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La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por el hostigamiento y persecución que vivieron los integrantes de la Corporación Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) durante al menos dos décadas. El fallo es histórico, pues es la primera vez que se condena a un Estado por no permitir que una organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos trabaje de forma libre y segura. En diálogo con El Espectador, Jomary Ortegón, vicepresidente de la corporación, habló sobre la estigmatización que han sufrido, la importancia de las medidas ordenadas por la Corte internacional, el enfoque de género que tuvo el caso y los vacíos que aún persisten en el país para la protección de defensores de derechos humanos.
¿Nos podría relatar la situación que la convirtió en víctima del estado colombiano?
Este caso se refiere a más de 100 hechos de amenazas, hostigamientos y agresiones contra todo el colectivo de abogados. Si bien la petición se realiza en el año 2002, los hechos se remontan a la década de los 90. Sobre cada uno de nosotros había una carpeta en el DAS en donde se evidenciaba que fuimos seguidos y nuestras comunicaciones interceptadas, no solo las laborales, sino las personales. En mi caso, hace más de 20 años, yo era una abogada muy joven, vivía todavía con mis padres, precisamente a la casa de ellos ingresaron para llevarse un computador. En ese momento se replicaba el discurso del presidente sugiriendo que las organizaciones sociales teníamos vínculos con la guerrilla en un claro acto de estigmatización. Básicamente, todos y todas las integrantes del colectivo fuimos objeto de este tipo de seguimiento.
¿Cómo contribuyó el Estado a ese proceso de estigmatización en contra de la organización?
Desde la década de los 90, el discurso de los integrantes de la fuerza pública del más alto nivel era de identificación de las organizaciones de derechos humanos como organizaciones insurgentes, nos mostraba como colaboradores del Eln o de las Farc. Creo que lo único positivo de la labor inteligencia del DAS fue que escudriño hasta el último rincón de nuestras vidas y esto evidenció que nunca tuvimos vínculos con la insurgencia. Sin embargo, el estigma que se generó fue replicado en muchísimos niveles. En la década del 2000, por ejemplo, las fuertes declaraciones del expresidente Álvaro Uribe se replicaban a nivel regional, así mismo durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el movimiento de derechos en su conjunto recibió por lo menos 150 panfletos amenazantes y en casi todos se mencionaba al colectivo de abogados. También diría que hubo una responsabilidad importante de la Fiscalía General de la Nación en su falta de investigación.
La Corte ordenó varias de medidas en esta sentencia para reparar los daños y no perpetuar lo que considera una grave violación de derecho humanos. Para usted, ¿cuáles son las más relevantes?
Nos parece que tiene un significado especial aquellas que tienen que ver con garantías de no repetición. Por ejemplo, la Corte ordena la depuración de los archivos de inteligencia. Esto significa que tendrán que entregarnos a los integrantes del colectivo la información que aparece en estos documentos, además de asegurar que estos no están en manos de ninguna entidad estatal y que por ende no podrán ser utilizados para seguir estigmatizando y judicializando. Igualmente, la Corte ordena reformar la Ley inteligencia. En el año 2013, cuando se aprobó la Ley, este fue un importante avance, pues nunca antes se había regulado la actividad, pero por supuesto diez años después ya se empiezan a ver los vacíos. Por último, solicita que se establezca un mecanismo que permite a las personas defensoras de derechos humanos, que creen que han sido objeto de labores de inteligencia, solicitar dicha información.
Sobre las medidas que ordenó la Corte IDH, ¿cuál es la importancia de capacitar sobre los límites de la inteligencia a personas defensoras?
