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Esta semana volvió a estar sobre la mesa una de las propuestas más cuestionadas del gobierno de Gustavo Petro en la búsqueda de la denominada paz total. El tema lo puso uno de sus más altos funcionarios: el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien explicó que estaban buscando la forma de darle estatus político a la Segunda Marquetalia, liderada por “Iván Márquez”, el grupo criminal desertor del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, que hoy hace presencia en varias zonas del país, principalmente en la frontera con Venezuela.
El ministro Prada manifestó el pasado jueves que el país necesita “superar la polarización, y así muchas de las dificultades que tenemos en los frentes sociales y económicos”. Para ello, dijo el alto funcionario, el presidente Petro estaría avanzando en un acuerdo nacional “que involucre los diferentes sectores políticos, sociales del país (…) No es un tema fácil, tenemos limitaciones de carácter legal, todas las limitaciones que encontremos legalmente vamos a tener que superarlas en el Congreso de la República”, aseguró.
Por su parte, el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, también señaló esta semana que se ha reunido en Colombia dos veces con “Iván Márquez”, de quien no se tenía información clara de su estado de salud, tras sobrevivir en junio de 2022 a un ataque armado en territorio venezolano. “Está vivo, tiene todas sus facultades mentales en buen uso y ha habido dos encuentros con él. Hay manifestaciones claras, precisas y específicas de que toda su organización quiere participar en escenarios de conversaciones de paz”, apuntó Rueda durante una entrevista con Reuters.
Las declaraciones de ambos altos funcionarios causaron polémica, principalmente porque para abogados penalistas, y también políticos, quienes se rearmaron después de firmar un Acuerdo de Paz no puede acceder a otro camino que el del sometimiento a la justicia. De ninguna manera, aclaran, pueden tener derecho a otro proceso o diálogos de paz con el gobierno, pues ya tuvieron su oportunidad. Sin embargo, dentro del gobierno Petro va tomando fuerza una postura que apunta a que “Márquez” y sus hombres sí pueden tener una segunda oportunidad por una razón: no fueron culpables de su rearme.
Esa tesis está fundamentada en dos argumentos: el primero, que volvieron a las armas porque el gobierno de Iván Duque no les dio las garantías para continuar su transición a la vida civil, especialmente por lo que consideran al no implementación del Acuerdo de Paz. Y el segundo, porque la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez hizo un “entrampamiento” a la paz, llevando hasta la captura y vinculación a un proceso de narcotráfico al exlíder de las Farc, “Jesús Santrich”. Como se sabe, el exguerrillero fue captado por un agente infiltrado haciendo negocios para enviar cocaína a Estados Unidos.
Para muchos, “Santrich” cayó en una trampa, pero ninguna autoridad judicial ha probado, por ahora, ese hecho. En contraste, el exlíder de la guerrilla fue pedido en extradición y varios de los hombres que participaron en ese negocio de narcotráfico ya han sido condenados en Estados Unidos. Por el tipo de argumentos que sostienen quienes creen que la Segunda Marquetalia debería tener una segunda oportunidad en un proceso de paz, un exfuncionario del gobierno Duque se pronunció en contra. Se trata de Emilio Archila, el exconsejero para la Estabilización en el Gobierno del expresidente Duque.
El exfuncionario explicó que es una mentira decir que la Segunda Marquetalia volvió a delinquir tras un incumplimiento del Estado. “Es mentira, es falso que hayan vuelto a las armas como consecuencia de un incumplimiento del Estado, eso es absolutamente mentiroso y la prueba son los más de 13.000 excombatientes que están adelantando su proceso de reincorporación”, señaló Archila. Precisamente uno de esos reincorporados, que fue el último comandante de la guerrilla y hoy es presidente del partido Comunes, es Rodrigo Londoño, quien también se pronunció ante esta controversia.
Conocido en la guerra como “Timochenko”, el exsenador señaló que “Iván Márquez” es un hombre de convicciones políticas y “que motivado por distintas circunstancias abandonó el proceso de paz. Su desafortunada e irracional decisión fue un golpe a la implementación del Acuerdo y la llama que prendió la violencia que comenzaba a mermarse”. Más allá de las consideraciones políticas sobre la posibilidad de darle estatus político a hombres como “Márquez”, en el trasfondo de la discusión también existen argumentos jurídicos que podrían ponerle un freno de mano a cualquier intención del Gobierno Petro de otorgarles esa condición.
El abogado Mauricio Pava, quien estuvo detrás de la construcción del reciente proyecto de ley de sometimiento a la justicia para organizaciones criminales del gobierno, habló con El Espectador sobre esta controversia. “Resolver con los desertores del Acuerdo no es fácil, pero en todo caso no se pueden hacer chambonadas. Debe respetarse la ley y sobre todo sus métodos, sin agredir el acuerdo de La Habana pueden encontrarse caminos”, explicó Pava, quien además es conjuez Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, fuentes cercanas al gobierno plantean una posibilidad.
“Si una autoridades judicial declara que sí existió un entrampamiento a la paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podría convocar a las partes firmantes del Acuerdo a una mesa y verificar si hubo, por ejemplo, incumplimiento mutuo con lo acordado. Debe llevarse a cabo la mesa con terceros mediadores y en el seno del depositario del acuerdo: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Declarado el incumplimiento mutuo, podrían retornar a los procedimientos JEP”, explicó la fuente.
En contraste, el propio Gobierno le mandó esta semana una carta a la Corte Constitucional en a que le aclaró que hombres como “Iván Márquez” y sus tropas no podrían volver a la JEP y deben ser considerados como desertores. La carta la firmó el secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, quien pareciera haberle dado portazo a la idea que han manifestado públicamente dos alfiles de Gustavo Petro: el ministro Prada y el alto comisionado Rueda. Sin embargo, la palabra final podría estar en el debate político que sobre el proyecto de sometimiento ocurra en el Congreso durante los próximos meses. Por ahora, la controversia sigue abierta.
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