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El presidente Gustavo Petro ha sido insistente ante la comunidad internacional en la protección de la autonomía indígena sobre la tierra. De hecho, ese fue su punto central hace unos días ante la Organización de los Estados Americano (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), instancias en las que dejó clara la posición del Estado colombiano en torno a los recursos naturales y las garantías indígenas. Sin embargo, del discurso a los hechos hubo una notable diferencia, pues en el más relevante juicio que enfrenta el país por la soberanía indígena de la tierra, el Gobierno Petro no aceptó responsabilidad.
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Se trata de la demanda que la comunidad U’wa llevó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que esta semana tuvo sus audiencias públicas, ante unos jueces capaces de, como lo han hecho, sentenciar a Colombia por no proteger a sus ciudadanos. El expediente inició en los años 90, cuando los indígenas, protectores del Nevado del Cocuy y presentes en cinco departamentos, no encontraron garantías en la justicia nacional para proteger su territorio. Lo que buscan es sacar la guerra perpetrada por el ELN, administrar los recursos naturales, evitar la extracción de los hidrocarburos en su tierra, suspender la operación del campo de gas que abastece a toda Bucaramanga y sacar de su resguardo el oleoducto Caño Limón – Coveñas.
Con la llegada de Petro, la exfiscal general Martha Lucía Zamora asumió la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje). Ante la Comisión Interamericana y la Corte IDH, ha impulsado una estrategia de soluciones amistosas, en las cuales Colombia acepta responsabilidad internacional por graves violaciones de derechos humanos. Sus decisiones han favorecido a víctimas del conflicto armado, como a la familia del soldado Óscar Tabares, quien desapareció hace 25 años, y la justicia colombiana nada ha hecho para encontrarlo y dar con los responsables. A pesar de ello, esta semana ante la Corte IDH, Zamora no aceptó responsabilidad temprana por el caso que los llevó hasta esta instancia internacional.
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En su lugar, Zamora prefirió el camino del juicio con los U’wa. Uno en el que se le garantiza al Estado la recolección de pruebas para evitar la condena internacional y en el que, en el mejor de los casos, sale bien librado y la Corte no emite ninguna orden de peso. Zamora, por primera vez en su historial de casos ante la Corte IDH, decidió interrogar a su contraparte, Evaristo Tegría, el primer abogado de la historia U’wa. Le preguntó si en realidad el Estado había adelantado procesos de consulta previa con su comunidad. Uno de los puntos clave del caso, pues los indígenas demandan que jamás estuvieron de acuerdo con la ubicación de infraestructura de hidrocarburos, que beneficia hace décadas a los ciudadanos de los departamentos cercanos.
Incluso, ante la Corte IDH, Colombia llevó al perito Marco Alberto Velásquez, un abogado quien explicó la relación entre el desarrollo de los Estados y los derechos humanos. Todo en el marco de una tensión jurídica sobre si los derechos indígenas particulares están por encima de los derechos colectivos nacionales. Así respondió Velásquez: “Los recursos naturales constituyen un elemento fundamental en las políticas de desarrollo de los Estados, en virtud de la progresiva evolución del derecho internacional (…). Los Estados tienen la prerrogativa soberana de decidir sobre su acceso y uso, de tal forma que se puedan maximizar los recursos a ser invertidos para la satisfacción del interés general, para la garantía de los derechos humanos de la población, pero también para que su aprovechamiento se dé bajo condiciones de sostenibilidad”.
Luego, la bancada que representa al Estado colombiano le preguntó qué pasaba cuando los indígenas se niegan a participar en los procesos de consulta previa para el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. Ese es el caso de los U’wa, quienes se niegan desde la década de los 90 a dialogar con el gobierno. “El cumplimiento de las obligaciones estatales, especialmente aquellas de protección y respeto, se dan mejor, cuando se da con una participación activa de quienes pueden verse afectados o quienes son titulares de los derechos asociados. En la medida en la que son causas ajenas a la voluntad del Estado, las que imposibilitan la efectiva participación de los potenciales afectados, su responsabilidad internacional no podría verse comprometida”, concluyó el abogado y perito Velásquez.
