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Durante casi 20 años, José Bayron Piedrahíta logró camuflarse en el mundo ganadero. En parte porque, al estilo mafioso, todo lo arreglaba con plata. Y ese fue el inicio de su debacle: cuando agencias de Estados Unidos indagaron por el origen de su fortuna, Piedrahíta pagó prostitutas, fiestas y cenas lujosas. Los excesos desencadenaron una investigación por la que terminó extraditado a Estados Unidos. En 2019 volvió a Colombia y ahora está tras las rejas a punto de perder su fortuna, cercana a los $170 mil millones. Las pruebas en su contra incluyen declaraciones de narcotraficantes y paramilitares y su historia es muestra de que, aún hoy, hay personajes como él andan ocultos en la legalidad.
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El Espectador conoció los detalles del pacto que firmó Piedrahíta con la Fiscalía por una rebaja en su pena a cambio de aceptar cargos y entregar información sobre sus actividades ilegales. En junio, un juez lo sentenció a seis años de prisión al aceptar ese preacuerdo. Algunos portales titularon que había sido condenado “el presunto socio del Chicho Serna”, en referencia a los negocios que hizo con el futbolista paisa que reside en Argentina y que está ad portas de un juicio por una operación de lavado de activos que también salpica a la viuda y el hijo de Pablo Escobar. Sin embargo, la carrera ilegal de Piedrahíta va mucho más allá.
Los lazos de José Bayron Piedrahíta con el crimen se remontan a los años noventa, cuando trabajó para el Cartel de Cali y logró consolidar un patrimonio de US$20 millones. Durante años creó empresas, compró propiedades e hizo negocios hasta con senadores. Según el preacuerdo que firmó con la Fiscalía, Piedrahíta, también llamado El Árabe o Simón, dirigía una organización que “tiene la capacidad de infiltrar las entidades del Estado para que no sea indagado el origen de su fortuna, ni los movimientos de dinero que realizan sus empresas. Y, en caso de que se conozcan sus actividades, acercarse a funcionarios para que las investigaciones no prosperen”.
Él mismo le contó a la Fiscalía que comenzó en la década de los 90 con un laboratorio llamado Venta Quemada, que les proveía pasta de coca a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, del Cartel del Cali. El preacuerdo reza: “Su labor estaba referida a montar cocinas en el norte del Valle dedicadas a la fabricación de estupefacientes, con un producto aproximado de 500 kilos por día, que le generaron una ganancia de entre $100.000 y 200.000 diarios de la época”. Es decir, hasta $2 millones de hoy. La confesión de Piedrahíta fue confirmada por uno de los últimos miembros del cartel del norte del Valle que queda con vida.
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Se trata de Luis Hernando Gómez, alias Rasguño, quien declaró que conoció a Piedrahíta en esa época. Incluso, le contó a la Fiscalía que avionetas cargadas de cocaína salían de una pista en el Valle con rumbo a Centroamérica, bajo la coordinación de El Árabe. Pero las mismas disputas en el cartel de Cali y el posterior cisma que dio pie a la creación del cartel de norte del Valle lo impulsaron a irse del país en 1996. Sin embargo, Piedrahíta no se fue con las manos vacías: para entonces se calcula que tenía una fortuna de entre 15 y 20 millones de dólares.
En una declaración anterior que dio en Argentina y que ya había revelado El Espectador, el capo contó que se refugió esos años en Cali porque creía que Pablo Escobar lo iba a matar. Pero tras la muerte de este en 1993, cuando El Árabe volvió a Colombia en 1997, aterrizó en Medellín. Y, de paso, en el narcotráfico, solo que con otros socios: los paramilitares. En el caso declaró también Rodrigo Zapata Sierra, alias Ricardo, quien dio fe de una reunión en la mansión Montecasino, en El Poblado, propiedad de los hermanos Castaño. Allí se acordó la creación de las Autodefensas y su ala narcotraficante, de la que fue socio Piedrahíta.
