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Un juez civil de Bogotá condenó a la prestigiosa multinacional estadounidense Berkeley Research Group (BRG) al encontrarla responsable de las interceptaciones ilegales realizadas al interior de la Fiscalía, contra Lucio Rubio, presidente de Enel Colombia. El fallo condenatorio determinó que la consultora es culpable de las acciones de espionaje corporativo, las cuales fueron ordenadas por la entonces cabeza de BRG en Colombia: Laude José Fernández Arroyo, quien aceptó su participación en estos hechos y fue condenado a cuatro años de prisión en diciembre de 2022 por el Tribunal Superior de Bogotá.
El exdirector de BRG en Colombia, quien también fue director de contrainteligencia del DAS, tuvo acceso a las comunicaciones de Lucio Rubio gracias a dos funcionarios corruptos de la Fiscalía que también ya aceptaron su responsabilidad: el exfiscal Fabio Martínez y Luis Carlos Gómez, excoordinador de la Sala Diamante de interceptaciones. Los expedientes judiciales de este caso señalan que Fernández entregaba información privilegiada a uno de sus clientes, el Grupo de Energía de Bogotá, la cual tuvo un millonario pleito con Enel Colombia. No obstante, la empresa capitalina ha dicho en reiteradas oportunidades que nunca supo que esa información era obtenida ilegalmente.
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Por estos hechos, el juez de Bogotá determinó que BRG tendrá que pagarle a Rubio algo más de $60 millones por las afectaciones morales, fallo que, según la defensa de Rubio, es un “hecho simbólico de lo que sucedió”. Desde que en 2018 explotó el escándalo de las interceptaciones ilegales al interior de la Fiscalía, la consultora BRG poco a poco fue abandonando su operación en Colombia, donde asesoraba a grandes empresas como Cemex, Allianz, Organización Corona, Olímpica, Argos, Conconcreto, Codiscos, Brigard & Urrutia y DLA Piper Martínez Beltrán. Según los registros públicos, la compañía ahora aparece dirigida por Pilar Benítez Charry, consultora sénior de la empresa y antigua mano derecha de Laude Fernández.
En los papeles también figura el prestigioso abogado Marvin Tenenbaum, principal abogado de Berkeley Research Group en Estados Unidos y que es conocido por tener experiencia en litigios tan complejos como el de Apple vs. Samsung, la quiebra de Solyndra Inc. y casos de fraude relacionados con Peregrine Financial Group Inc. Para los asuntos jurídicos de BRG en Colombia, como en este fallo condenatorio, la defensa estuvo a cargo de otra reconocida consultora multinacional: Holland & Knight, que es dirigida actualmente por los reputados abogados Enrique Gómez-Pinzón y Danilo Romero Raad.
La historia de BRG
Este fallo no es contra cualquier empresa. BRG Consulting es una compañía que emplea a más de 1.000 personas y tiene más de 46 oficinas en todo el mundo, entre ellas, Estados Unidos, China, Japón, Australia, Canadá, Reino Unido, Emiratos Árabes, Argentina y Brasil. Cuando el escándalo estalló en Colombia, el director para Latinoamérica y jefe del condenado Laude Fernández era Frank Holder, un exespía de la CIA que operó muchos años en Argentina y Brasil y que, además, sigue siendo un gurú en consulting para multinacionales. Incluso, a principios de este siglo, abrió una firma en Buenos Aires junto al exfiscal argentino de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo.
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Frank Holder, de acuerdo con el expediente de las chuzadas en el interior de la Fiscalía, también era el encargado de firmar los contratos con los clientes en Colombia, entre ellos, el Grupo de Energía de Bogotá y la aerolínea Avianca, las cuales han insistido ante varias instancias y medios de comunicación que nunca supieron de las acciones ilegales de Fernández Arroyo, quien actualmente está detenido en la cárcel la Picota de Bogotá. El fallo de primera instancia contra Fernández indicó que la reputación de las compañías colombianas fueron afectadas por el antiguo hombre de la inteligencia colombiana.
Las verdades que faltan
Pero más allá de la historia de Holder, BRG y el reciente fallo del juez de Bogotá, las autoridades judiciales colombianas no han podido aclarar varios hechos que sucedieron al rededor de las chuzadas en el interior del búnker de la Fiscalía. Además, algunas de las víctimas de las interceptaciones ilegales prefirieron guardar silencio por temas de seguridad. Sobre otros casos, se ha sabido a cuenta gotas qué fue lo que pasó. Por ejemplo, en enero de 2019, uno de los fiscales del proceso contra Laude Fernández mencionó en plena audiencia que magistrados, jueces y un alto directivo de la cadena hotelera Dann Carlton también fueron víctimas.
En octubre de 2022, cuando Laude Fernández fue condenado en primera instancia, el juez del caso le solicitó a la Fiscalía que investigara si hubo acciones ilegales contra jueces y magistrados, quienes habrían sido perfilados por BRG. En esos documentos aparece que fue perfilado el corrupto magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, quien fue condenado por torcer expedientes judiciales a cambio de millonarios sobornos.
Otro de los casos que también quedó sin conocerse fue la investigación para establecer cuál fue el propósito de las interceptaciones contra de Jorge Hernán Flórez Lema, subdirector de Mercadeo y Crédito de Colsubsidio durante 27 años. También quedó sin conocerse el trasfondo de las chuzadas en el conocido Frigorífico San Martín, del que son accionistas prestantes familias del país. De lo poco que se conoció fue que la víctima de este caso fue la agente liquidadora de la empresa Martha Cecilia Salazar Jiménez. Además, en julio de 2019, El Tiempo reveló que, en el expediente de la Fiscalía, también figuraban personas chuzadas ligadas a las empresas Prosegur, Pepsico, Servientrega y al ingenio azucarero Incauca.
Sin embargo, hasta hoy, no se sabe qué intereses oscuros había detrás para conocer las comunicaciones de estas grandes empresas ni las personas que habrían ordenado estas acciones, además del director de BRG. Además, Laude José Fernández Arroyo no reveló todo lo que supo sobre esas andanzas ilegales y probablemente nunca lo haga, pues ya aceptó su responsabilidad en los hechos, a través de un preacuerdo con la Fiscalía, y nunca aportó verdad a las víctimas de las chuzadas ilegales.
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Por David Escobar Moreno
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