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Cuando las Farc decidió, como política de guerra, que iba a atacar a puestos de la fuerza pública, torres eléctricas, bancos y alcaldías, no lo hizo a la ligera. Según la más reciente imputación de cargos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en contra de 12 exguerrilleros, el grupo armado ilegal ideó una estrategia militar para lograrlo. Se ordenaron misiones previas y posteriores a las tomas, con trabajos de inteligencia y contrainteligencia para asegurarse de cuál sería su objetivo y la mejor manera de atacarlo, e, incluso, tendrían escuelas de entrenamiento guerrillero en donde aprenderían a usar armamento y explosivos que estaban prohibidos.
Lo llamaron el “Nuevo modo de operar” y en ese manual quedó claro, por ejemplo, que sus objetivos de sus tomas guerrilleras serían estaciones de Policía; torres eléctricas; oficinas de Telecom; bancos, y alcaldías municipales. Todos blancos en los que la población civil quedó en el medio de la confrontación y fue víctima, de manera recurrente e indiscriminada. Esa es una de las conclusiones a las que llegó la JEP, luego de años de investigación que llevó al auto de imputación contra 12 exFarc, que además permitió esclarecer, entre otras cosas, qué tipo de armamento usó la guerrilla en contra de la población civil.
“Armas largas, ametralladoras, lanzacohetes, radios de comunicaciones, artillería liviana, explosivos de todo género, como minas, granadas de mano, de fusil, de mortero, gorros, etc., tatucos, lanzagranadas incendiarios y fusiles”, documentó la jurisdicción especial. En la investigación, la JEP reconoció que, entre 1965 y 2013, las Farc perpetró 288 tomas guerrilleras en el Valle del Cauca y Cauca y los municipios más afectados fueron: Toribío, Caldono, Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Pradera y Florida. Las más recordadas, por la manera en que fueron planeadas y el número de víctimas, también fue motivo de explicación de la JEP.
La chiva bomba, la toma guerrillera de las Farc en Toribío
La chiva bomba es una de las más recordadas. Los hechos ocurrieron en Toribío (Cauca) el 9 de julio de 2011 a las 9:30 de la mañana, cuando el pueblo se encontraba en el mercado municipal. La columna móvil Jacobo Arenas y el Frente Sexto cargaron un bus escalera o chiva de transporte público con 100 kilos de explosivos. El objetivo: la estación de Policía y tomarse la sede del Banco Agrario. Murió un policía, el intendente Luis Alberto Hernández Salazar, un civil que trabajaba como carnicero, Jesús Muñoz de 75 años, y el cerrajero, Diego Penagos Palacios. Además, resultaron heridas 103 personas, entre ellas una niña de 8 años.
La devastación fue total. Según cálculos de la JEP, 460 viviendas quedaron en ruinas y esa destrucción, más la zozobra de un ataque similar, ocasionó un desplazamiento masivo de los habitantes del municipio. Ni era ni la primera ni la última toma guerrillera. Desde 1993, Toribío había sido el blanco de 45 tomas guerrilleras; solo un año anterior a la Chiva Bomba, fue el escenario de un total de diez. En un mapa general sobre estas acciones ilegales, este municipio fue la zona que más vivió hechos así, con un total de 65, entre 1993 y 2013. Las víctimas recordaron ante la JEP lo vivido el 9 de julio de 2011:
“En 2011 cuando el tema de la chiva bomba, también fue una situación muy complicada porque pues, primero fue muy fuerte; también el tema del evento en sí, mucha gente quedó traumatizada. Ese día no hubo muertes. Pero después mucha gente… sucedieron muchos casos de muerte de pronto, personas de algún… pulmones. O sea, sí se dieron después de lo de la chiva bomba, empezaron a haber casos de muerte por personas por problemas que luego nosotros lo relacionamos y tenían que ver con el tema del estallido. Toda esta situación causó efectos, pero también en el comportamiento de las personas, o sea, en la estabilidad emocional”.
La víctima continuó: “Uno sigue conversando y muchas personas quedaron con problemas de nervios. Cuando sucede lo de la chiva bomba, pues no se quedó en eso, a partir de ese día empezaron a haber muertes selectivas. Entonces casi todos los días que nosotros bajábamos encontrábamos un muerto en la vía”. Según las versiones que entregaron algunos comparecientes ante la JEP, la Chiva Bomba fue una operación que no salió como estaba planeada. De acuerdo con esos relatos, “el objetivo era que la chiva sirviera como plataforma para lanzar explosivos y que estos cayeran sobre el puesto de Policía”.
Sin embargo, por fallas, el vehículo terminó explotando cuando todavía no estaba en el lugar planeado. Por esa razón, la estación de Policía quedó prácticamente intacta, mientas que Toribío quedó prácticamente en las ruinas. Eso sí, los comparecientes señalaron que, además de ese ataque con Chiva, otros miembros de las Farc lanzaron morteros artesanales que afectaron la Casa de la Justicia, el Palacio Municipal, la plaza principal, la Iglesia, la Casa Cural, el Banco Agrario y numerosas viviendas civiles. Por otra parte, ante la Comisión de la Verdad, un compareciente relató que todo se trató de un error.
“En ningún momento, digamos, no calcularon eso los explosivistas que armaron la chiva, no calcularon de que iba a ser muy fuerte las cargas impulsoras y la armaron la chiva así en ese estilo. Por eso es que cuando sueltan la chiva del lado de arriba de la calle empieza a bajar, detona la chiva porque no salen los cilindros, detona la chiva metros antes del puesto de Policía porque no se tomó el tiempo, porque era el lamparazo porque era la carga muy grande, no detonaron como se tenía que hacer y pues lamentablemente, pues murieron bastantes civiles”. Según la Comisión, la Chiva Bomba marcó un punto de quiebre en las acciones de las Farc.
En esencial, porque el Secretariado dio la orden de no realizar más ataques de esa magnitud. “Por otro lado, uno de los aspectos importantes a destacar del contexto que se vivía en estos municipios, es que la población civil comenzó a rechazar abiertamente la presencia tanto de Farc como de la fuerza pública”, señaló la Comisión. En adelante, lo que vino después de la Chiva Bomba, cambió la agenda política y de paz en el país. Al año del atentado, el gobierno de Juan Manuel Santos anunció el inicio de una mesa de diálogos de paz con la guerrilla en La Habana.
Ahora, la JEP busca que 12 exmiembros de la guerrilla acepten su responsabilidad en estos casos y en otros graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entre ellos hay homicidios, entre ellos de algunos médicos ancestrales, ejecuciones sin previo aviso, desplazamiento, reclutamiento de menores, utilización de minas antipersonal, destrucción del medio ambiente, persecución y otros actos inhumanos En el caso hay más de 200.000 víctimas acreditadas, entre organizaciones de víctimas, indígenas, afrocolombianos, campesinos y civiles que quedaron en medio de la guerra.
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