Con esa participación, Colombia decidió enviarle a la Corte IDH sus alegatos finales y, en sede de juicio, esperar a que la justicia internacional resuelva el lío por la autonomía indígena que reclaman los U’wa. Un caso que tiene en tensión diferentes aristas, no solo la de la protección de los derechos de comunidades indígenas, sino también intereses económicos y de explotación minera, pues por la zona que habitan los U’wa, no solo se han otorgado títulos mineros, sino que también pasa el oleoducto Caño Limón-Coveñas, uno de los más importantes de todo el país.
Ahora bien, la estrategia de defensa judicial de Gobierno fue notablemente distinta con relación a los discursos del mismo presidente Gustavo Petro entregados a la comunidad internacional. Para empezar, en la primera alocución presidencial esta semana, después del revolucionario remezón ministerial en el que salieron ocho altos funcionarios, en lugar de entregar alguna explicación, el Gobierno proyectó la reciente intervención del presidente ante el Consejo Permanente de la OEA.
Estas fueron algunas de sus palabras: “Nos hemos dado cuenta, cómo decían los indígenas ancestrales: si no hay un equilibrio con la naturaleza, dejamos de existir. Esa naturaleza, lo otro a nosotros, la otra vida, tiene derechos que han sido consignados aquí y allá y en algunos fallos empiezan a aparecer. El derecho del río, el derecho del animal, el derecho de la vida. La crisis climática hoy nos demanda que podamos entregarle derechos a la naturaleza. ¿Dónde están en nuestra carta democrática los derechos sociales, los derechos del pueblo trabajador, los derechos de los indígenas y las indígenas a tener su cultura, su autonomía, su propia libertad ancestral para hacer en este mudo contemporáneo?”, dijo Petro en la OEA, palabras que luego replicó en primer time en televisión nacional esta semana.
Más distante aún, en relación con el proceso U’wa, fue el discurso de Petro en el Foro de Pueblos Indígenas de la ONU, celebrado el mes pasado. Desde el primer segundo, el presidente mencionó que hace unas décadas conoció a Roberto Cobaría, un líder U’wa, quien le explicó la concepción de ese pueblo sobre el petróleo: que es la sangre de la madre tierra. Petro mencionó que, cuando conoció a Cobaría, todavía no había una angustia internacional por la crisis climática. Pero agregó que, tiempo después, la ciencia occidental llegó a la conclusión de que, si se sacaba el petróleo de la tierra y se usaba, se extinguía la vida en el planeta.
“Es decir, la ciencia occidental descubrió que Roberto Cobaría, el jefe indígena U’wa, tenía toda la razón. ¿Cómo coincidió la ciencia occidental con el pensamiento ancestral del pueblo indígena? Tema para una amplia discusión. Lo cierto es que allí aprendí que los pueblos indígenas, su cosmovisión, su deseo de equilibrio permanente con la naturaleza, era absolutamente certero y práctico para la realidad del mundo de hoy. Que ellos habían descubierto antes lo que la ciencia occidental propuso después”, mencionó el presidente Gustavo Petro, al tiempo que anunció una inversión de US150 millones de dólares para la recuperación de la selva de la Amazonía. También concluyó que ha hecho un “gran esfuerzo por empoderar a los pueblos indígenas”.
A pesar de ambos discursos presidenciales, ante la Corte IDH el Estado colombiano decidió irse a juicio contra los U’wa, quienes no reclaman nada distinto de lo dicho por Petro ante la ONU. Entre líneas, la posición quedó en evidencia la Agencia Jurídica del Estado es que, para Colombia, sigue siendo importante la extracción de recursos naturales del subsuelo y que defiende el modelo de consulta previa que ha llegado hasta las comunidades indígenas. Mientras, ante la comunidad internacional, Petro sugiere un modelo de transición energética y lo relaciona con la autonomía de los pueblos indígenas sobre su territorio, la realidad por las vías judiciales fue distinta. Los U’wa reclaman justamente lo que Petro defendió con su discurso, pero, paradójicamente, el Estado no aceptó su responsabilidad y ahora será la Corte IDH la encargada de dirimir este histórico proceso.
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