Dos testigos más, que conocieron de entonces a José Bayron Piedrahíta, dieron fe de sus inicios en el narcotráfico en los noventa. De un lado, Juan Carlos, alias El Tuso Sierra, narco que se valió del proceso de Justicia y Paz para desmovilizarse como miembro de las Autodefensas, quien ha dicho que recuerda a Piedrahíta en el negocio de las drogas, en el periodo entre 1999 y 2000. Y, de otro lado, Jesús Alfonso Berrío, alias Poncho Berrío, paramilitar amigo de los hermanos Castaño, quien incluso vinculó a este capo a la Oficina de Envigado, comandada por el narcoparamilitar Don Berna. El señalamiento llevó a que en 2016 Estados Unidos lo incluyeran en la lista Clinton.
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Durante todos esos años, dice el preacuerdo, Piedrahíta “acumuló un importante capital que era necesario someter al lavado de activos”. Para lograrlo, El Árabe creó un entramado de empresas agropecuarias que sí ejercían su actividad económica y siempre eran dirigidas, en el papel, por sus familiares, aunque quien mandaba era él. A través de las compañías compraba propiedades, sacaba préstamos bancarios legítimos para pagarlas, pero solo hasta el valor del avalúo catastral. La diferencia, que era altísima, la pagaba en efectivo. En ocasiones las revendía a terceros por un precio menor.
Eso ocurrió, por ejemplo, con un predio que les compró a los exsenadores Otto Bula, condenado por Odebrecht, y Mario Uribe, condenado por parapolítica: la finca El Recreo, en Antioquia. Luego de que fuera suya por un tiempo, Piedrahíta la vendió por $371 millones, cuando el avalúo superaba los $8.300 millones. Todo esto le permite a la Fiscalía concluir: “A través de las escrituras públicas, certificados de cámaras de comercio, solicitud de productos financieros, información de la DIAN, estudios económicos, y el interrogatorio a Piedrahíta, se establece la conformación de una estructura dedicada a blanquear recursos de manera permanente”.
Fue el mismo Piedrahíta quien entregó parte de los documentos para probar sus andanzas ilegales. Su colaboración con la justicia viene desde 2017, cuando fue capturado en Caucasia (Antioquia) y terminó extraditado a Estados Unidos. Allí aceptó haber sobornado a un agente federal con cenas y lujos para frenar las investigaciones en su contra. Ya tras las rejas, la Fiscalía colombiana le imputó cargos por lavado de activos en 2018. Desde entonces comenzó a negociar y en el preacuerdo que firmó este año, además de aceptar cargos, Piedrahíta se comprometió a entregar información sobre otros crímenes y devolver su fortuna fruto del narcotráfico.
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Lo primero ya ocurrió. Por ejemplo, entre los delitos que aceptó Piedrahíta está el de cohecho, que es sobornar a un servidor público. El Árabe aceptó haber pagado millonarios sobornos en tres ocasiones a funcionarios de la Fiscalía, que ahora están siendo investigados. Además, según el preacuerdo, sus declaraciones también fueron claves para las pesquisas que llevaron a la cárcel a un exdirector de la cárcel Picota de Bogotá, más de diez funcionarios del Inpec, y exalcaldes de Barbosa y Caucasia, en Antioquia. Asimismo, ha entregado detalles “que permitirían desvertebrar importantes organizaciones criminales, privadas y públicas”.
Lo segundo está a punto de ocurrir. En 2018, el patrimonio de Piedrahíta se avaluó en $167.200 millones, que el capo está por entregar en su totalidad, entre fincas, empresas y otros activos. Lo hará a través de un proceso poco usual: una sentencia anticipada en la extinción de dominio que le inició la Fiscalía para incautar sus propiedades. Según se dijo en el momento de su sentencia, ese proceso está a un par de firmas de culminar. Solo entonces la fortuna de quien hasta hace pocos años era reconocido en el Bajo Cauca como un prominente ganadero, pasará a manos del Estado, en buena medida para financiar investigaciones como la que lo cercó a él.
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