Teniendo en cuenta que estas medidas de inteligencia son necesarias en cualquier sociedad, es fundamental que tengan un límite. Lo primero a considerar es que sean acciones que están previstas en la ley, que están reguladas. Segundo que tengan un control judicial, esto es fundamental en cualquier democracia para la protección de derechos. En una sociedad donde existe tanta vigilancia, es importante que se asegure nuestra privacidad con nuestras familias, que podemos tener comunicaciones privadas en el ámbito personal. Igualmente, nuestras comunicaciones laborales, hay trabajos como el de los periodistas que es protegido desde lo profesional, es lo mismo con nuestra labor de abogados, tenemos el derecho a la privacidad en las conversaciones con las personas que representamos. Yo creo que en estos tiempos en que nos han inculcado el miedo a tantas cosas, al terrorismo, a la migración y a la delincuencia, es muy fácil caer en la defensa de las medidas de seguridad. Creo que es un mensaje importante también pensar en que el argumento de seguridad no aplica siempre, sino que deben ponerse límites, recordar los derechos de las personas.
¿Considera que de haber implementado estas medidas hace años las vulneraciones en contra del Cajar hubiera podido ser menores o controlada?
Por supuesto, de hecho antes del 2013 no existía ninguna regulación legal de las acciones de inteligencia. Se daba un ejercicio del poder militar y de las agencias de seguridad desmedido, sin ningún control. El DAS fue creado a finales de los años 40, podríamos decir que es más de medio siglo de ejercicio de labores de inteligencia sin mayor control. Lo mismo en caso de la Policía, del Ejército, incluyendo a la Policía Judicial. Entonces por supuesto que estos controles llegaron tarde, pero siempre son bienvenidos.
Ha pasado mucho tiempo desde los hechos que denunciaron antes la Corte IDH ¿Continúan viviendo la misma violencia?
Ha habido un cambio es en el reconocimiento legal de los derechos, en el marco normativo y la estructura institucional. Hace 24 años no existía la Unidad Nacional de Protección, ni existían direcciones de derechos humanos en todas las entidades. Hoy incluso existe una dirección presidencial de Derechos Humanos para proteger y brindar garantías a las personas que desarrollan esta labor. Sin embargo, si analizamos la situación en Colombia, en los últimos cinco años se han presentado más de 130 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. En ese contexto, uno podría decir que la situación de las personas defensoras en los territorios sigue siendo absolutamente grave. La Fiscalía, ni en el caso del colectivo ni en el caso de los demás actores defensores de Derechos Humanos, ha cumplido su labor en los últimos años.
Este histórico fallo de la Corte tuvo en cuenta un enfoque de género para condenar al Estado ¿Por qué es tan relevante que se haya hecho esto?
Las principales organizaciones de derechos humanos están liderados por mujeres, por ello es importante que se reconozca que se requiere un enfoque diferencial al momento de atender las situaciones de riesgo. En el caso de estas, las agresiones suelen estar dirigidas a sus familias y a sus hijos, esto tiene una concepción patriarcal y envía el mensaje de que las mujeres no deben estar defendiendo los derechos humanos, deben estar dedicadas a las labores del hogar y no en labores con contenidos políticos, porque los derechos humanos tienen un alto contenido político de visibilización, de empoderamiento. Es importante sobre todo hoy porque, como digo, muchos liderazgos de las organizaciones son femeninos y las agresiones se dan desde la perspectiva patriarcal, asumiendo que no deberían estar ocupando ese lugar.
¿Por qué es tan relevante esta sentencia para los defensores y defensoras del país?
Esta es la primera vez la Corte Interamericana responsabiliza a un estado por violación del derecho a defender los derechos, esto quiere decir que el tribunal reconoce que realizamos una labor valiosa y legítima. Enfatiza también en que el Estado tiene la obligación de respetar, prevenir y proteger las garantías de no repetición frente a las agresiones que se desarrollan en contra de nuestra labor. La Corte ordena una serie de medidas que están dirigidas no solamente al colectivo, sino al movimiento defensor de derechos humano en su conjunto. Hoy extrañamente, a pesar de ser uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos en el mundo, no existe un registro estatal de agresión, esto es un limitante para desarrollar políticas criminales adecuados, pero también para desarrollar una política de garantías coherente con la situación. Lo mínimo que debería tener el Estado es un sistema de registro de las agresiones y esto lo ordena la Corte.
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Por Luisa Fernanda Moscoso Gutiérrez
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