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En una carta dirigida a la Corte Constitucional el procurador General, Alejandro Ordóñez, solicitó que el tribunal adopte medidas jurídicas para “hacer prevalecer el derecho sustancial, garantizar el debido proceso y amparar los derechos fundamentales y el interés superior de la niña cuya adopción por consentimiento fue solicitada y que dio origen a la acción de tutela resuelta mediante la Sentencia SU-617 de 2014”. (Lea: La historia detrás de la pareja gay que está a un paso de adoptar)
Según el jefe del Ministerio Público esta solicitud la hace en atención a los hechos desconocidos en el proceso que fueron presentados por los diversos medios de comunicación “la Corte Constitucional para tomar la decisión final y que, de tratarse de información veraz, supondría que esa corporación habría sido asaltada en su buena fe”.
Así mismo asegura que según los informes periodísticos la niña en realidad sí tendría un padre biológico al cual reconoce, por lo que “la importancia de estos hechos radica en que, de ser cierto, tanto la autoridad administrativa accionada, como los jueces de tutela de instancia, el Ministerio Público y la misma Corte Constitucional se habrían defendido, pronunciado y decidido, respectivamente según sus competencias, en un caso basado en hechos tergiversados y sustancialmente distintos a los verdaderos”.
Así mismo, llamó la atención “por el hecho de que la Corte no hubiese dado prelación a los derechos fundamentales y al interés superior de la niña involucrada en el caso”.
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