La caída de Arias, el alfil del uribismo

De no ser por los cerca de 37.000 votos de diferencia con los que la exembajadora Noemí Sanín se impuso a Andrés Felipe Arias en la consulta conservadora de 2010, el exministro de Agricultura habría sido el candidato presidencial azul y —seguramente— ungido como el heredero y sucesor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien siempre ha tenido una estrecha relación. De no ser por esos sufragios, Arias habría sido elegido —y hasta reelegido— presidente. Pero el exministro perdió, a los pocos meses —septiembre de 2010— fue llamado a indagatoria por su participación en el escándalo de Agro Ingreso Seguro y ahora —pasados casi cuatro años— se enfrenta a una pena de hasta 40 años de prisión después de que la Corte Suprema de Justicia lo hallara culpable de los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.

Arias goza —por ahora— de sus últimos días en libertad, ya que, de acuerdo con su abogado, Jorge Aníbal Gómez, se encuentra fuera de Colombia con su familia y la Corte Suprema no va a librar ninguna orden de captura en su contra hasta que se conozca su pena.

Subsidios para ricos

De acuerdo con el alto tribunal, el exministro Arias “con pleno conocimiento de la ilegalidad de su conducta, propició la entrega de los subsidios de AIS en la forma irregular señalada en la acusación y concretó un concurso homogéneo de punibles de peculado por apropiación en favor de terceros”, por lo que estos subsidios, que eran para pequeños y medianos campesinos, terminaron en manos de grandes hacendados de la región Caribe y el Valle del Cauca como, por ejemplo, cuatro miembros de la familia Dávila Fernández de Soto que fueron condenados a penas de entre 22 y 20 meses tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

El exministro supo de primera mano de las irregularidades —incluso el fraccionamiento de predios por parte de algunos beneficiarios para recibir una mayor cantidad de subsidios—, pero no hizo nada, precisamente porque —de acuerdo con la Corte— su objetivo era beneficiar a ciertos sectores de la sociedad con fines electorales, de acuerdo con el ente investigador.

“El Ministerio de Agricultura desembolsó en favor del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) $47 mil millones apropiados del presupuesto nacional. Sin embargo, se demostró que el doctor Arias conservó la disponibilidad jurídica de estos dineros y se valió de los términos de referencia de las convocatorias de riego y drenaje para incluir reglas que favorecían a sectores específicos de la producción agrícola”, indicó la Corte.

Y agregó que “fue a partir del manejo y procedimientos implementados por el señor Arias que salieron favorecidos con subsidios los grupos denominados José Francisco Vives Lacouture, Alfredo Lacouture Dangond, Orlandesca S.A., Biofrutos S.A., Daabon Agroindustrias JMD, Inagro S.A., Alamaja S.A., y Viveros Páez, en cuyo favor se desembolsaron $25.800 millones”, por lo que fue hallado culpable del delito de peculado por apropiación a favor de terceros, en este caso los cacaos mencionados.

Un contrato a dedo

Igualmente, Arias fue hallado culpable por entregar a dedo —sin ninguna convocatoria, como era debido por cuenta de la naturaleza del contrato— el manejo de AIS al IICA. Esto con el fin de controlar la forma en la que este cuestionado programa se implementaba. Por estos mismos hechos fue condenado el exviceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar a 10 años de pena. De la misma forma, la justicia procesa actualmente a varios exfuncionarios del Ministerio de Agricultura presuntamente vinculados con el escándalo, entre ellos la exasesora Camila Reyes del Toro, la exjefa jurídica Tulia Méndez, el exsecretario jurídico Óscar Schroeder y el exsecretario general Juan David Ortega.

En lo que a Arias concierne, la Corte indicó que “el ministro de Agricultura, al celebrar los convenios, desconoció los principios rectores de la función pública y de la contratación estatal, en especial los de planeación, transparencia, economía y responsabilidad. Al escoger de manera discrecional al IICA soslayó la regla según la cual la escogencia del contratista debe efectuarse a través de licitación o concurso público”. Lo que es peor: Arias sabía lo que hacía.

“Arias tiene la formación que le permitía conocer la importancia de la contratación pública, pese a lo cual, con el propósito de ejecutar bajo su control los recursos del programa, celebró los negocios en circunstancias que permiten descartar que obró con error invencible. La necesidad de iniciar la disposición de los recursos asignados a AIS de manera inmediata y sin mayores controles llevó al doctor Arias a atribuir a los convenios una naturaleza que no tenían con el evidente propósito de justificar su adjudicación al IICA”, por lo que fue encontrado culpable del cargo de celebración indebida de contratos, aunque fue absuelto del cargo de peculado por apropiación a favor del IICA, pues no se pudo comprobar que se hubiera apropiado de dineros en favor de esta entidad.

Tres veces sancionado

Por estos mismos hechos, Arias fue sancionado por la Contraloría por la pérdida de $12.115 millones por cuenta de las irregularidades de AIS. En su fallo, el organismo sostuvo que “al revisar los objetos de las subcontrataciones celebradas por el IICA, no se encuentra que con ellas se haya transmitido conocimiento alguno”. Conocimiento que, según ese organismo, “le haya permitido al campesinado colombiano apropiarse de dicha información para implementarlo en labores agropecuarias y que en consecuencia les hubiese permitido —hoy en día— estar compitiendo en igualdad de condiciones —o por lo menos aproximadas— a las de los productores agropecuarios de los países con los cuales Colombia suscribió tratados de libre comercio”.

Antes de la Contraloría, la Procuraduría ya había sancionado —en diciembre de 2011— a Arias a 16 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos. En esa misma ocasión fueron sancionados otros siete exfuncionarios del Ministerio, entre ellos el exministro Andrés Fernández Acosta.

Al final de la diligencia de ayer, el abogado Jorge Aníbal Gómez sostuvo que Arias “fue condenado por lo que hicieron durante muchos años todos los ministros de Agricultura, al hacer más de 130 convenios con el IICA. Ellos hicieron exactamente lo mismo sin que tuvieran ningún reproche. La única diferencia con este caso es que estos convenios los firmó Andrés Felipe Arias (…) Del peculado aquí ustedes pudieron ver que vinieron todos los beneficiarios, todos los funcionarios del IICA, y dijeron a viva voz que no conocían al doctor Andrés Felipe Arias, que él jamás intervino en (la entrega de) esos recursos”.

Y agregó: “El exministro Andrés Felipe Arias no se apoderó de un peso de nadie, no ha sido condenado por corrupción, fue condenado por celebrar unos convenios como debía celebrarlos (…) porque lo que tiene claro la defensa es que todas las pruebas que se presentaron en este juicio convergían hacia la demostración de que aquí no había ningún delito”.

Agro Ingreso Seguro iba a ser —según sus defensores— el escudo del agro colombiano ante los TLC. No lo fue. Ahora es un programa cuya sola mención causa escozor. Arias se presentaba como un seguro heredero del expresidente Uribe. No lo fue. Y ahora se prepara para pasar del curubito del poder a la cárcel.