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Demoras, aplazamientos, conflictos de competencias que no existían, entre otros problemas, llevaron a que, en 2018, Carlos José Robayo Escobar, alias Guacamayo, quedara en libertad, tras haber sido condenado en 2017 a 42 años de prisión. A este hombre, que pasó de sicario del cartel de Cali al del norte del Valle, la Policía lo recapturó el pasado 29 de julio en La Dorada (Caldas). ¿Cómo logró recobrar su libertad para, al parecer, volver a delinquir, e, incluso, liderar la organización criminal La Gran Alianza con una condena en firme? La respuesta no es otra que usando la Constitución a su favor.
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La Policía capturó hace unos días a Guacamayo, quien, según información de inteligencia, “se encargaba de liderar actividades de envío de clorhidrato de cocaína desde la Costa Pacífica colombiana hacia Centroamérica y Estados Unidos, gracias a su nexo con antiguos narcotraficantes que fueron extraditados y que, posteriormente, retornaron a Colombia”. La Fuerza Pública añadió que el hombre asumió las banderas de La Gran Alianza, organización conformada por antiguos narcos del norte del Valle, tras la captura el año pasado de Greilyn Fernando Varón Cadena, alias Martín Bala.
No obstante, a Guacamayo no lo capturaron por sus nuevos crímenes, sino por la condena a 30 años de prisión que tiene por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas. Por ese proceso había sido capturado cuando volvió a Colombia tras pagar una condena que le impuso la justicia estadounidense. La primera sentencia en nuestro país le llegó en septiembre de 2017. Sin embargo, meses antes, el abogado del narco había pedido que lo dejaran en libertad por vencimiento de términos, sin que un juez dijera sí, pero tampoco no.
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Desde julio de 2017, el abogado Álvaro Díaz pidió que dejaran en libertad a Guacamayo, puesto que la Fiscalía había tardado más de tres años en resolver su situación. La solicitud le llegó al Juzgado 17 de Garantías de Cali, pero, pese a que los jueces tienen tres días para resolver estas peticiones, el despacho fijó la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento para dos meses después: en septiembre. Este, al final, fue lo que motivó la libertad del narco. Cuando llegó el día de la diligencia, el fiscal del caso no llegó. Aplazaron la audiencia otras ocasiones y luego el juez dijo que no era competente.
Mientras todo esto pasaba, Guacamayo estaba en juicio ante el juez Primero Especializado de la capital del Valle. Sin embargo, la solicitud de dejarle en libertad no llegó a este despacho, sino al Tribunal Superior de Cali. Los magistrados aseguraron en octubre que “la decisión sobre la libertad radicaba en el juez que conocía su caso”, según documentos en poder de este diario, con lo cual devolvieron el expediente al juez Primero. No obstante, para ese momento ya el hombre había sido condenado y el juzgado no se pronunció en lo absoluto sobre su solicitud de libertad.
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La condena fue apelada de inmediato por la defensa de Guacamayo, que además se cansó de que el juez primero tampoco decidiera sobre la solicitud de libertad por vencimiento de términos e interpuso un habeas corpus. El recurso llegó, una vez más, al Tribunal Superior de Cali. Allí, la magistrada Mónica Calderón Ruiz aclaró que, aunque el daño ya estaba conjurado para Guacamayo, no era una discusión que se pudiera subsanar con el fallo condenatorio, pues el abogado del narco había pedido la libertad antes de que condenaran a su cliente.
El Tribunal, entonces, accedió a concederle la libertad a Guacamayo, así: “Resulta evidente que para el momento en que Carlos José Robayo Escobar había solicitado la revocatoria de la medida de aseguramiento tenía derecho a ella (…). Si lo anterior emerge con claridad, lo más acertado será dar aplicabilidad a la sentencia de la Corte Constitucional (C-221 de 2017), donde se dispone la procedencia del habeas corpus, para quien, habiendo solicitado la libertad y con derecho a la misma, no se le haya resuelto en el término oportuno”.
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El fiscal del caso entuteló a la magistrada que ordenó darle la libertad a Guacamayo y el caso llegó hasta la Corte Suprema. En criterio del funcionario, el Tribunal Superior e Cali vulneró su derecho al debido proceso. No obstante, la Sala Penal de la Corte pensó distinto y dejó en firme la libertad. “El hecho (de) que el juez de Habeas Corpus haya tomado una decisión con base en la jurisprudencia, que, según su criterio, era la más acertada, no vulnera el derecho al debido proceso. Pues ello obedece al criterio del fallador dentro de la competencia y autonomía constitucional y legal”, se lee en la sentencia de tutela.
Guacamayo quedó así en libertad a comienzos de 2018, luego de que la justicia concluyera que tenerlo preso le estaba vulnerando derechos fundamentales. Todo indica, sostiene la Policía, que el hombre volvió a delinquir y aliado con Martín Bala y otros narcotraficantes de el occidente del país siguió dedicado al negocio de la coca. Luego, la sentencia condenatoria en su contra fue confirmada en segunda instancia, pero las autoridades le perdieron el rastro hasta este año, cuando, tras meses de seguimientos por parte de inteligencia de la Policía, fue hallado en La Dorada (Caldas) se había hecho hasta operaciones para cambiar su aspecto físico, pero no así pudo evadir su captura.
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