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La defensa del exjefe paramilitar Ramiro Cuco Vanoy está decidida a sacarlo de prisión. El antiguo comandante del Bloque Mineros, con el cual impuso una ley del terror en el Bajo Cauca antioqueño durante años y dejó no menos de 7.000 víctimas según se ha reconocido en Justicia y Paz, paga una condena de 24 años y 5 meses de prisión en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Vanoy ha cumplido 12 años de esa condena y cree que por su edad (73 años) y por sus condiciones de salud (está en silla de ruedas con hipertensión y otros males) debería salir ya con el propósito final de volver a Colombia. La Fiscalía de Estados Unidos cree que esta petición es totalmente traída de los cabellos.
Desde 1999, Estados Unidos quería a Vanoy en su territorio para enfrentar juicio por sus nexos con un cartel de drogas que lideraba el mexicano Alejandro Bernal (alias Juvenal) y en del que hacía parte también Fabio Ochoa, exjefe del cartel de Medellín. El proceso judicial comenzó nueve años después, pues Vanoy fue extraditado a Estados Unidos en 2008 junto con otros 13 jefes paramilitares que se habían desmovilizado en un proceso pactado con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entonces presidente de la República. Vanoy, que se volvió colaborador de la DEA, empezó a tramitar desde febrero del año pasado una solicitud para quedar libre “por compasión”, y para ello anexó la declaración de una médica: Jaimie Meyer.
La solicitud de Vanoy declara que el exjefe paramilitar sufre de múltiples dolencias, que van desde un problema de circulación en la sangre que ya lo postró en silla de ruedas -y que podría costarle ambas piernas- a problemas de tensión alta. E incluye, además, un factor que nadie pasa por alto hoy en día: la pandemia por el COVID-19. Por ello, los abogados de Vanoy recurrieron a una reputada médica, Jaimie Meyer, cuya hoja de vida muestra que ha pasado por las mejores universidades o programas de ese país (Dartmouth, el Hospital Presbiteriano de Nueva York, la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale). Hizo una maestría en salud pública y epidemiología también en Yale y hoy es profesora adjunta en esa prestigiosa institución, dice su página web.
(En contexto: Exjefe paramilitar “Cuco” Vanoy ruega en EE.UU. que lo dejen libre “por compasión”)
El documento de ocho páginas que firmó Meyer, conocido por El Espectador, se radicó en junio del año pasado. La propia Meyer aclaró que recibió un pago de US$1.000 por elaborarlo y en él no hace ni una referencia directa a Vanoy y su estado de salud, sino que aborda el tema del COVID-19 desde varias aristas. La primera, el alto riesgo de las epidemias dentro de las prisiones. “El riesgo que general las enfermedades infecciosas en cárceles y prisiones es significativamente más alta que en comunidad, tanto en términos de riesgo de transmisión como de exposición y daño que pueden sufrir quienes se contagien (…) sedes de congregación como las cárceles facilitan la propagación rápida de enfermedades infecciosas”, comenzó diciendo la experta.
Meyer agregó en su explicación: “Cuando la gente se encuentra recluida en una cárcel, tiene muchas menos oportunidades de protegerse con distanciamiento social de las que tendrían si vivieran en comunidad. Los espacios dentro de las cárceles y prisiones a menudo tienen poca ventilación, lo cual promueve con eficiencia la programación de enfermedades por gotículas. Ubicar a alguien en una instalación de este tipo reduce dramáticamente su capacidad de protegerse de la exposición a una enfermedad infecciosa. (Y) el confinamiento en solitario no es una estrategia efectiva de contención”.
A lo largo de esta pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado una y otra vez que una medida para evitar el contagio del nuevo coronavirus es el tratado de manos. La doctora Meyer explicó entonces un dato que en países como Colombia ha sido también una dura realidad: las prisiones no proveen a los reclusos las “oportunidades adecuadas” para mantener este tipo de medidas de higiene, no entregan suficientes jabones o alcoholes desinfectantes y no limpian las superficies con frecuencia. No hay personal suficiente para hacerlo y no hay elementos de aseo suficientes tampoco. (El trazo criminal de “Cuco” Vanoy en el crimen organizado y las autodefensas)
De igual modo, “la gente encarcelada en prisiones es más susceptible a experimentar complicaciones de enfermedades infeccionas que la población en comunidad. Esto es porque la gente en prisión tiene más probabilidades que quienes viven en comunidad de tener condiciones de salud subyacentes, como diabetes, complicaciones del corazón o de los pulmones o sistemas inmunes más débiles por cuenta del HIV”. Y, agrega Meyer, las cárceles por lo general están pobremente equipadas para manejar brotes infecciosos, al punto que algunas ni siquiera cuentan con instalaciones médicas. O, en otros casos, si el personal médico se enferma, las prisiones fácilmente se quedan con un déficit que resulta crucial en época pandémica.
Asimismo, la doctora Meyer explicó que la gente tras las rejas tiene menos acceso a las estrategias que vayan surgiendo para afrontar el virus. “El tiempo para actuar es ahora”, aseveró la médica y epidemióloga, quien explicó igualmente que revisó tres documentos para poder evaluar el riesgo del COVID-19 en las cárceles del área de Nueva York. Con base en esa literatura y en su propia experiencia, la experta señaló que estas locaciones están “peligrosamente mal equipadas y mal preparadas para prevenir y manejar un brote de COVID-19, lo cual derivaría en un enorme daño para los reclusos, el personal y la comunidad en general”. Aunque Vanoy ya no se encuentra en esa zona, sino en Institución Correccional Federal Pekin, en Illinois.
El plan de la defensa de Cuco Vanoy es contextualizar la pandemia como una razón más para dejarlo en libertad. Según sus abogados, sus condiciones de salud son frágiles y solo la “libertad por compasión” le evitará el futuro que más teme: morir tras las rejas. Incluso sus hijos enviaron una carta a la Corte sosteniendo que es un miembro de familia maravilloso y que podría pasar sus últimos años con sus hijos y nietos. Para la Fiscalía de EE.UU., esa petición es un absurdo: “Un líder de una organización narcotraficante y terrorista que dejó tal rastro de destrucción a su paso no merece ser liberado de prisión tras haber pagado 12 años de una condena de 24 años y medio, solo porque está viejo y enfermo. Muchas de sus víctimas no tuvieron la oportunidad de envejecer”.
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