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“La fuga se facilitó por una cadena de corrupción de varios funcionarios del INPEC”, reposa en el fallo de 63 páginas que condenó a David Alexander Álvarez Cárdenas, un capitán del Inpec que, según el Juzgado 57 penal del circuito de Bogotá, tuvo responsabilidad en la fuga de la excongresista Aida Merlano, ocurrida en octubre de 2019, luego de asistir a una cita odontológica. La política conservadora fue condenada a más de 10 años de prisión por delitos electorales luego de que, a través de una empresa criminal dedicada a la compra de votos, llegara a ocupar una silla en el legislativo.
Merlano planeó milimétricamente su fuga. Lo hizo tras su desplazamiento hasta una cita odontológica en el norte de Bogotá, en un procedimiento de diseño de sonrisa al que estaba acostumbrada a asistir. Con lo que no contaban las autoridades es que durante la diligencia médica estuvieran presente sus dos hijos y tras unos minutos en el consultorio, a través de una soga se lanzara por la ventana. La mujer que cayó severamente a la calle principal fue recogida por una moto que tenía logos de la empresa domicilios Rappi.
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Una vez ocurrió la cinematográfica fuga, las autoridades judiciales se dieron a la tarea de seguirle el rastro a quienes estuvieron detrás del plan de la política conservadora. Tras más de dos años, el Juzgado 57 penal del circuito de Bogotá condenó a Álvarez Cárdenas a un poco más de nueve años de prisión por los delitos de prevaricato y favorecimiento de fuga, y en el fallo de 63 páginas dejó al descubierto lo que denominó la “cadena de corrupción” que le dieron vida al plan de Merlano.
En ese orden de ideas, bajo el radar de las autoridades judiciales está la teniente Martha León Tolosa, quien, en su condición de comandante encargada de la Unidad de Vigilancia y Custodia de la Cárcel de Mujeres el Buen Pastor, sin razón alguna envió un oficio a la unidad de perfilación del Grupo de Seguridad Penitenciaria (Gosep) en el que da cuenta de reportes de seguridad de las mujeres privadas de la libertad que estaban ubicadas en el Pabellón Quinto, lugar en el que se encontraba la excongresista. El documento fue enviado cinco meses antes de la fuga.
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Dos días después al envío del informe se falsificó un acta que fue elaborada, según el juzgado por Efrén Vargas, entonces coordinador del Gosep. En ella quedó consignado que el Comité de Seguridad le reducía el nivel de seguridad a la excongresista de uno a dos. Esto ocurrió pese que ese día no sostuvieron reuniones para debatir tal hecho. La situación generó suspicacia debido a que Merlano, por tratarse de una exfuncionaria pública no puede ser clasificada por niveles en su grado de seguridad ya que se encuentra recluida en pabellones especiales. Lo que reposa en el fallo es que el acta falsificada y el oficio que daba cuenta de un cambio en el esquema de seguridad de Merlano estuvo en poder de Álvarez Cárdenas luego de que fue remitido desde la cárcel Picaleña, en Ibagué, a la Buen Pastor en Bogotá.
En el andamiaje de documentos irregulares que empezaron a mover la fuga de la política quedó que todo entraba a regir desde el 31 de julio de 2019, momento en el que la remisión de Merlano a las citas médicas ya no se hacía a través de los grupos especiales de Inpec, que estaban dotados con armas cortas y largas, sino cuando estuviese un solo guardián para su custodia.
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El documento que condenó al capitán Álvarez no solo dejó expuesta la responsabilidad del hombre, sino también la de la subdirectora de la cárcel El Buen Pastor, para la época, Katherine Lozano, y de la directora de la Oficina Jurídica, Olga Lucía Wittinghan Martínez, quienes junto con Álvarez, firmaron lo que se denomina la orden de trabajo de Merlano, con base en la cual se expedía la boleta de remisión, sin que la política estuviera en ninguna de las circunstancias de salud grave que establece la norma que se pueden hacer la remisiones, ya que el tratamiento odontológico que se le iba a realizar era de carácter estético.
En ese orden de ideas, lo que dijo el despacho es que la disminución del nivel de seguridad de Merlano fue producto de un delito, por la elaboración y posterior utilización de un acta falsa sin firmas. Durante ese entramado, no le quedó duda al juzgado que existió una “cadena de corrupción” ya que en la elaboración de esa acta participaron el dragoneante Carlos Eduardo Penagos Acosta, quien era el subordinado de quien hacía de secretario técnico del Comité de Seguridad Penitenciaria y Carcelaria, el capitán Carlos Efrén Vargas Carvajal.
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El documento también llegó a manos de la teniente León Toloza, quien para ese momento era la encargada del comando de vigilancia de dicho Centro de Reclusión. Lo que reprocha el Juzgado es que el acta falsa “va de mano en mano como una especie de posta en una carrera de relevos”, que finalmente terminaba beneficiando a Merlano. El camino del documento no culminó ahí. Pasó también por Diana Marcela Montoya Y Luis Alejandro Ramos, quienes para la época de los hechos se encontraban a cargo de la vigilancia, seguridad y custodia de la política.
En la lupa de las autoridades también está Julián Segundo Pérez que, pese a que inicialmente se opuso a la remisión de Merlano por falta de guardias, finalmente terminó ordenando su traslado por orden de Álvarez Cárdenas, hoy condenado. En ese caso, le reprochan a Pérez que a sabiendas de que se podía pedir apoyo a la policía, sino había guardias suficientes, no autorizó un cambio de seguridad.
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Entre otras cosas, también está bajo el radar de las autoridades Margy Tatiana Ríos, quien hacía parte de la Oficina de Remisiones de la cárcel. Durante la ocurrencia de los hechos, la funcionaria dijo que existía una acción de tutela que daba cuenta de la orden que tenía la política para salir a cumplir la cita con el odontólogo. En la misma línea, Adriana Acosta Heredia, que se desempeñaba como funcionaria de la cárcel en el área de salud, firmó la boleta de remisión sin revisar los motivos por los cuales tenía que asistir a la diligencia.
Pese a que el juzgado condenó a Álvarez Cárdenas, no deja de lado la compulsa de copias a la Fiscalía General en contra de Ríos, Pérez, León Toloza, Montoya, Ramos, Lozano y Wittinghan Martínez por considerar que los entonces funcionarios tuvieron culpa en la fuga de la excongresista que hoy se encuentra prófuga de la justicia colombiana en Venezuela donde fue capturada durante 2020.
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