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Colombia se prepara para mostrarle al mundo, una vez más, en qué va su estrategia para detener el aumento de cultivos para uso ilícito que, desde hace cinco años, pareciera haberse quedado sin frenos. Este nuevo corte de cuentas, ante la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas en Viena, es un punto determinante para la gestión del gobierno actual. No solo porque le quedan menos de cinco meses de mandato, sino porque su gestión llevó a una crisis diplomática sin precedentes con Estados Unidos. Con ese antecedente, lo que llevará el Estado a este encuentro anual tiene un objetivo claro: documentarle a la comunidad internacional que la política de drogas de Gustavo Petro sí dio resultados.
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Una de las representantes claves en este encuentro es Gloria Miranda Espitia, la cabeza al frente de la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI). La funcionaria habló con El Espectador sobre el próximo encuentro en Austria y dio detalles sobre las metas y los planes para 2026, así como la transición de las familias campesinas de economías ilegales a mercados en la legalidad con la misma rentabilidad. Además, dio detalles sobre el encuentro que sostuvo el presidente Petro con su homólogo de Estado Unidos, Donald Trump, y aseguró que el gobierno espera erradicar 30.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito para agosto de este año. A marzo de este año, van 15.000.
Hace un año el gobierno presentó ante la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas en Viena la estrategia para combatir el narcotráfico teniendo en cuenta el impacto ambiental, el enfoque de género y la reducción de daños. ¿Qué se ha implementado desde entonces y qué efectos reales ha tenido sobre el narcotráfico y la reducción de cultivos?
El sistema internacional es un poco lento y paquidérmico para ver resultados en el corto plazo. Cuando Colombia logró, con la muy buena gestión de la embajadora Laura Gil, romper el consenso de Viena con la resolución de ese año, eso iba a tener efectos al siguiente año. Primero se decidió conformar un panel de expertos que se conformó el año pasado. Seguramente la revisión va a tardar para llegar a conclusiones finales sobre el sistema internacional de drogas.
¿Cómo recibió el presidente Donald Trump el informe de erradicación voluntaria que le llevaron en febrero, en medio de esa crisis diplomática?
Colombia lo que llevó a esa reunión fueron cifras concretas para mostrar con evidencia que la erradicación voluntaria es mucho más efectiva que la erradicación forzosa por dos razones: uno, porque en términos de costos es menor y, la segunda, porque en términos de eficiencia es mucho más grande. Una hectárea que se erradica voluntariamente vía sustitución tiene un índice de resiembra inferior al 5%, mientras que la erradicación forzosa puede tener una resiembra de más del 40%. Las cifras que estamos en este momento hablando con Washington también están enfocadas hacia la erradicación voluntaria en mayor medida.
¿Cómo va ese mecanismo en términos reales? ¿Ha funcionado?
La sustitución es uno de los programas bandera del presidente Petro. Ha tenido mucha acogida en el territorio. Nosotros evaluamos el talante de la sustitución hasta ahora como muy positivo. De unas 30.000 hectáreas, alrededor de 15.000 ya están siendo erradicadas en este momento y las vamos a validar en el mes de marzo. Han sido logros muy importantes porque la gente ya está recibiendo además su proyecto productivo, su cacao, su café, y eso lo que nos garantiza es que la transición a la economía legal sea sostenible en el tiempo.
El presidente Gustavo Petro, y usted como directora, han mencionado que a la erradicación no hay que ponerle el apellido de “voluntaria” o “forzada”. ¿Podríamos decir entonces que se descartó completamente la erradicación forzada de cultivos?
No, de ninguna manera. Simplemente la erradicación voluntaria es la que tiene mayor predominancia en nuestros líderes, pero nosotros no hemos renunciado al mecanismo de erradicación forzada. Lo que pasa es que la utilizamos en casos muy concretos: uno es cuando hay un incumplimiento de las personas en el programa de sustitución después de que el Estado haya cumplido. La otra es cuando las personas no pueden entrar al programa de sustitución, ya sea por contextos de presión de los grupos armados. Entonces, en ese caso, nosotros los podemos apoyar con una erradicación por parte de la fuerza pública.
Hemos visto que cuando hay una erradicación forzada, los mismos militares quedan en medio de asonadas por campesinos, presionados por grupos armados. ¿Qué se hace en esos casos donde la fuerza pública o las mismas comunidades son víctimas de esa erradicación forzada?
Cuando son operaciones de erradicación, la dinámica a veces es generada por parte de la población civil, pero en muchos otros casos, y es lo que está sucediendo hoy en día. La gente es consciente de que si no se inscribe al programa de sustitución, la fuerza pública entrará a su predio.
