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Por primera vez la Fiscalía pidió directamente investigar al expresidente Álvaro Uribe por su presunta participación en las interceptaciones ilegales contra políticos, periodistas y magistrados, orquestadas desde el DAS. Así lo hizo en la resolución de acusación contra cinco exfuncionarios de la institución, quienes supuestamente prestaron sus servicios al G3, grupo de inteligencia que se encargó de los seguimientos ilegales.
Los nuevos acusados son Gian Carlo Auque de Silvestri, exdirector general de Inteligencia; Eduardo Aya Castro, exfuncionario de operaciones de la Dirección General de Inteligencia; Rodolfo Medina Alemán, exsubdirector de Contrainteligencia; Mario Orlando Ortiz Mena, exintegrante del grupo especial de inteligencia G3, e Ignacio Moreno Tamayo, exjefe de la Subdirección de Fuentes Humanas.
Como evidencias en el proceso se encuentran las carpetas denominadas AZ, incautadas de un archivo de la subdirección de análisis del DAS. En una de ellas hay declaraciones que, de alguna manera, apuntan a que posiblemente Uribe tuvo algún tipo de participación. Por eso, aunque en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ya existe una investigación contra el exmandatario, la Fiscalía envió copias de las evidencias halladas en el nuevo proceso.
“Como en la carpeta AZ57 aparecen varias referencias al presidente y el Gobierno, algunas de ellas con la anotación ‘Presidente Uribe’, se ordena remitir copias de la presente resolución y de la aludida AZ a la Comisión de Acusación, a efectos de la investigación pertinente”, dice el texto.
En la resolución, para el ente acusador el G3 fue un grupo creado de manera oficial para delinquir. En su hipótesis, la Fiscalía deja ver que toma fuerza la relación entre el Gobierno y el grupo G3.
“El G3 no actuaba de manera aislada ni del DAS ni del Gobierno Nacional. Realizaba tareas que distaban de ser legales y que, más bien, se trató de darles apariencia de legalidad usando servidores, presupuesto, equipos y, en general, bienes y logística del DAS”.
“El grupo objetivo eran los opositores del Gobierno Nacional y se realizaban toda clases de actos delictivos, con la finalidad de conocer sus movimientos y alertar al Gobierno Nacional, así como diseñar estrategias para debilitar e intimidar a quienes exhibían ideologías diferentes”, dice en la resolución.
En el proceso se encontró la declaración que describía la función del G3: “Se daban instrucciones para elaborar informes de inteligencia, con destino al director del DAS, para que alertara al Gobierno Nacional, en especial al Ministerio de Defensa, para elaborar estrategias que minimizaran los efectos de las labores de las ONG”.
De los acusados aún falta por capturar a Rodolfo Medina Alemán y Eduardo Aya Castro; los otros ya están privados de la libertad.
La Fiscalía encontró que con los seguimientos ilegales pudo existir un delito contra la administración pública, al usar recursos oficiales. Por esta razón también compulsó copias a la Unidad Nacional Anticorrupción y solicitó investigar “a quienes aparecen suscribiendo la documentación de gastos reservados entre los años 2004-2005, entre los que se resaltan Gian Carlo Auque de Silvestre, Enrique Alberto Ariza Rivas, María Rubby Perdomo Lasso, John Jairo Vargas Rojas, Alba Inés Rincón Gómez, Rodolfo Medina Alemán, entre otros servidores y subdirectores”.
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