajador resultó herido y fue trasladado de urgencia a un hospital en Cali. Ese mismo miércoles, a menos de 100 metros del lugar de la primera explosión, hubo una segunda detonación de un artefacto explosivo, según las autoridades, activado a control remoto. Un civil y un suboficial del Ejército sufrieron heridas, además de un perro que también estaba allí.
Antes de que amaneciera el jueves santo, las detonaciones alertaron de nuevo a los habitantes de Jamundí. Sobre la 1:30 de la madrugada, habitantes del corregimiento de Robles se despertaron por el sonido de un tatuco que lanzaron hombres no identificados. De inmediato se desplegaron unidades de la fuerza pública para asegurar la zona.
Al mismo tiempo, en el municipio de Dagua, las comunidades alertaron sobre la presencia de un vehículo, al parecer cargado con explosivos. Hasta el sitio llegaron las autoridades para verificar la situación y desactivar la carga. La Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de $200 millones para dar con los responsables de los tres hechos.
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El viacrucis continuó. Sobre el mediodía del mismo 17 de abril, un carro bomba explotó a pocos maestros de la estación de Policía del corregimiento de Mondomo (Santander de Quilichao). El quinto ataque con explosivos de la Semana Santa y el tercero que ocurría en menos de 24 horas en ese municipio. La explosión del artefacto, que había sido camuflado en un furgón, cobró la vida de una civil: Ester Julia Camayo, reconocida líder indígena y productora de café.
La mujer estaba junto a su hija esperando el bus hacia el municipio de Caldono, cuando ocurrió la detonación. La líder murió en el lugar de los hechos, mientras que su hija permanece en grave estado de salud en la Clínica Valle de Lili, en Cali. Otras dos personas resultaron heridas.
Al final del jueves santo, los devotos que salían de los actos religiosos en La Plata (Huila) fueron sorprendidos por la onda explosiva de una motocicleta bomba instalada frente a un hotel, a pocos metros de la estación de Policía del municipio. Las imágenes del ataque eran desgarradoras: fuego, gritos, llanto y voces de preocupación.
Los hermanos Luisa Fernanda y Sergio Trujillo Peña, de 19 y 17 años, murieron en el hecho. La explosión dejó a 24 personas heridas y destruyó la estación de Policía, viviendas y locales comerciales. En la tarde del viernes fue revelada la imagen de quien habría conducido la motocicleta hasta el lugar de la explosión y ya hay una recompensa de $300 millones por información que permita su captura.
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La Defensoría del Pueblo denunció que estos ataques son infracciones al Derecho Internacional Humanitario y le pidió al Gobierno no pasar por alto las dos alertas tempranas emitidas sobre la región. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro le ponía los puntos sobre las íes a alias Iván Mordisco”, en su cuenta de X. Aseguró que la acción en la Fuerza Pública estará concentrada en replegar a “las mal llamadas disidencias. (…) Les hemos propinado serias derrotas. Sus frentes en la Amazonía están siendo desmantelados y alias “Iván Mordisco” huye; los frentes saboteadores de la paz, en el Cauca, han perdido su principal zona económica: el Micay, por eso pasan al terrorismo poniendo bombas a la población civil en La Plata (Huila)”, escribió Petro.
En la tarde del viernes, una comitiva liderada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, llegó hasta La Plata para verificar la situación y tomar decisiones al respecto. Acompañado de la cúpula militar y de Policía, así como de los mandatarios regionales, el funcionario pidió a la comunidad apoyo con información que permita la captura de los responsables de los ataques.
Además, lanzó un mensaje que dejó ver los problemas de articulación institucional revelados también por el exministro, Iván Velásquez: “La paz no depende de la voluntad de los terroristas, sino de la acción efectiva del Estado”, dijo Sánchez. Sin presencia articulada del Gobierno, el viacrucis por cuenta de los grupos armados continuará.
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Por Gustavo Montes Arias
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