Algunos expertos han mencionado que la erradicación voluntaria también tendría un efecto en las comunidades para que puedan sembrar más para entrar a los programas. ¿Qué responde a eso?
Eso ha sucedido en el pasado, no lo podemos negar. Con el anuncio del programa, la gente empezó a sembrar más y ese es el riesgo que siempre va a estar en los programas de sustitución. Sin embargo, estamos tomando más medidas para evitar esto y hasta el momento lo que estamos viendo es que no hay siembra nueva en el territorio. Una de las medidas que estamos tomando es el cruce con los lotes de coca que pueden ingresar al programa y nosotros las validamos con las comunidades. Literalmente podemos ver cuánto hay y si es posterior a la fecha de corte, no entra. En este momento lo que nos dicen los indicadores es que los cultivos están descendiendo en todo el país. Además, la crisis de la coca no se ha superado. La compra de coca en los territorios está siendo muy deficiente. La gente reporta que la hoja ya no es negocio y los grupos no la están comprando como en épocas anteriores. Creo que tenemos un campo muy favorable para avanzar.
¿Cómo hacerle frente a esas economías ilícitas que cogen fuerza en los territorios donde las familias se ven volcadas a ese mercado? Usted acaba de mencionar que la coca ya no es tan rentable para los campesinos, pero en algunos territorios las comunidades siguen denunciando que es rentable y que los grupos armados tienen fuerza en el negocio.
En territorios como Putumayo o Nariño, la gran mayoría de la gente dice que la coca está a un precio muy bajo y que, aún a ese precio, no se está comprando. Por supuesto que hay unos lugares donde sí está sucediendo, principalmente en algunos enclaves, pero esa compra ya no es como antes. Como gobierno tenemos distintas estrategias. La fuerza pública hace una buena interdicción con incautaciones de cargamentos de cocaína y con destrucción de laboratorios. Esa es una de las razones por las cuales hay crisis de la coca, porque si se incauta un cargamento o se destruye un laboratorio, las pérdidas para la organización son muy grandes y les afecta enormemente en su cadena de valor.
¿Cómo ha ayudado el gobierno a las familias a transitar de esa economía ilegal a una economía legal con la misma rentabilidad?
Ha habido un mito generalizado de que no hay nada que le compita a la coca, y eso no es cierto. Tenemos hoy en día productos de alto valor como el cacao. Claramente, si los llevamos a una etapa de transformación, tienen ese tipo de competitividad. En este momento, una hectárea de coca está dejando libre a un campesino alrededor de COP 3 a 4 millones por cosecha. Eso nos da un total de COP 16 millones anuales, si contamos cuatro cosechas al año. En cambio, el cacao, cuando está en fase productiva, puede dar hasta COP 25 millones, si tienes un buen acuerdo comercial. Como eso tarda tres años, tenemos otros cultivos que son de ciclo corto y también muy rentables como la gulupa, que a los cuatro o cinco meses está dejando COP 4 millones mensuales de rentabilidad. Estamos buscando modelos financieros que nos permitan ser competitivos con la coca. Ya nosotros no decimos “una mata por otra”, sino “una empresa por otra empresa”.
En las mesas de paz se habían alcanzado algunos acuerdos para la sustitución de cultivos. ¿Cuáles compromisos de esos siguen activos? ¿Por cuántas hectáreas? ¿Y de cuánto ha sido el avance por parte de los grupos armados que están en las mesas?
Los compromisos siguen estando porque el presidente de la República tiene la facultad de establecer mesas de diálogo y de tomar medidas como, por ejemplo, suspender órdenes de captura cuando haya un avance demostrable. La meta es de 30,000 hectáreas. Estamos realmente muy bien. Un sector tiene que estar erradicando 28,500 hectáreas y esperamos completar esa meta en los próximos meses. En Nariño hay un avance de alrededor de 5,000 hectáreas en el proceso de erradicación, meta que se va a completar en los próximos dos meses. Quiero resaltar que nosotros no podríamos entrar para sustitución en estos lugares si no fuera por la política de paz.
¿Qué es lo que más le preocupa a las comunidades en este momento?
Este gobierno está en su recta final y tienen la preocupación de qué va a pasar después, si el próximo gobierno va a dar continuidad o no a este programa. Sin embargo, les hemos dado un parte de tranquilidad de que este programa ya quedó contratado y financiado. El programa ya cuenta con recursos contratados para el futuro. Estamos además trabajando en un CONPES de importancia estratégica a seis años, lo que garantiza la continuidad. Otro tema que les preocupa es que se rompan las mesas de diálogos con grupos armados, es decir, que no haya continuidad. Gracias a la paz es que están pudiendo finalmente ingresar a una economía legal.
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