Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
ElEspectador.com conoció el documento radicado ante la Procuraduría General por parte del abogado del concejal del Partido Verde, José Juan Rodríguez Rico en el cual presentó sus descargos dentro del proceso disciplinario que se le adelanta por el llamado ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República.
En el documento de 22 páginas, el cabildante manifiesta que no ejerció presión alguna para la entrega de un contrato vial con altos funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), rechazando así las acusaciones sobre un tráfico de influencias sobre un grupo de servidores públicos.
En el pliego de cargos se indica que el cabildante habría influido ante la entonces directora del IDU, Liliana Pardo Gaona y funcionarios de la entidad en la cesión del contrato No. 137 de 2007 (Tercera fase de TransMilenio) en marzo de 2010 «con el fin de obtener provecho propio y para beneficiar al consorcio Andrés Jaramillo López, representante legal de la promesa de sociedad futura Grupo Empresarial Vías Bogotá S.A.S.»
Sin embargo, en los descargos se manifiesta que muchos de los nombres mencionados en el pliego de cargos, y que trabajaban en el IDU, no participaron o estuvieron vinculados con la cesión del convenio vial, el cual se hizo debido a los atrasos que estaba presentando la obra que estaba a cargo del grupo Nule. «(Se) recomienda al IDU dar inicio al procedimiento de declaratoria de la caducidad del contrato».
En este punto se indica que esta decisión fue justificada por parte de las directivas del IDU y sus asesores quienes consideraron necesario efectuar la cesión de dicho contrato, rechazando así las presuntas presiones y el supuesto nombramiento de cuotas para resultar beneficiado con esta acción.
En relación con la cesión del contrato 137 de 2007, el escrito revela declaraciones del exsubdirtector jurídico del IDU, Inocencio Meléndez Julio, quien asegura al ente acusador «si usted me pregunta a mí, oiga, ¿jurídicamente la cesión era viable?, yo le digo, por interés público la cesión era la que garantizaba que otro contratista de manera inmediata continuara».
En los descargos el abogado defensor señaló que ya “está visto que el concejal no tuvo margen de juego en esos nombramientos”, señala uno de los apartes del documento en el que se indica que no existen elementos materiales de prueba que permitan inferir la presión ejercida por Rodríguez en el IDU.
En ese sentido, indicó que para tipificar la conducta, deberá tenerse un principio de prueba del interés en obtener beneficio para sí o para un tercero con la influencia ejercida. “En estas circunstancias no se ve soporte que justifique la inclusión de sus nombres como servidores públicos pasibles de la influencia del concejal para lograr la cesión del contrato. Así, en qué y cómo pudo influirlos mi defendido para lograr la cesión si fueron otras las personas que intervinieron en dicho trámite”.
Además, llama la atención sobre el hecho de que en este proceso de cesión la Procuraduría General ejerció un control de vigilancia en esta operación por lo que se define que en ningún momento el organismo de control registró un hecho irregular frente a esta medida que era necesaria y conveniente para el interés público.
“Esto es importante tenerlo en cuenta pues pareciera que a los investigados les asoma la duda de la legalidad y conveniencia de la acusación por la simple opinión de los entrevistados por la Fiscalía que fungen como peritos contractuales sin serlo, pues hasta ahora estas personas adoptadas como testigos de cargos solo pueden catalogarse como delincuentes confesos. Y es que no hay en el expediente un dictamen pericial sobre el contrato de cesión que permita que fue irregular en su contenido”, señala el documento.
Así mismo, el abogado del cabildante distrital le indica a la Procuraduría la declaración rendida por Meléndez Julio ante la Fiscalía el 16 de mayo de 2013, donde este señala que la entonces directora del IDU, Liliana Pardo, era “cuota directa” del contratista Julio Gómez, y en ese sentido, se pregunta cuál era la función a cumpliría él ante Pardo Gaona.
En los descargos se indica además que los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez, así como el abogado Manuel Sánchez, cuyos testimonios fueron la base del pliego de cargos, incurrieron en contradicciones frente al modo, tiempo y lugar en el que presuntamente se hicieron las presiones a la junta directiva del IDU para resultar beneficiado con este cambio del contrato.
Conoce más